La jueza ordena la busca, captura e ingreso en prisión de Puigdemont y los 'exconsellers'

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado este viernes la busca y captura nacional, europea e internacional del expresident Carles Puigdemont y los cuatro consellers depuestos que no han respondido al llamamiento judicial y se encuentran en Bruselas. La magistrada ordena su ingreso en prisión y emite la euroorden para activar en Bélgica un complejo proceso de entrega que puede alargarse hasta tres meses. Les imputa cinco delitos: rebeldía, rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

"Encontrándose Carles Puigdemont Casamajó en paradero desconocido, al no haber sido localizado en un domicilio, procede acordar, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 502, 503 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, su prisión provisional comunicada y sin fianza y su busca y captura, librándose orden europea de detención y entrega con fines extradicionales", dice el auto.

En opinión de la magistrada, Puigdemont y los otros cuatro 'rebeldes' viajaron hasta Bélgica con la única finalidad de eludir las posibles responsabilidades que pudieran tener en España. El expresident lideró la movilización de los sectores indepedentistas de la población para actuar en apoyo del referéndum ilegal y, con ello, del proceso de secesión al margen de los cauces legales.

También promovió actos, manifestaciones y proclamas abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación de Cataluña sobre el cual quedaba legitimada cualquier actuación del Govern y del Parlament fuera de las leyes. "Hicieron nacer en la sociedad la creencia de la legitimidad de las actuaciones en contra del poder constituido para defender ese inexistente e inconstitucional derecho de autodeterminación", agrega.

En dos autos por cada uno de los acusados, la jueza refleja la participación de Puigdemont y los consejeros cesados Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí en los delitos que atribuye al resto del Govern ilegítimo y que provocaron que este jueves ordenara el ingreso en prisión incondicional de los que sí se personaron en las dependencias judiciales, con el exvicepresident Oriol Junqueras a la cabeza.

Lamela acaba de cursar las órdenes para garantizar la detención y entrega de todos ellos. Da curso a la OEDE y se dirige a Bélgica, país donde al parecer se encuentran los cinco investigados. Tal y como prevé la ley, la orden se envía las autoridades judiciales belgas, que en este caso concreto son la Fiscalía Federal Belga, también se inserta en el programa Sirene de la Policía.

En el segundo auto, la juez tramita la orden de busca y captura nacional e internacional de todos ellos, a través de Policía Nacional, Guardia Civil e Interpol. La juez además rechaza la petición formulada por Puigdemont y otros ex consejeros, de prestar declaración por videoconferencia. Según explica la magistrada en sus resoluciones, no concurren ninguno de los casos para autorizar esta medida que sólo podría admitirse si el investigado residiera en el país. "No está prevista para quien, residiendo y teniendo su arraigo en España, se fuga y se refugia en un Estado miembro para no estar a disposición de los tribunales de su Estado", dice.

En los dos autos Lamela detalla todos los hechos que han motivado la persecución penal de quienes integraban el Gobierno de Cataluña. Asegura que el expresident hizo posible la realización de pagos por importe de 6,2 millones de euros para llevar a cabo no sólo un acto contrario a derecho sino constitutivo de delito.

Lamela acusa a Puigdemont de proclamar en Cataluña un Estado independiencia en forma de República e intentar cambiar ilegalmente la organización del Estado mediante un proceso secesionista que ignora las normas de la propia Constitución establece para su reforma. "Impidió la aplicación de las leyes españolas y desde luego, la ley suprema", dice.

Uno de los argumentos que llevó a Lamela a enviarles a la cárcel sin posibilidad de fianza fue precisamente el hecho de que parte de los imputados se han colocado con su salida de España fuera de la acción de la Justicia. Destacaba, además, su elevado poder adquisitivo que les permitiría fugarse. "Basta recordar el hecho de que algunos ya se han desplazado a otros países", ponía de manifiesto el auto.

La jueza atiende de este modo la petición cursada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional que lo reclamó por escrito y destacaba que han hecho caso omiso a los reiterados intentos de citación y a las llamadas telefónicas que se les han realizado para convocarles al interrogatorio. Los exconsellers que se encuentran en territorio belga han reclamado a la Audiencia Nacional declarar por videoconferencia.