Italia mantiene a Puigdemont en libertad y aplaza su decisión sobre la extradición

Los jueces de Cerdeña que estudian la petición de extradición sobre Carles Puigdemont han decretado que el expresidente huido de Cataluña mantenga su libertad de movimiento. El tribunal italiano esperará a que se pronuncien los tribunales europeos sobre las cuestiones que tienen pendientes en torno a la situación del político para tomar una decisión. Por el momento, no le entregarán a España como pedía el Tribunal Supremo, según informan fuentes de su defensa. Es el resultado de la vista fijada para este lunes en la que ha intervenido el líder independentista tras su arresto en la isla el pasado 23 de septiembre al aterrizar en el aeropuerto de Alguer para una visita de fin de semana.

A su salida del juzgado, el 'expresident' ha asegurado estar "molto contento" ('muy contento'). "De una sala de audiencia que lleva este nombre —Giovanni Falcone— solo podía salir una decisión justa. Esta tarde podré seguir el pleno del Parlamento Europeo de manera telemática desde l'Alguer, porque la Justicia sarda ha suspendido el procedimiento de extradición", ha explicado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Las partes han comparecido ante los tres jueces de la Corte Penal de Apelación de Sassari. Según informan fuentes jurídicas conocedoras del procedimiento, entre el tribunal está la magistrada Plinia Azzena, que ya dejó en libertad a finales del mes pasado a Puigdemont. El político tenía el primer turno de intervención y ha cumplido su deseo de expresarse en catalán ante los jueces, según fuentes de su entorno. Tras él, tomaron la palabra sus abogados y la Fiscalía sarda, que ya se mostró a favor de la puesta en libertad tras su arresto el mes pasado. Hoy ha insistido en esa postura a la espera de los tribunales europeos, concretamente el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) y el Tribunal General de la UE (TGUE).

TE PUEDE INTERESAR

La Policía pidió ayuda a Europa para detener a Puigdemont: "Es un asunto sensible para España"

Beatriz Parera Alejandro Requeijo José María Olmo

Puigdemont y su defensa habían diseñado una estrategia centrada en poner en valor que otros estados se han opuesto a la entrega de España de los políticos fugados tras el proceso soberanista. Este periódico desveló, por ejemplo, las razones por las que Francia rechazó detenerle las veces que ha ido de visita a ese país. Alemania le arrestó y aprobó su entrega a España, pero solo por el delito de malversación por lo que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, revocó su euroorden.

En los aledaños del tribunal, ubicado en la calle de Budapest de la isla italiana, se han dado cita desde primera hora partidarios del político independentista, reclamado por la Justicia española por los delitos de sedición y malversación. En el lugar también se ha presentado un abogado que decía actuar en nombre de Vox y que ha pedido personarse sin éxito. El partido liderado por Santiago Abascal ejerció la acusación popular en el Supremo en el proceso judicial que se saldó con condenas de hasta 13 años de cárcel para los miembros del Gobierno catalán que no huyeron.

Puigdemont y otros consejeros del Gobierno catalán se fugaron tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña aprobada de manera ilegal por el Parlamento autonómico hace ahora cuatro años. Desde entonces, el prófugo vive en Waterloo (Bélgica) sin complicaciones con las autoridades. En el fondo de la cuestión se discute si la orden de arresto dictada por el Tribunal Supremo sigue activa o está en suspenso.

Puigdemont, la jueza, la fiscalía sarda, la Justicia de la UE e incluso la Abogacía del Estado de España sostienen que está suspendida a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva la cuestión prejudicial que le elevó el propio Llarena para determinar si Bélgica actuó bien o mal al rechazar la entrega de Luis Puig, otro de los consejeros huidos del 1-O. Esta resolución no se espera hasta el año que viene.

TE PUEDE INTERESAR

La detención de Puigdemont agrava el choque entre el Supremo y el Gobierno

Pablo Gabilondo Fernando H. Valls

La Abogacía del Estado, en su litigio contra Puigdemont ante el Tribunal General de la Unión (TGUE), defendió que la euroorden de Llarena estaba en suspenso. Por ello, los servicios jurídicos del Estado —que dependen del Gobierno— manifestaron que no había riesgo de que el líder independentista fuese detenido y, por tanto, no había motivo para mantenerle la inmunidad como eurodiputado. Estos argumentos fueron asumidos por el TGUE ante quien ha vuelto a recurrir Puigdemont para recuperar su inmunidad a la vista de su arresto en Italia.

El juez del Tribunal Supremo mandó la semana pasada un escrito de cinco folios a Cerdeña calificando estas tesis como un error y reivindicando la vigencia de su reclamación. Llarena sostiene que su petición de entrega para ingresar en prisión a Puigdemont de forma preventiva forma parte de las medidas cautelares y no de la cuestión de fondo en manos del TJUE. Es decir, que una cosa es que Puigdemont sea encarcelado en España y otra que sea juzgado y condenado por estos hechos.