Vía libre para el enésimo intento de entrega de Puigdemont (si la inmunidad lo permite)

El pulso entre la Justicia española y Carles Puigdemont continúa y está a punto de adentrarse en otro nuevo capítulo. La decisión de esta semana de la Sala Penal del Tribunal Supremo de avalar el procesamiento del expresident catalán por delitos de desobediencia y malversación dará pie al enésimo intento de entrega del huido previa solicitud a las autoridades belgas. Hasta el momento, el instructor del procés, Pablo Llarena, ha visto como sus sucesivas reclamaciones han ido fracasando. En el actual tablero se entrecruzan distintos tribunales europeos. Con la sedición descartada, el magistrado se prepara para volver a probar. Siempre, eso sí, que la inmunidad de los eurodiputados se lo permita.

El auto del Supremo dictado esta semana reabre el escenario al apoyar el paso de Llarena de sustituir la sedición por desobediencia y ver aplicable la malversación agravada que lleva aparejada elevadas penas de prisión. No se aplicará el nuevo subtipo que introdujo el Gobierno de Pedro Sánchez, los desórdenes públicos agravados. La sedición, resalta la Sala, ha sido derogada, provocando la "despenalización" de determinados hechos, favoreciendo a los acusados y alentando la impunidad para el futuro.

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En cuanto a la malversación, los magistrados coinciden también con Llarena y descartan una atenuación atendiendo a que el dinero desviado no fue a parar al bolsillo del expresident. El paso dado para destinar patrimonio público a la financiación del 1-O, "promovido y alentado desde los órganos del gobierno autonómico que dirigían" se entiende como un sistema para obtener un provecho, aunque no fuera económico y además, el destino dado a los fondos es ilícito.

Hay otra clave en el auto que da pistas sobre el futuro de Puigdemont. El tribunal respalda otra de las decisiones de Llarena, la de dictar una orden nacional de detención en su contra. Respecto a la inmunidad que el líder de Junts defiende tener por su condición de miembro de la Eurocámara, el TS argumenta que no puede pretender contar con un "escudo protector" que propicie que tenga la opción de dejar de comparecer para ser interrogado de los hechos presuntamente delictivos. La inmunidad, cuyo alcance está ahora en manos del Tribunal General de la UE, que se pronunciará al respecto el próximo julio, no es para el Supremo un "privilegio personal" y no ha sido establecida "para generar zonas inmunes al imperio de la ley". Tampoco es necesaria, en su opinión, la tramitación de un nuevo suplicatorio.

La intentona de entrega depende, sin embargo, del fallo del Tribunal General de la Unión Europea previsto para el 9 de julio. El tribunal revisa la demanda que presentó Puigdemont en contra de la decisión del Parlamento Europeo de conceder al instructor del procés el suplicatorio que solicitó para proceder contra él y el resto de huidos y la decisión inicial del Parlamento Europeo de retirarles de forma provisional la inmunidad. Del resultado final dependerá si la recupera de forma total y definitiva.

La baza de la persecución política

En caso de que el Tribunal General compre sus argumentos, Puigdemont quedará a salvo mientras mantenga el cargo e incluso está dispuesto a desafiar las tesis del Supremo y lanzarle un órdago. Mientras Llarena considera que a pesar de la inmunidad puede ordenarse su detención en España, el expresident cree que violaría las decisiones de la Justicia europea en caso de hacerlo. El regreso a territorio nacional, y en concreto a Cataluña —su primer destino planeado—, pondría así al TS en el brete de "incumplir" las resoluciones del TUE, dicen las fuentes consultadas.

Junto a la inmunidad, aún pendiente de concreción, Puigdemont cuenta con la baza de la supuesta persecución por causas políticas a la que se aludía por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pese a que la Corte se alineó parcialmente con el juez Pablo Llarena en su pulso con la Justicia belga, incluía como excepción que un tribunal puede negarse a cumplir la euroorden si la persona que debe ser entregada alega que se le expondría "a una vulneración del derecho fundamental a un proceso equitativo, porque en dicho Estado miembro sería enjuiciada por un órgano jurisdiccional carente de competencia a tal efecto", aunque debe quedar demostrado de alguna forma. La defensa del expresident confía en que Bélgica jamás lo entregue.