Bélgica, Alemania, Italia y otra vez Bélgica: la última pantalla para lograr la entrega de Puigdemont

La Justicia española cumple este domingo 2.074 días sin conseguir la entrega de Carles Puigdemont. Desde que se fugó en 2017, Bélgica, Alemania e Italia han puesto pegas a extraditarle, pero el Tribunal General de la Unión Europea notificó esta semana una resolución que permite al Tribunal Supremo lanzarse a por un nuevo intento. Las claves se centran en que Puigdemont ya no goza de inmunidad, en que se le reclamaría por otro delito y en que los países europeos ya no pueden poner tantos peros.

El Tribunal Supremo dará traslado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado en los próximos días para que se pronuncien sobre la posibilidad de dictar una nueva orden de detención y entrega. Si la piden, la decisión final dependerá del instructor del procés, Pablo Llarena, pero todo apunta a que va a acordarla. Tras la reforma del Gobierno que deroga la sedición, esta orden se basaría en un delito de malversación agravada, que contempla penas de hasta 12 años de cárcel y de entre 10 y 20 de inhabilitación.

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El nuevo movimiento de Llarena responde a que la decisión de este miércoles del Tribunal General de la Unión Europea implica retrotraer la situación al 9 de marzo de 2021, cuando el Parlamento Europeo acordó levantar la inmunidad a Puigdemont a petición del Supremo. Tras recurrir esta decisión ante la Justicia europea, el expresidente catalán logró recuperar esta especial protección de manera cautelar y comenzó moverse con libertad por distintos países, pero ahora vuelve a perder su blindaje.

Este fallo se suma al espaldarazo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el pasado enero se alineó con las tesis de Llarena en su pulso contra los tribunales belgas por la manera en que habían gestionado las euroórdenes contra los fugados. Según advirtió la Justicia europea, Bruselas debe acotarse a las excepciones que recoge la decisión marco de las euroórdenes, y comprobar si el Supremo es la autoridad competente a la hora de rechazarlas no es una de ellas. La decisión de la corte de Luxemburgo deja algunos resquicios en lo referente a los derechos fundamentales de los reclamados, pero limita los argumentos a los que se puede agarrar su defensa.

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Salvo que Puigdemont decidiese abandonar su actual residencia de Waterloo, este nuevo proceso de entrega quedaría una vez más en manos de los jueces belgas. En cualquier caso, las nuevas reglas que marcan los tribunales de Luxemburgo se extienden al resto de países de la Unión Europea, lo que evitaría también una situación como la ocurrida en Cerdeña en octubre de 2021, cuando tras ser detenido en el aeropuerto de Alguer, la Corte Penal de Apelación de Sassari dejó en libertad a Puigdemont.

Pese a la petición de entrega de Llarena, los jueces italianos concluyeron entonces que no se podía proceder a la misma hasta que los tribunales europeos resolvieran las cuestiones pendientes. Estas resoluciones han llegado a lo largo de 2023 y, aunque la defensa de Puigdemont ha anunciado que recurrirán, la batalla en Luxemburgo llega por el momento a su fin. "No era lo que nosotros estábamos esperando", se lamentó el propio expresidente catalán tras conocer el miércoles que le retiraban la inmunidad. "Tenemos dos meses para presentar el recurso a la máxima instancia judicial europea, que después dispondrá de seis meses para tomar una decisión".

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Fuentes jurídicas advierten, además, sobre los efectos de la derogación de la sedición, una reforma del Gobierno que, pese a haber producido un profundo malestar en el Supremo, puede convertirse en un arma de doble filo para Puigdemont. En el caso de otros fugados, como Clara Ponsatí o Marta Rovira, este cambio legislativo ha provocado que ya no se enfrenten a penas de cárcel, pero al expresidente catalán se le persigue ahora por malversación agravada, lo que abre un nuevo escenario.

Las consecuencias de este cambio se plasman en lo ocurrido en Alemania el 8 de abril de 2018. Por aquel entonces, la fuga de Puigdemont no había llegado a la Justicia Europea y el Supremo todavía no había juzgado a Oriol Junqueras y el resto de líderes del procés. Tras ser detenido junto a la frontera, la Audiencia territorial de Schweslig Holstein rechazó entonces la entrega de Puigdemont por rebelión al considerar este delito "inadmisible", aceptando extraditarlo solo por malversación.

Llarena rechazó las condiciones del tribunal alemán y criticó su "falta de compromiso”, pero la actual situación es distinta. El Supremo ya rechazó la rebelión al condenar a Junqueras y apuntó al delito de sedición, lo que obligó a readaptar la euroorden contra Puigdemont en 2019 . Cuatro años después, la sedición también ha caído por la mencionada reforma y a Puigdemont solo se le reclamaría por malversación, un cambio que también podría terminar por facilitar su entrega.