Moncloa rescata la extradición de Puigdemont tras su plan de "desjudicialización"

El Gobierno sigue marcando distancias con ERC y el independentismo para reducir el coste electoral de estas alianzas. Una estrategia habitual en precampaña, pero que ahora va un paso más allá para matizar su argumentario sobre la reforma del Código Penal y tratar con ello de combatir el discurso de la despenalización del procés. Tanto es así que, como en la campaña de 2019, cuando Pedro Sánchez prometió "traer de vuelta" a Carles Puigdemont, en la Moncloa se vuelve a rescatar la hipótesis de la extradición para defender que la supresión del delito de sedición y el de malversación que pactaron con ERC dentro de la estrategia de la denominada desjudicialización "la facilita", una vez se reformule.

"Sería una muy buena noticia para nosotros y para el país", defiende un ministro socialista, complementando así la escalada de mensajes para dar por muerto el procés y negar la posibilidad de debatir las bases para un referéndum, como ha demandado el president Pere Aragonès. La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, abundaba en este renovado argumentario este lunes desde Ferraz. Por un lado, defendía que los hechos de octubre de 2017 "fueron delito con el anterior Código Penal y, desde luego, con la actual reforma siguen siéndolo, como es indiscutible después de conocerse el auto del juez Llanera". Por otro, defendía que con la "europeización" del Código Penal, al equipararlo, según su interpretación, a los de países de nuestro entorno, aumenta la probabilidad de éxito de las euroórdenes.

TE PUEDE INTERESAR

Puigdemont se enroca en Waterloo mientras Marta Rovira y Clara Ponsatí estudian volver

Marcos Lamelas. Barcelona

"Hoy estamos más cerca de que los fugados rindan cuentas a la Justicia española, algo que fue imposible con el anterior Código Penal", aseguraba la dirigente socialista. Si en Ferraz reconocen que la reforma de estos delitos no está ayudando a movilizar a su electorado, el endurecimiento de su discurso negando grandes beneficios a los condenados, junto a la estrategia de mejorar la "convivencia" en Cataluña, trata de revertir este efecto coincidiendo con la entrada en vigor de los cambios.

Antes de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena aplicase la reforma del Gobierno a Carles Puigdemont, desde la Moncloa ya comenzaron a endurecer su discurso sobre la "desjudicialización" y negar que los cambios abriesen la puerta a la rehabilitación de los condenados. Esta fue la tesis del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien anticipaba que las penas de inhabilitación incluso podrían ser mayores para los dirigentes independentistas y cerrarles la puerta para presentarse a las elecciones. Según apuntaba la pasada semana, el Código Penal ahora establece penas de inhabilitación tanto para los desórdenes públicos agravados como para la malversación, de tal manera que, "sumando esas dos penas, suma la posibilidad de que haya 14 años de inhabilitación".

TE PUEDE INTERESAR

Puigdemont acusa a Llarena de pervertir la sentencia del 'procés' para encarcelarle

Beatriz Parera Pablo Gabilondo

Finalmente, el auto de Llanera retiró la sedición sin investigarla por desórdenes públicos agravados, sino desobediencia y la nueva malversación agravada que introduce el cambio legislativo. El Ejecutivo está tratando de evitar que se le imputen responsabilidades tras la reforma, endureciendo el discurso sobre los beneficios a los independentistas. Para ello, se ha dudado en echar mano del auto de Llarena, pese a que en el texto destaca que la reforma del Gobierno pactada con ERC dibuja un “contexto cercano a la despenalización” para hechos como los del procés.

Al margen de su negativa valoración sobre los efectos de la reforma, en el Gobierno se valen del auto para defenderse de que no habrá impunidad para los condenados. "Se pone de manifiesto que el PP ha mentido desde el primer día respecto a la reforma del Código Penal. Decían y siguen repitiendo que lo que hacía el Gobierno de España era poner alfombra roja a Puigdemont para que se pasease por nuestro país con todo tipo de impunidad. El auto dice todo lo contrario", concluía la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al día siguiente de darse a conocer.

Reconocimiento del delito

La respuesta de Puigdemont a la reforma y al auto refuerza los argumentos del Ejecutivo. "Que nadie lo dude: no volveré ni esposado ni rendido ante un juez español, por mucho que sea indulgente. Lucharé por volver libre", aseguraba el expresident tras los rumores sobre su posible vuelta voluntaria a España. En esta línea, asumía incluso un posible revés sobre su inmunidad: "Asumo, por tanto, el riego de que también el resultado de la batalla europea no sea el esperado. Pero el riesgo es mucho más alto si aceptamos la idea de que en octubre de 2017 hicimos otra cosa que no fuera cumplir democráticamente con nuestro compromiso y que esto merece algún tipo de condena".

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Del ridículo de la Justicia española

Javier Caraballo

Desde el Gobierno, se ha defendido desde el principio que esta reforma implicaba que los políticos independentistas reconocían haber cometido un delito. "Una ilegalidad", según subrayaban recientemente fuentes de la Moncloa, para incidir en su defensa de que con estas reformas no solo se consuman la normalización institucional y la convivencia en Cataluña, sino que los propios independentistas asumen que cometieron un delito con la celebración del 1-O. Al mismo tiempo, se hace énfasis en que el unilateralismo ha sido enterrado gracias a la estrategia de diálogo, lo que se visibilizaría tanto en la división dentro del bloque independentista como desde la Generalitat, donde se han asumido las reglas de juego marcadas por la Constitución.

A la luz de las encuestas, el Gobierno intenta taponar vías de desgaste en este arranque del ciclo electoral. Más allá de los efectos en las condenas a los líderes independentistas, la reforma del delito de malversación abre otro frente ante la posibilidad de que se revisen penas a corruptos. En esta línea, el juez instructor del caso Acuamed ya ha solicitado a la Fiscalía que analice las penas que tenía previsto reclamar atendiendo a los cambios en este delito. Un frente, igualmente incontrolable, sobre el que el Gobierno sí lleva haciendo la misma pedagogía desde antes incluso de poner en marcha la reforma. Se asegura que los "ladrones" no se verán beneficiados, pero defendiendo que no tenga el mismo reproche penal un caso con lucro personal que otro en el que se derive una partida presupuestaria finalista a un fin diferente dentro de la misma Administración pública.