El Gobierno tendrá que posicionarse sobre la captura de Puigdemont en plena negociación

La fuga del expresidente catalán Carles Puigdemont sumó dos nuevos capítulos este lunes. Por un lado, las elecciones generales arrojaron un resultado en el que su partido jugará un papel determinante de cara a la posible gobernabilidad de Pedro Sánchez y, por otro, la Fiscalía pidió al Tribunal Supremo que dicte una nueva orden de búsqueda y captura internacional contra él. "Un día eres decisivo para formar Gobierno en España y al día siguiente España ordena tu detención", ironizó el propio Puigdemont. El Gobierno tendrá que enfrentarse a esta encrucijada en el plano político, pero también a través de la Abogacía del Estado en el Supremo.

Fuentes jurídicas explican que a Llarena se le abren ahora dos escenarios. El que apuntan como más probable consistiría en que dé traslado al resto de partes personadas, entre ellas la Abogacía, para que se pronuncien sobre la idoneidad de ordenar de nuevo la captura de Puigdemont.

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El segundo supondría saltarse este paso y lanzar la nueva orden con base en los escritos de Vox y la Fiscalía, lo que permitiría a los servicios jurídicos del Estado apartarse del foco en un primer momento. En cualquier caso, las mismas fuentes señalan que la decisión de Llarena sería recurrible, por lo que si guardan silencio, estarían dando su visto bueno de forma indirecta.

A falta de que Llarena mueva ficha, Sumar acaba de recuperar al dirigente de En Comú Podem Jaume Asens para tratar de encauzar las negociaciones con Puigdemont y sacar adelante una nueva investidura de Pedro Sánchez. "Para nuestro espacio, es un lujo contar con alguien de la trayectoria de Jaume Asens, que ha demostrado en el pasado su capacidad de acuerdo", afirmó el partido liderado por Yolanda Díaz en un breve comunicado. "Creemos que con su conocimiento de la realidad política catalana, así como su buena relación con muchos de los espacios llamados a entenderse, será más fácil llegar a un acuerdo".

A vueltas con la inmunidad

La Fiscalía ha solicitado a Llarena que dictara una nueva orden contra Puigdemont después de que el Tribunal General de la UE (TGUE) le retirara su inmunidad como parlamentario europeo a comienzos de mes. La resolución del TGUE aún es recurrible y, por tanto, cabía esperar a que la misma fuera firme, pero la Fiscalía defiende que la captura debe reactivarse ya porque el recurso no tendría "efecto suspensivo" sobre la pérdida de la inmunidad.

"En consecuencia, el Ministerio Público interesa que nuevamente se acuerde por el instructor la busca y captura e ingreso en prisión de Carles Puigdemont Casamajó y Antoni Comín Oliveres, y que se emita orden de busca y captura internacional por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición, así como orden europea de detención y entrega", defiende en el escrito remitido este lunes al Supremo.

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De esta manera, la Fiscalía ni siquiera espera a que Llarena le dé traslado de la cuestión, sino que sigue los pasos de Vox y pide lanzar ya una nueva orden internacional. Según apuntan desde el Ministerio Público, se trata de "una actuación procesal preceptiva" tras la sentencia del TGUE de comienzos de mes, pues ellos mismos habían solicitado que se dictaran las euroórdenes contra los huidos antes de que estos lograran la inmunidad parlamentaria como eurodiputados.

La nueva orden de detención se emitiría ahora sobre la base del delito de malversación agravada, que contempla penas de hasta 12 años de cárcel y de entre 10 y 20 de inhabilitación. Mientras el Gobierno trata de lograr el apoyo de Junts per Catalunya o, como mínimo, su abstención, esa es la petición de fondo que obliga a la Abogacía del Estado a tomar partido.