La Justicia europea pone a Puigdemont a las puertas de una nueva detención

La decisión adoptada este miércoles por el Tribunal General de la Unión Europea tendrá efectos casi inmediatos sobre Carles Puigdemont. Tanto el expresident de la Generalitat como sus dos compañeros huidos —Toni Comín y Clara Ponsatí— han perdido la inmunidad y se exponen, por ello, a una nueva detención para que se tramite su entrega a España. El arresto no es inminente, ya que, antes, el instructor del procés, Pablo Llarena, debe emitir una nueva euroorden. Sin embargo, los argumentos de Luxemburgo desactivan en gran medida las tesis del líder de Junts. La derrota del expresident va más a allá de la pérdida de la protección frente a arrestos en sus movimientos por Europa. El TGUE respalda la forma de actuar del Supremo y pone más difícil a Bélgica denegar en el futuro la extradición.

La clave se encuentra en los términos de la sentencia hecha pública este miércoles. Hasta el momento, Puigdemont había cuestionado con bastante éxito tres aspectos que el Tribunal General no le compra. Por una parte, dudaba de que el Tribunal Supremo fuera el órgano competente para reclamar su entrega y cursar, con ello, el suplicatorio obligatorio a la Eurocámara. El TGUE lo descarta e indica que España informó hace ya años de que el TS era el designado para ello por la Ley Orgánica del Poder Judicial y que así lo demuestra su intervención en los casos que implican a diputados y senadores en territorio nacional. "El Parlamento señaló que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo era, de acuerdo con el derecho español interpretado por los tribunales nacionales y comunicado al Parlamento por el Reino de España, la autoridad competente para solicitar la renuncia a la inmunidad de un diputado", dice.

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Por otra parte, Puigdemont no solo pierde la inmunidad sobre el papel o puede ser arrestado si se traslada a España. El criterio del TGUE especifica que nada puede impedir que sea detenido en aquellos desplazamientos que efectúe, incluso en el caso de que los haga para acudir a sesiones del propio Parlamento Europeo. Por poner un ejemplo, el expresident catalán ya no podrá tener garantías de permanecer libre cuando tenga que viajar a Estrasburgo. Precisamente, el próximo día 10 está prevista una sesión en la ciudad francesa y ha asegurado que acudirá.

Además, el Tribunal General también ha desactivado otra de las tesis que siempre ha defendido Puigdemont: la violación de sus derechos motivada por persecución política o ideológica. Indica aquí que el Parlamento Europeo no debía entrar a valorarla cuando aceptó levantarle la inmunidad. No le correspondía. La legalidad de los actos de los tribunales es "competencia exclusiva" de las autoridades nacionales. Ni de las instancias europeas ni de terceros países.

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La detención depende, en todo caso, de la decisión de Llarena de reactivar la euroorden. De momento, el magistrado se dirigirá a las partes para recabar su criterio. Deben ser la Fiscalía o la Abogacía del Estado las que insten, en este trámite, la emisión de la nueva OEDE. El artículo 39 de la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE indica que solo podrá acordarlo si el Ministerio Fiscal o la acusación particular piden su emisión.

Cabe recurso

Desde el entorno de Puigdemont, no niegan que la decisión del TGUE es una mala noticia para él, pero advierten de que se trata únicamente del primer capítulo. Han anunciado que recurrirán y alejan la posibilidad de una entrega exprés. El Tribunal General actúa como una primera instancia y sus decisiones pueden impugnarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en un plazo de dos meses. Ya han avanzado que, allí, volverán a reclamar que se le devuelva de forma cautelar la inmunidad hasta que decidan sobre sus alegaciones. "No era lo que esperábamos, pero no podemos decir que no estábamos preparados para este escenario. Nos toca otra vez remontar una situación adversa, no es la primera vez", aseguró Puigdemont en rueda de prensa.

En el Supremo, no se muestran tampoco optimistas respecto a la postura que adopte en el futuro el juez belga que debe tramitar la entrega una vez se reactive. Los antecedentes no invitan a confiar en una cooperación sin sorpresas. En la última ocasión, la respuesta de Bélgica provocó que Llarena remitiera una cuestión prejudicial. Rechazaron entregar al exconseller Lluís Puig alegando que el Supremo no era el competente para reclamarlo.

Hay, además, un cambio significativo respecto a las anteriores ocasiones. La reforma penal que impulsó el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha provocado la desaparición del delito de sedición, por el que se perseguía a Puigdemont en inicio junto a la malversación. La futura reclamación ya solo se hará por este último delito en su modalidad agravada, que está castigada con penas de hasta 12 años de prisión.