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El Govern prorrogó irregularmente contratos por casi 200 millones con la excusa del 155
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Gobierno de Quim Torra

El Govern prorrogó irregularmente contratos por casi 200 millones con la excusa del 155

Un informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña detecta expedientes tramitados al margen de la normativa. Empresas amigas mantuvieron durante un año adjudicaciones realizadas a dedo por Jordi Puigneró

Foto: Quim Torra (d) y Jordi Puigneró (i) en una imagen de archivo. (EFE/Quique García)
Quim Torra (d) y Jordi Puigneró (i) en una imagen de archivo. (EFE/Quique García)

El Govern de Cataluña prorrogó contratos por casi 200 millones de euros en la época de Quim Torra de forma presuntamente irregular, según un informe de fiscalización realizado por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Este escrito hace referencia a los expedientes del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), el organismo que regula todas las Telecomunicaciones de la Generalitat. "El Consejo de Administración del CTTI aprobó un plan de continuidad extraordinario para suspender la incoación del expediente de contratación y ampliar 9 meses la prestación de servicios o suministros de 20 contratos (dos expedientes en el ejercicio 2019 y 18 expedientes en el 2018, por 13,81 millones y 178,58 millones respectivamente). Estas ampliaciones de plazos, incluidas en el plan de continuidad extraordinario, así como las respectivas revisiones de los importes de adjudicación llevadas a cabo, no se adecuan a la normativa vigente", denuncia el estudio.

Según el CTTI, el plan de continuidad extraordinario "fue motivado por la existencia de circunstancias excepcionales": "La aplicación del artículo 155 de la Constitución española y el hecho de que el Govern de aquel momento estuviese en funciones podrían haber generado un escenario de inseguridad a las empresas que querían presentar licitación". El artículo 155 fue la toma de control de la Generalitat por el Gobierno español, después de que Carles Puigdemont hubiese proclamado la independencia unilateralmente, justo antes de su huida hacia Bélgica en octubre de 2017.

Foto: La Consejera de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Serret. (EFE/Juanjo Galán)

La Administración catalana señala también como causa de la sorprendente decisión de prórroga que el Govern "estaba en funciones" y "pendiente de la constitución de un Govern nuevo; la aplicación del principio de prudencia para garantizar la decisión del nuevo Govern y la aplicación del principio de preservación del interés general, ya que la interrupción de la prestación de los servicios objeto de estos contratos podría provocar un daño al interés público".

Las elecciones autonómicas fueron en diciembre de 2017 y las tensiones internas entre los partidos independentistas impidieron que se formalizase el Ejecutivo hasta el mes de mayo, con la elección de Quim Torra como president. Habían pasado ya seis meses desde las elecciones y su nombramiento fue fruto de un pacto a la desesperada entre fuerzas independentistas, que se jugaban el volver a repetir los comicios y perder la exigua mayoría que tenían entre JxCAT, ERC y la CUP.

Una decisión de Jordi Puigneró

Sea correcta o no esa interpretación de la Generalitat, lo cierto es que las prórrogas fueron aprobadas por el consejero de turno, que era Jordi Puigneró, titular de Políticas Digitales y Administración Pública, que entonces ya formaba parte del Ejecutivo de Torra. En las últimas elecciones, este conseller fue elegido vicepresidente del Govern. Era el hombre que puso Carles Puigdemont para marcar de cerca al nuevo president de la Generalitat, Pere Aragonès. Puigneró salió del Ejecutivo en septiembre pasado, tras la abrupta ruptura entre ERC y JxCAT.

Una de estas adjudicaciones era la referida al aprovisionamiento de la infraestructura de los centros de procesamiento de datos, cuyo contrato acabó en julio de 2019. El servicio se siguió prestando hasta dos meses más tarde. Pero, inmediatamente, el Govern de Torra formalizó dos convenios "por el procedimiento negociado sin publicidad por 1,61 y 6,14 millones de euros, respectivamente, por un periodo de 6 meses, prorrogable a 6 meses más cuando, por la naturaleza del contrato, correspondía utilizar un procedimiento abierto". "Finalmente, los días 5 y 11 de junio de 2020 se adjudicaron, por procedimiento abierto, los dos contratos, por 20,39 y 58,43 millones de euros, respectivamente. Los procedimientos utilizados para estas dos contrataciones, antes de las licitaciones finales por procedimiento abierto, no respetaron los principios de concurrencia y objetividad de la ley y no se adecuaban a la normativa vigente", dice el informe. Estuvieron, pues, 11 meses trabajando con contratos millonarios adjudicados a dedo por el Govern.

En muchos casos, además, no figuraba el informe jurídico preceptivo para firmar el convenio

La Sindicatura detectó defectos formales en todos los expedientes del CTTI firmados en 2019. No se especifican las causas y forma de extinción de los convenios, la forma de finalizar las actuaciones en curso en caso de extinción anticipada o el establecimiento de responsabilidades por la gestión del convenio. Tampoco el seguimiento y control de los trabajos o la falta de especificación de los órganos y procedimientos a los que se han de someter las diferencias que puedan surgir.

En muchos casos, además, no figuraba el informe jurídico preceptivo para su firma. Una de las ocasiones, por ejemplo, se refiere al encargo de un convenio por más de 527.000 euros en diciembre de 2019, pero las prestaciones habían comenzado en enero de ese año. Además, el CTTI no publicó nunca en el diario oficial ni en el portal de la transparencia los convenios y sus protocolos.

Irregularidades en las facturas

En tres expedientes se detectó que "las fechas de las primeras facturas de los proveedores eran anteriores a la fecha de formalización de los correspondientes contratos", lo que supone una nueva supuesta irregularidad. "En algunos de los contratos revisados, se han detectado determinadas incidencias relacionadas con la contratación separada de prestaciones que deberían de haber sido objeto de un único contrato por el hecho de estar relacionadas con contrataciones sucesivas para cubrir necesidades recurrentes o previsibles", relata el informe.

Este último punto viene a decir que se troceaban los expedientes para adjudicar directamente a determinadas empresas. Por eso, una de las advertencias de la Sindicatura de Cuentas es que "en algunos de los contratos revisados se ha incumplido la prohibición de suscribir contratos menores que individualmente o conjuntamente superasen los valores máximos autorizados para este tipo de contratos". Para este comportamiento, el CTTI tiene un argumento: la normativa vigente "permitía la recurrencia durante 3 años consecutivos de contratos menores, siempre y cuando estuviese justificada la misma. En los expedientes referenciados en la muestra, entendemos que figura una justificación por parte del órgano de contratación, o en todo caso se trata de objetos no coincidentes".

El descontrol parece ser una de las deficiencias del organismo que controla todas las telecomunicaciones de la Generalitat de Cataluña. Entre otras cosas, se detectó desde 2017 "no se ha sometido a ninguna auditoria de cumplimiento de las medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal, contrariamente a lo que dice el Real Decreto 1720/2007, que establece que, como mínimo, ha de ser una auditoría bienal". "La última auditoría, correspondiente al ejercicio 2017, concluyó que el grado de cumplimiento del CTTI no era favorable, ya que este no superó el 64%", concluye.

El Govern de Cataluña prorrogó contratos por casi 200 millones de euros en la época de Quim Torra de forma presuntamente irregular, según un informe de fiscalización realizado por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Este escrito hace referencia a los expedientes del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), el organismo que regula todas las Telecomunicaciones de la Generalitat. "El Consejo de Administración del CTTI aprobó un plan de continuidad extraordinario para suspender la incoación del expediente de contratación y ampliar 9 meses la prestación de servicios o suministros de 20 contratos (dos expedientes en el ejercicio 2019 y 18 expedientes en el 2018, por 13,81 millones y 178,58 millones respectivamente). Estas ampliaciones de plazos, incluidas en el plan de continuidad extraordinario, así como las respectivas revisiones de los importes de adjudicación llevadas a cabo, no se adecuan a la normativa vigente", denuncia el estudio.

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