Llarena dicta una orden de detención nacional contra Ponsatí: "Se jactó de no atender la citación"

El juez instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dictado una orden de detención nacional contra la eurodiputada y exconsellera de Educación Clara Ponsatí.

Tras cinco años huida por su implicación en el referéndum ilegal, Ponsatí regresó a España el 28 de marzo y fue detenida en Barcelona. La exconsellera quedó en libertad ese mismo día y Llarena acordó citarla el 24 de abril para comunicarle su procesamiento por un delito de desobediencia, pero ya no acudió a la cita. “Ha desatendido voluntaria e injustificadamente la citación judicial”, critica el magistrado en su resolución. La misma mañana que estaba citada en el Supremo, Ponsatí tuiteó una fotografía en Flandes, y Llarena tampoco pasa por alto este hecho: “Se jactó de no tener ninguna intención de atender la citación judicial”.

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La líder independentista opta por desafiar al Supremo tras verse beneficiada por la reforma del Gobierno que deroga la sedición. Hasta el pasado enero, el magistrado la mantenía procesada por sedición, que en 2019 llegó a castigarse con 11 años y medio de cárcel para la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Sin embargo, al derogarse este delito, el magistrado pasa a perseguirla por desobediencia, que no conlleva penas de prisión, solo multa e inhabilitación para ocupar cargo público.

Si la exconsellera comparece voluntaria y personalmente, como ocurrió con las también procesadas Meritxel Serret y Anna Gabriel, Llarena dejará sin efecto la orden de detención, pero rechaza sus argumentos de que no pudiera acudir por su trabajo como eurodiputada: "La defensa tuvo un amplio margen para advertir a este instructor (...) y solicitar el reajuste en la citación que considerara preciso", critica. "Se eludió esta previsión y se optó por presentar un escrito exculpatorio que tampoco ha estado seguido de ninguna propuesta de atender el llamamiento judicial con posterioridad".

La inmunidad, en el centro del debate

El desafío de Ponsatí al Supremo sirve, además, de avanzadilla a un hipotético retorno del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. La defensa de la exconsellera se agarra a que goza de inmunidad como eurodiputada y sostiene que el Supremo debe suspender el procedimiento contra ella, lo que sirve a Puigdemont para testar el alcance de la especial protección que les proporciona su escaño en Bruselas.

"Una vez iniciado el procedimiento de amparo de los privilegios e inmunidades de la Sra. Clara Ponsatí i Obiols, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (…) obliga al Excmo. Magistrado Instructor a suspender el procedimiento judicial", argumentaba su defensa en el escrito remitido al Supremo.

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En el auto notificado este miércoles, Llarena descarta este razonamiento y apunta a que la defensa se apoya en una sentencia de la Gran Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que aborda una situación diferente: "En la indicada sentencia se analizó un supuesto en el que un parlamentario europeo confiaba estar amparado por un privilegio de inmunidad absoluta", explica. "Consideraba que era inviolable porque la reclamación judicial arrancaba en opiniones o manifestaciones supuestamente expresadas por el demandado en el ejercicio de su función parlamentaria".

Con Ponsatí, sin embargo, el procedimiento se centra en el papel que jugó durante el 1-O, es decir, en "la inmunidad que pueden disfrutar los miembros del Parlamento Europeo por cualquier delito ajeno a su función y en el territorio del Estado por el que fueron designados". Teniendo en cuenta esta diferencia, "el Parlamento Europeo (por disposición de la propia norma europea) no puede ampliar el alcance de la inmunidad respecto de lo previsto en la normativa estatal", lo que permite dictar una orden nacional de detención contra la exconsellera.