Quim Torra presionó para poner una escolta oficial a Puigdemont en Bélgica

El expresident Quim Torra presionó a fondo para poner un servicio de escolta a Carles Puigdemont mientras estaba huido en Waterloo. Pasó por encima del conseller de Interior, Miquel Buch, para intentar que el Gobierno central autorizase una escolta de Mososs d’Esquadra desplazados a Bélgica con el fin de prestarle seguridad. Las relaciones de Buch con Torra eran malas. “Nosotros teníamos muy claro que el procedimiento para dar seguridad física a Puigdemont sólo se podía hacer por el procedimiento legal abierto. Entre ambos consideramos que nos atendríamos al marco legal. Eso produjo choques fuertes con autoridades de nuestro propio partido. Tanto es así que el president Torra acabó cesando al conseller Buch después de múltiples confrontaciones y a mí, por supuesto”, declaró este jueves Brauli Duart, secretario general de Interior (el segundo de Buch en el organigrama).

El exalto cargo del Govern hizo estas explosivas declaraciones en el marco del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Barcelona contra Miquel Buch y contra el sargento de los Mossos Lluís Escolà, a quienes se acusa de simular la contratación de este último como asesor del conseller como pantalla para camuflar un servicio ilegal de escoltas del expresident fugado. La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Buch y 4 para Escolà.

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El sargento se dedicó, aparentemente, a organizar la seguridad personal de Puigdemont desde octubre de 2017 hasta marzo de 2019: primero, le ayudó a fugarse a Bélgica; luego encadenó meses de bajas, asuntos propios, permisos y vacaciones para dedicarse a protegerlo como escolta y, por último, fue contratado como asesor por Buch, pero la mayor parte del tiempo entre julio de 2018 hasta marzo de 2019 estuvo en Bélgica o siguiendo por medio mundo al fugado. De ahí que les acusen de prevaricación y malversación, dado que se sospecha que la contratación fue solo una socapa para dar cobertura de seguridad al expresident.

Este jueves pasó por el tribunal la cúpula de la conselleria de Interior durante los años 2018 y 2019: el secretario general, Brauli Duart, el director general de la Policía, Amadeu Joan Martínez, y el jefe de gabinete de Buch, Pere Ferrer. De sus declaraciones hubo una cuestión que no deja de ser curiosa: Presidencia de la Generalitat apeló directamente al director general de la Policía para que sondease con el Gobierno central la posibilidad de poner una escolta al fugado. “El 10 o el 11 de julio, recibí la petición de Presidencia para activar las garantías y los derechos que correspondían a Carles Puigdemont como a cualquier otro expresident de la Generalitat. Por eso, envío una carta a la secretaria de Estado de Seguridad en la que le digo que he recibido el encargo de organizar la protección del anterior presidente de la Generalitat”.

Otra carta al ministro

Lo curioso es que, ante una petición del alcance político que tenía la medida, el propio conseller de Interior, Miquel Buch, no fue avisado. Joan Martínez restó importancia a ese detalle. “Es posible que se lo hubiese comentado al conseller Buch, pero no me acuerdo bien. De todos modos, el encargo me vino directamente de Presidencia y el que no haya pasado por el conseller no es extraño. Estoy seguro de que es lo mismo que hizo la secretaria de Estado con el ministro. Yo le envié la carta porque es mi homóloga. Pero era un acto de trámite y desde un punto de vista formal, no tiene porqué conocerlo el conseller. No debo pedir la supervisión constante del conseller. Desde mi punto de vista, esa petición era absolutamente ordinaria”.

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Posteriormente, el secretario general, Brauli Duart, escribió otra carta al propio ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el mismo sentido. “Escribí esa carta a petición del conseller Buch, una vez recibimos respuesta de la secretaría de Estado comunicándonos que no era pertinente la prerrogativa de dar seguridad en Waterloo a Carles Puigdemont”, relató Duart. “El conseller me dijo que le recordase que aquí había una situación delicada que puede acabar generando un problema mayor, incluso de orden público en Cataluña. Nosotros considerábamos que Puigdemont tenía derecho a cuatro prerrogativas: tener un presupuesto como los demás expresidentes, una oficina, personal a su servicio, y coche oficial y escolta. Y ya tenía tres de esas prerrogativas. Que te digan que es extemporánea, o que no es el momento, o que Puigdemont no es autoridad pública… lo que pensábamos era que la seguridad no le correspondía como autoridad, sino como expresident. Nuestra relación en ese momento con la secretaria de Estado era muy buena, pero nos dijo siempre que no podía autorizar la seguridad fuera del territorio de Cataluña”.

Una situación muy convulsa

Todos los altos cargos de Interior aseguraron que Escolà no fue contratado para camuflar la escolta ilegal e Puigdemont. Duart afirmó incluso que Buch quería a un policía en ese puesto de asesor. “La contratación de Escolà para el puesto era un acierto. En aquella época, la situación era muy convulsa en Cataluña, España e incluso en el propio departamento de Interior, puesto que había muchos mandos imputados por el 1-O. Por eso, el conseller quería a alguien que tuviese conocimiento más allá de la cuestión estructural, que pudiese aportar su conocimiento de las personas. Si había algún problema en cualquier lugar, por ejemplo, al margen de los informes oficiales que pudiesen realizar los mandos policiales, el conseller quería a alguien que conociese a gente, que llamase a agentes destinados en esa área y que le trasladase de primera mano la información”. En definitiva, se trataría de una especie de ‘espía’ que puentease a los mandos policiales.

El jefe de gabinete, Pere Ferrer, en cambio, negó ese extremo. “El conseller quería a una persona que controlase la parte técnica del negocio policial pero también necesitaba contrastar. Por eso buscaba un perfil de policía”, afirmó. Sin embargo, negó que tuviese que sondear “problemáticas” en comisarías o en áreas. “La tarea del asesor no era ésa. Lo que quería era una persona que pudiese contrastar una información, no tener un policía de paisano camuflado o escondido”, subrayó Ferrer.

La cúpula sí estuvo de acuerdo, en cambio, que Escolà estaba como asesor para lo que le mandasen, que realizaba informes sobre temas de actualidad cuando se lo ordenaban y que éstos eran entregados en sobres en mano al propio conseller o al jefe de gabinete, aunque de vez en cuando se enviaban por correo electrónico. “Siempre teníamos la máxima de que si no estaba allí, estaba disponible telefónicamente”, adujo Pere Ferrer.

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Duart, por su parte, detalló que Miquel Buch quería a un policía que no tuviese miedo a implicarse políticamente. “Hay una diferencia sustancial entre funcionarios y eventuales. Los primeros están obligados a actuar con los principios de máxima neutralidad política. Los eventuales no tienen esa obligación, porque son de confianza política y pueden hacer valoraciones. El perfil de Escolà era idóneo para asesorar al conseller no sólo por el conocimiento de la seguridad, sino por el conocimiento de personas dentro del Cuerpo”.

La negativa de varios policías

Como segundo del departamento, Duart vivió de cerca el proceso que llevó al sargento del área de escoltas hasta la situación de una especie de jefe de seguridad clandestino de Puigdemont, pagado con fondos públicos y simulando ser un asesor del conseller. “El conseller me dijo que quería una persona que proviniese de Mossos y que tuviese experiencia en el ámbito de la seguridad. Sé que sondeó a varias personas y me comentó que algunos se negaron a ir de asesores porque era una situación políticamente muy delicada. Los policías son reticentes, como funcionarios, a adoptar posiciones en las que se les pueda identificar políticamente. Y en el cargo de asesor quedaban identificados en una determinada dirección”.

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A Escolà, en cambio, el ser funcionario no le privaba de significarse políticamente, ya que sus proclamas independentistas en las redes sociales le dejaban en evidencia. Durante casi año y medio, publicó fotografías siguiendo a Carles Puigdemont por medio mundo, velando supuestamente por su seguridad. Quedaba muy clara su ideología y sus preferencias.

Pero la cúpula de Interior, por lo que declararon los tres primeros espadas de Buch en el juicio, no se enteró de nada. “No prestábamos atención a los viajes que hacía, porque eran en clave personal y nosotros no teníamos noticia, puesto que el departamento no los pagaba. Dónde estaba en el día a día, lo desconozco”, admitió el secretario general del departamento. Y sobre el hecho de que Escolà alardeaba de ser el jefe de seguridad de Puigdemont durante la fuga, aseguró: “No tuvimos conocimiento de nada, porque no mirábamos los tuits. Fueron dos años muy convulsos”. Tampoco el director general de la Policía sabía nada. “No tengo conocimiento de que Escolà hubiese hecho varios desplazamientos al extranjero para acompañar al president Puigdemont. Ni tampoco de que había otros funcionarios en activo del Cuerpo que se desplazaban a Bruselas para realizar tareas de acompañamiento del president Puigdemont”. Eran de los pocos catalanes que lo ignoraban, porque hasta la prensa le había dedicado a la actividad del sargento un sinfín de titulares.