Puigdemont pide a Llarena que anule su orden de detención en España

Carles Puigdemont acaba de recurrir el auto del instructor del procés Pablo Llarena y lo hace reclamando al magistrado que deje sin efecto la orden de detención en España que el Supremo mantiene en aplicación del delito de malversación que continúa atribuyéndole. En un extenso escrito de 131 páginas al que ha tenido acceso El Confidencial, el expresident catalán defiende que la resolución dictada debe anularse, puesto que el juez que la dicta "no es el competente" para investigarle. Considera que el procedimiento debería quedar en manos de los Juzgados de Barcelona y acusa al juez de lanzar a criticar al Legislativo "por una reforma legal que no ha sido de su agrado".

"Es evidente que el análisis en derecho comparado que realiza el magistrado no se corresponde con la realidad ni se acerca a lo que realmente existe en el entorno del estado español, demostrándose, una vez más, que no se está comprendiendo la naturaleza del problema", dice. "El problema son los hechos que no tienen encaje en el ordenamiento penal de ningún estado democrático de nuestro entorno", agrega.

A lo largo del recurso, el abogado Gonzalo Boye apunta también a la condición de eurodiputado de Puigdemont y a la inmunidad vinculada al cargo. Propone que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien se pronuncie sobre la cuestión en el caso de que su reclamación no sea atendida a través del envío de una serie de cuestiones prejudiciales.

TE PUEDE INTERESAR

Los huidos del 'procés' abren fuego contra Llarena y dicen que la desobediencia ha prescrito

Beatriz Parera

El expresident acusa también a Llarena de extralimitarse en su auto y exceder sus funciones jurisdiccionales "al entrar en una crítica inasumible al Legislativo", cuya reforma ha provocado la adaptación de los hechos. "Se puede estar más o menos de acuerdo, pero, desde el estrado, no se puede criticar de esa forma", dice. Añade que el magistrado ha abandonado el estrado "para trasladarse a una tribuna para la cual no ha sido ni elegido ni cuenta con la legitimidad para ocupar" y le acusa "de falta absoluta de imparcialidad".

Llarena adaptó la reforma del Gobierno a Carles Puigdemont hace unos días y sustituyó el procesamiento por sedición y malversación que mantenía hasta ahora por desobediencia y por la nueva malversación agravada que introduce el cambio legislativo. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han recurrido al considerar que la sedición debe sustituirse por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.

TE PUEDE INTERESAR

La Fiscalía recurre la decisión de Llarena y pide aplicar el delito de desórdenes al 'procés'

Pablo Gabilondo Beatriz Parera

Puigdemont argumenta que no cometió ni un delito de sedición ni ha cometido uno de malversación, y que Llarena incurre en "una constante y grave mutación de los hechos que se van subsumiendo en función de un ánimo persecutorio impropio de cualquier tribunal de un Estado democrático y de derecho". Indica que pervierte los hechos y el sentido de la sentencia del procés con la única intención de encarcelarle. "Hace una indebida mutación de los hechos y del derecho para generar una apariencia criminal que le permita, llegado el caso, poder privar de libertad a mi representado aparte de generar confusión en las autoridades de otros Estados miembros de la Unión Europea", indica.

Según defiende, no existe en todo el procedimiento referencia alguna al ánimo de lucro o intento de perseguir a supuestos terceros partícipes del delito "porque nunca se planteó la existencia de un ánimo de lucro sino una indebida o desleal administración que, ahora y por razones que se perciben pero no se explican, se muta de la administración desleal a la conducta apropiativa guiada por el ánimo de lucro que ni forma parte del auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018 ni de los hechos probados de la sentencia de 14 de octubre de 2019".

Puigdemont, que también considera que el procedimiento que conduce el Tribunal de Cuentas sobre los gatos del procés supone perseguirle dos veces por los mismos hechos, indica que "se reserva el derecho a, llegado el momento oportuno", llevar su caso ante el propio Parlamento Europeo, que "tendrá que pronunciarse al respecto" y "su decisión será a su vez, naturalmente, revisable por el órgano competente del TJUE, con las consecuencias que ello tendría para la perjudicada credibilidad de la Justicia y de este procedimiento en particular".