La escolta ilegal de Puigdemont también incorpora a policías locales y bomberos

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No solo con Mossos d’Esquadra se protege el fugado Carles Puigdemont. Además de la quincena de agentes de la Policía catalana en activo que se han dedicado desde hace un lustro a garantizar su seguridad y la del palacete que habita en Waterloo, también se han detectado policías locales y bomberos dentro de un dispositivo ilegal que va rotando. Así lo expresó el fiscal Pedro Ariche en el juicio que este jueves se reanudó contra el sargento Lluis Escolà y el exconseller de Interior Miquel Buch.

El juicio comenzó el pasado mes de junio, pero no fue hasta este jueves cuando se tomó declaración a los dos acusados de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. La Fiscalía pide seis años de cárcel y 27 años de inhabilitación para Buch y cuatro años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación para Escolà. Según la tesis de la Fiscalía, Escolà ayudó a Puigdemont a escapar de España y durante meses encadenó días festivos con bajas médicas y días de asuntos propios para dedicarse en cuerpo y alma a proteger al expresidente durante su fuga. Posteriormente, desde julio de 2018 hasta marzo de 2019, Buch lo contrató oficialmente como asesor, aunque el fiscal sostiene que eso era una socapa para que se dedicase, con sueldo público, a proteger a Puigdemont en Waterloo. De hecho, el propio sargento dejó constancia en las redes sociales de que su labor era dar seguridad al fugado. Y no solo eso: publicaba fotografías de los diferentes lugares del mundo que visitaba acompañando a Puigdemont.

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El expresident declaró por videoconferencia en junio y negó que tuviese escoltas porque “un escolta ha de ir armado, con chalecos antibalas y con porras extensibles”, pero el fiscal rechazó esa teoría. “Dice que son amigos. Pero es innegable que, en torno a Carles Puigdemont, hay un dispositivo de seguridad y lo podemos visualizar todos. El mismo Puigdemont lo reconocía en un programa de radio. El tema está en cómo denominamos a ese dispositivo en torno a su persona y a su domicilio. Puede ser de escolta, de seguridad, de protección, de acompañamiento o como le queramos llamar. Ese servicio ha sido prestado y sigue prestándose por funcionarios públicos. Pero no solo hay mossos d’esquadra, sino también policías locales y bomberos que se van incorporando. Nunca ha sido secreto ese servicio. Y, de hecho, se han detectado funcionarios que lo prestan. Es más, cuando Puigdemont fue detenido en Alemania en marzo de 2018, iba acompañado de dos mossos”, recalcó el fiscal.

La ayuda de Miquel Buch

Por si fuera poco, en un libro del expresident se reconoce que existe un dispositivo de seguridad “en torno a su persona y a su domicilio, aunque luego lo haya querido desvincular en su declaración ante el tribunal. Y no es un libro de un tercero, sino un libro inspirado por el señor Puigdemont”. Lo más sorprendente en la sesión de este jueves llegó de la mano del exconseller Buch, que justificó el hecho de que Puigdemont tenga escolta. “Es una prerrogativa fijada en la ley: tiene derecho a un servicio de escolta, y eso no se está cumpliendo”, afirmó Buch.

El 7 de junio de 2018, días después de llegar a su cargo, el conseller Buch ya se interesó por cómo poner escolta a su colega fugado. “Cinco días después de ser nombrado, estaba ocupado en determinar si era posible aplicar el estatuto al expresident. El día 21, Puigdemont solicita que se le den las prerrogativas de expresidente y el día 25 usted ya mantuvo una reunión con él y otro conseller, Damià Calvet, en Hamburgo. Poco después, la portavoz del Gobierno, Elsa Artadi, insiste en que ha de prestársele servicio de seguridad en Bélgica y usted hace que se envíen cartas a la Seguridad del Estado para tratar de obtener permiso y ponerle escolta oficial. Y en el mes de julio ya contrata como asesor a Lluís Escolà”, le recriminó el fiscal al exconsejero.

Además, el fiscal destacó que, de los 224 días que Escolà estuvo como asesor, 103 días los pasó fuera de Cataluña, siguiendo a Carles Puigdemont por medio mundo. “En el departamento de Interior, el señor Escolà no tenía mesa, ni ordenador, ni móvil. Y hay una ausencia de citas, de reuniones de trabajo. No había nada en los registros. Por no haber, no hay ni una foto del señor Escolà con el señor Buch, aunque sí hay toda una colección de fotos de Escolà con Puigdemont”, subrayó el Ministerio Fiscal.

Buch intentó atemperar el interés de la cúpula del Govern por poner escolta a Puigdemont en Bélgica. “El hecho de aplicarle la prerrogativa que tienen los expresidentes de llevar seguridad era un trámite más para nosotros. Nos preocupaban más los homicidios o el riesgo que había en la Cataluña central. Pero lo cierto era que el expresident Puigdemont tiene unos derechos garantizados por una ley, que se han de cumplir. Y como expresident tiene derecho a cuatro prerrogativas: tener una oficina, tener un jefe de oficina, tener un equipo en esa oficina y tener escolta. Las tres primeras prerrogativas se cumplían, pero la última, no”, se quejó Buch.

Un conseller sin redes sociales

El conseller aseguró que, a pesar de que Escolà publicaba fotos con Puigdemont en las redes sociales y se ufanaba de que garantizaba su seguridad, no se había enterado porque no miraba las redes sociales e incluso se había dado de baja de la aplicación de Twitter. Además, dijo que no le interesaba dónde pudiera ir Escolà y ni siquiera si aparecía por el Departamento de Interior. “Yo no pregunto a la gente dónde está. No necesito sus coordenadas, sino su información. Es posible que algún día me hubiera dicho que se iba fuera un par de días. No sé si iba con Puigdemont o iba con sus amigos. Cada uno, en su vida privada, hace lo que quiere, y yo solo necesitaba respuestas y comentarios y me daba igual dónde estuviese”, argumentó Miquel Buch.

Ante ello, el fiscal fue rotundo en sus conclusiones: “El señor Buch sabía qué tarea iba a desempeñar el señor Escolà y que eso podía causar un grave daño reputacional al Cuerpo de los Mossos d’Esquadra. Es inconcebible que funcionarios en activo estén dando cobertura a una persona con una busca y captura en su contra y con una petición de prisión. Así no se conserva la confianza en la Policía. No podemos saltarnos las normas y menos por parte de quien tiene responsabilidades. No se puede incumplir la legalidad. Cuando las exigencias legales se traspasan, estamos ante un hecho arbitrario. Eso es un delito de dolo, a sabiendas de su injusticia. Y nos referimos con ello al conocimiento que el señor Buch tenía en cuanto al destino que se iba a dar a la plaza de asesor suyo”.

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El conseller aseguró, en su turno de última palabra, que “siempre he sido leal a las instituciones y al pueblo. A veces, la ley no me gusta o la considero injusta, pero nunca he malgastado bienes públicos. Tampoco con el sueldo del señor Escolà”. Pero arremetió contra algunos mandos policiales y los informes que hicieron. “Viendo algunos informes, me he sentido insultado. La investigación está cargada de subjetividad, de prejuicios y de errores. Los policías que los hicieron no tuvieron objetividad ni proporcionalidad. Y, como independentista desde los 14 años, siempre he sido fiel a las instituciones y al pueblo de Cataluña”.

El sargento, por su parte, se negó a contestar a las preguntas del fiscal y solo respondió a su abogada defensora, ante la que reconoció que era amigo de Puigdemont, pero que padece una dolencia en la espalda, de la que ha sido operado dos veces, que le impedía realizar labores de escolta. Pero el fiscal le echó en cara que, para estar tan imposibilitado, a finales de octubre de 2017, cuando ayudó a escapar a Puigdemont, condujo 11 horas seguidas hasta Bélgica y, además, aparece en posición vigilante siempre de pie cerca de Carles Puigdemont, controlando todo su entorno. “Usted alega una patología de su espalda, pero en todo momento esa patología no lo está inhabilitando”, le recriminó el fiscal. El sargento aseguró que, a veces, veía a Buch en el despacho del conseller, a veces en el bar y a veces en casa de Buch, en Premià de Mar. Aseguró también que los informes que hacía “los imprimía en casa y se los hacía llegar en un sobre al jefe de gabinete del conseller, aunque muchas veces eran, más que informes, eran esquemas o notas, como dice el conseller”.

El sargento, por su parte, solo respondió a su abogada defensora, ante la que reconoció que era amigo de Puigdemont

El Ministerio Público terminó señalando: “Aquí se está juzgando un error, el error de aquellas personas que se prestan a colaborar en ejecución de actos que ni deben ni pueden hacerse. Es decir, se está juzgando si, con cargo a una Administración, se han sufragado determinados gastos, se han destinado determinados fondos, para dar protección a una persona de la que está pendiente una orden de busca y captura e ingreso en prisión. Y, para ello, se acude al ejercicio de la vía de hecho, quiebra de la legalidad e imposición de la propia voluntad por encima de la ley”. El agujero de las finanzas públicas que el fiscal calcula se eleva a 52.712,26 euros, que es el dinero que Escolà cobró como asesor. Los peritos aportados por la defensa de Buch intentaron acotar esa cantidad para que solo se computen los 103 días que Escolà estuvo fuera de Cataluña. Con ese cómputo, la cantidad presuntamente malversada no supera los 50.000 euros y no habría pena agravada en caso de una condena.

Judit Gené, defensora de Miquel Buch, deploró que se utilicen tuits para justificar las acusaciones e intentó basar su alegato en los 14 informes que Escolà hizo para Buch. El fiscal no quiso entrar en el contenido de los informes (“Los informes no son objeto del juicio: no se ha malversado por hacer informes malos, sino por destinar caudales públicos a otras cuestiones”, alegó Ariche), que fueron calificados, incluso por mandos de los Mossos, de superficiales. “No soy quién para saber si los informes eran correctos, originales o no. Pero existen y sirvieron al señor Miquel Buch, que no quería informes sesudos y muy técnicos”, dijo la letrada para justificar el trabajo de Escolà como asesor.

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Isabel Elbal, defensora del sargento Escolà, por su parte, se alineó con el informe de Gené, subrayó la ausencia de pruebas contra su cliente y alegó, además, que, “si había un amplísimo dispositivo de seguridad en torno a Puigdemont, ¿porqué otros mossos no están sentados aquí y sí el sargento, mi cliente?”. En verdad, ninguno de los otros mossos había sido contratado como asesor por todo un conseller. El juicio quedó ya visto para sentencia.