La captura de Puigdemont queda congelada y Llarena advierte ya sobre las europeas de 2024

El instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, pisó este jueves el freno y rechazó emitir una nueva orden internacional de detención contra Carles Puigdemont. Tanto la Fiscalía como Vox, que está personado como acusación popular, pedían reactivar su captura, pero el magistrado quiere esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decida si devuelve o no cautelarmente la inmunidad al expresidente catalán. Su defensa tratará ahora de dilatar los tiempos y Llarena ya mira de reojo una nueva fecha clave para el procedimiento: las elecciones europeas de junio de 2024.

Este nuevo escenario se ve marcado por las dos resoluciones que la Justicia europea ha notificado a lo largo de 2023: por un lado, el propio TJUE limitó en enero los motivos por los que Bélgica puede rechazar la entrega de Puigdemont y, por otro, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dictaminó este mismo julio que ya no goza de inmunidad como eurodiputado. Ambas decisiones suponen un espaldarazo para Llarena, pero esta última es recurrible y el magistrado no quiere correr el riesgo de reactivar la captura para que después recupere su inmunidad y tenga que paralizarla.

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El Supremo queda así en manos de los tiempos que marque la Justicia europea y, en el mejor de los casos, la reactivación de la captura se alargará varios meses. Primero, porque Puigdemont cuenta con dos meses para recurrir la decisión del TGUE desde su notificación, y aún no lo ha hecho; segundo, porque el TJUE deberá debatir después si le devuelva cautelarmente su inmunidad mientras resuelve el fondo del recurso, que puede tardar hasta ocho meses, y tercero, porque la nueva orden de detención exigiría iniciar otro procedimiento en Bélgica, que puede llegar a alargarse hasta tres meses.

A la vista de este calendario, el propio juez incluye una frase reveladora en la resolución que notificó este jueves para rechazar la emisión de una nueva orden internacional de detención: "La iniciativa jurisdiccional debería poder alcanzar la finalidad para la que está prevista, siendo una anomalía que la constitución de un nuevo Parlamento en junio de 2024 obligue a este instructor a reiniciar el proceso". Las próximas elecciones europeas no se celebrarán hasta junio de 2024, pero el magistrado ya advierte sobre el riesgo que conllevaría sobrepasar esa línea roja.

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De la misma forma, también queda claro cuál será la estrategia de Puigdemont: intentar dilatar el proceso más allá de junio de 2024 para obligar a Llarena a reiniciar el proceso. Su defensa se agarraría a que el acuerdo del anterior Parlamento Europeo para levantarle la inmunidad ya no sería válido y, por tanto, el magistrado tendría que tramitar otro suplicatorio para que los nuevos parlamentarios volviesen a dar luz verde a esta medida.

Hasta llegar a esa hipotética situación, Llarena confía en poder reactivar la captura con "una antelación suficientemente operativa" como para que Puigdemont sea puesto a disposición del Supremo "antes de disolverse el Parlamento". Mientras tanto, la orden de detención en territorio nacional se mantiene y el expresidente catalán seguirá sin poder pisar suelo español, aunque nada apunta a que fuera a dar este paso: Llarena le mantiene procesado en estos momentos por malversación agravada, que contempla penas de hasta 12 años de cárcel y de entre 10 y 20 de inhabilitación.