El Govern burló a Interior y puso escolta a Puigdemont mientras estaba huido en Waterloo
Comienza el juicio contra el exconseller Miquel Buch y el sargento Lluís Escolà, acusados de prevaricación y malversación
El Gobierno catalán organizó un servicio de escolta para Carles Puigdemont en Bélgica, pese a estar huido de la justicia española, a espaldas del Gobierno central y pese a haber recibido una negativa del Ministerio del Interior para enviar Mossos d’Esquadra. Así lo declaró este miércoles el exjefe de Investigación Criminal del cuerpo policial, actual intendente jefe en el área básica de seguridad de Rubí, T. Rodríguez. Este alto cargo fue el que investigó la labor del sargento Lluís Escolà como escolta supuestamente ilegal de Puigdemont. Escolà fue contratado como asesor de sistemas de seguridad del conseller de Interior, Miquel Buch, aunque su verdadero cometido era organizar el servicio de escolta del fugado. Tanto Escolà como Buch son juzgados en la Audiencia de Barcelona, desde este miércoles, por supuesta prevaricación y malversación. Al exconseller se le piden 6 años de cárcel y 27 de inhabilitación, mientras que al sargento se le solicitan 4 años de cárcel y 15 de inhabilitación.
El Govern que entonces presidía Quim Torra intentó poner una escolta oficial a Puigdemont, después de que éste pidiese tener las prerrogativas de todos los expresidentes: oficina, personal subalterno, coche oficial y escolta. El Govern pidió permiso al Ministerio del Interior para enviar un grupo de escoltas a Waterloo, pero el Gobierno central denegó la petición. Por ello, el Govern simuló contratar al sargento Escolà como asesor de Buch pero su verdadero cometido era organizar la seguridad del fugado tanto en Bélgica como en sus desplazamientos por medio mundo.
El exjefe de Investigación Criminal de los Mossos subrayó que el sargento realizó las labores de protección. “Lo sabemos porque él lo dice en las redes sociales. Pero aparte de la exhibición pública en Twitter, hay personas que lo pueden corroborar. Por ejemplo, un cabo fue a Waterloo para echar una mano en la protección de Puigdemont y, al volver, dijo que Escolà estaba reclutando gente para proteger al expresident. Como mínimo, había dos personas conocidas que estaban haciendo esas labores. Además, cuando se escapó a Bélgica, iban otros dos mossos y cuando fue detenido en Alemania, en marzo de 2018, también había otros dos agentes. Sabemos que todos ellos, más el cabo que fue a Waterloo, estaban en la protección, pero se sabía que había bastantes más. El cabo dejó constancia en un correo electrónico de esa realidad y eso generó mucha incomodidad en la estructura del cuerpo”, relató el alto mando.
Presiones sobre el jefe de los Mossos
Escolà fue el escolta que ayudó a Puigdemont a escapar de España el 29 de octubre de 2017, justamente cuando se decretó la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se le destituyó como president de la Generalitat. De ahí hasta julio de 2018, no trabajó en su cometido ni un solo día. Es cierto que el 30 de octubre de 2017 se le abrió expediente y luego se le abrió una cautelar determinando su traslado del área de escoltas a la comisaría de Martorell, pero Escolà cogió la baja y nunca se incorporó a su destino. En junio de 2018, hubo resolución definitiva de su expediente, que anulaba el traslado a Martorell, pero inmediatamente se creó una plaza a su medida para ser contratado como asesor del conseller Miquel Buch.
Para llegar a ese extremo, hubo toda una operación política. “En marzo de 2018, se producen tres acontecimientos relevantes —dijo el intendente—. Por un lado, a Escolà se le destina a Martorell, por lo que tendrá más dificultades para moverse. En segundo lugar, a Carles Puigdemont lo detienen en Alemania. Y en tercer lugar, a Escolà se le habían acabado los días de permiso y es entonces cuando coge la baja”.
Pero se produce otro acontecimiento aún más importante: Albert Ballesta, sustituto de Puigdemont en la alcaldía de Girona, era entonces delegado del Govern en esa demarcación y llamó al jefe de los Mossos, el comisario Ferran López. “Le dice vehementemente que se le dé una excedencia a Escolà, que estaba de baja y destinado cautelarmente a Martorell. López deniega esa petición y es tratado por el señor Ballesta … no quiero decir amenazadora, pero sí vehemente. Al día siguiente, vuelve a llamar a Ferran López. ‘¿Ya te has pensado eso?’, le reiteró. Y Ferran le volvió a comunicar que no se le daba la excedencia”. El empeño del aparato independentista por blindar a Escolà fue intenso.
Pero también fue exitoso. A comienzos de junio de 2018, el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, difundió a través de TV3 que el fugado tenía problemas con su seguridad en Alemania y que se había de hacer algo. El día 13 de ese mes, Puigdemont hace alegaciones reclamando sus prerrogativas como expresident. Tres días después, Buch viaja a Alemania para entrevistarse con él. Inmediatamente, Elsa Artadi, portavoz del Govern, dice que ya se están implementando las prerrogativas y la primera era la seguridad. El 12 de julio, el Ministerio del Interior rechaza poner escolta de Mossos. Ese día, Alemania deniega la extradición y al día siguiente Escolà viaja a Hamburgo para entrevistarse con el fugado. Una semana más tarde, se plantea la creación de la plaza de asesor para que sea ocupada por Escolà y el 27 de julio se publica en el diario oficial. A partir de ahí, el sargento se dedicó en cuerpo y alma a proteger a Carles Puigdemont a cualquier sitio que éste viajase y, además, alardeaba de ello en las redes sociales, especialmente en Twitter. Tras la presentación de una querella por parte del Ministerio fiscal, Escolà borró su cuenta de Twitter, pero para entonces los investigadores ya habían sacado copia de todos los mensajes que había publicado.
"No tiene en cuenta las sospechas de que ha realizado más viajes y de que podía estar fuera pero se computa como estancia en Cataluña”
Lo que está acreditado es que entre el 30 de julio de 2018 y el 11 de marzo, Lluís Escolà figuró como asesor del conseller. Fueron 224 días de los que 103 el sargento estuvo fuera de España, 101 estuvo aparentemente en Cataluña y 20 días se ignora su paradero. “Pero ese cómputo no tiene en cuenta las sospechas de que ha realizado más viajes y de que en algunas ocasiones podía estar fuera pero se computa como estancia en Cataluña”, sostuvo el intendente.
14 informes “sospechosos”
Quedó también muy claro que durante esos 224 días la labor del sargento, oficialmente, fue escribir 14 informes (algunos, de folio y medio de extensión, mientras los más largos tenían unas 4 páginas), sobre diferentes temas, como los extremismos, la vigilancia. “Pedimos a Interior los resultados del trabajo del señor Escolà y nos dieron los 14 informes, de los que tuvimos serias dudas sobre la identidad del autor. Aparte de eso, no pudimos tener ni registros de trabajos, ni registros de entradas o salidas del señor Escola, no había ordenador a su nombre, ni ficha, ni teléfono, ni agenda, ni correo electrónico… no había nada sobre él. Ningún rastro en Interior”.
La sorpresa salta cuando los agentes tienen acceso a los informes. “El contenido es pobre y lleno de errores. Cada informe tiene una fecha, en teoría, de confección del informe. Pero ahí es donde hay datos desconcertantes. Hay cuatro informes que teóricamente se entregan en mano pero tenemos certificado que en esos días estaba fuera. En otras ocasiones, dicen que. Se entregan quince días después. Hay dos informes que se envían por correo electrónico. Uno de ellos, se envía cuando Lluís Escolà está en Cataluña. Otro de ellos, es enviado con el pie de firma de otra persona, el adjunto del jefe de gabinete de Miquel Buch y no correspondería por tanto a Escolà. El informe número 7, por ejemplo, es enviado también por correo electrónico a la 1.42, pero e tiene constancia de que a las 12 horas se encontraba en un aeropuerto y que de allí a un tiempo cogía un avión. Lo que más nos llamó la atención es que el sargento entregaba los informes en mano cuando teóricamente estaba fuera de Cataluña y, sin embargo, los enviaba por correo electrónico cuando oficialmente se encontraba aquí”.
Las defensas intentaron minimizar la opinión del alto cargo de los Mossos sobre el contenido de los informes, pero éste se abstuvo de calificarlos. “Nosotros no queríamos valor los trabajos, porque no somos especialistas en extremismos, en terrorismo yihadista, en sistemas de seguridad en grandes concentraciones, etc. Entonces, distribuimos los informes, de manera anonimizada, a unidades especializadas para que nos dijesen el grado de fiabilidad que tenían”, dijo el alto cargo policial.
Según los responsables policiales, una asesoría para hacer esas labores no tenía mucho sentido. “Hay una unidad técnica y de planificación que se dedica a realizar informes. Pero luego hay especialistas en cada una de las materias y esos especialistas pueden informar”, declaró el subinspector que actuó como secretario de la investigación. De hecho, cuando el conseller necesita informes específicos para reuniones o actos, se le hacen informes a medida desde diferencias unidades especializadas de los Mossos. Es una práctica que está muy institucionalizada y se les llama “apeláez”. “Ya viene definida en el reglamento lo que debe ser una “apeláez”: por ejemplo, sobre manifestaciones, sobre mediación, sobre alerta de terrorismo o sobre lo que sea”, concluyó el intendente. Nada extraordinario, pero sí mucho más concreto y concluyente de lo que parecían ser los supuestos informes elaborados por el sargento Escolà.
El Gobierno catalán organizó un servicio de escolta para Carles Puigdemont en Bélgica, pese a estar huido de la justicia española, a espaldas del Gobierno central y pese a haber recibido una negativa del Ministerio del Interior para enviar Mossos d’Esquadra. Así lo declaró este miércoles el exjefe de Investigación Criminal del cuerpo policial, actual intendente jefe en el área básica de seguridad de Rubí, T. Rodríguez. Este alto cargo fue el que investigó la labor del sargento Lluís Escolà como escolta supuestamente ilegal de Puigdemont. Escolà fue contratado como asesor de sistemas de seguridad del conseller de Interior, Miquel Buch, aunque su verdadero cometido era organizar el servicio de escolta del fugado. Tanto Escolà como Buch son juzgados en la Audiencia de Barcelona, desde este miércoles, por supuesta prevaricación y malversación. Al exconseller se le piden 6 años de cárcel y 27 de inhabilitación, mientras que al sargento se le solicitan 4 años de cárcel y 15 de inhabilitación.
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