Puigdemont usa Plataforma per la Llengua para intentar silenciar a El Confidencial

Carles Puigdemont y su entorno más cercano han iniciado una campaña en redes sociales para usar la Plataforma per la Llengua como instrumento para silenciar a El Confidencial y sus informaciones sobre las estructuras jurídicas y financieras que apoyan al 'expresident' huido y su operativa desde Waterloo. Así, se ha acusado de manera falaz a este diario de "delitos de odio" o de "difamar" amparándose en un fallo de un tribunal civil belga sobre un delito inexistente en el derecho penal de ese país, que al tratarse de una sala civil tampoco puede decidir sobre delito alguno. Además, se ha falseado el contenido de la sentencia.

En 2020, El Confidencial publicó dos informaciones sobre Plataforma per la Llengua, una entidad centrada en la defensa del catalán. La primera, en el mes de febrero, sobre cómo se había creado una filial en Bélgica de actividad desconocida. Y en junio, sobre cómo se había elegido que los nuevos socios de la entidad fueran también socios de la entidad europea, sin aclarar que parte de sus cuotas se iba a Bruselas. El 24 de enero de ese año se había enviado un 'mail' a Sergi Sabaté, entonces jefe de prensa de la entidad, con nueve preguntas sobre la cuestión. En los casos en que respondieron, se recogió su versión de los hechos. Se le ofreció a Sabaté un contacto directo que fue rechazado por el interesado, quien prefirió relacionarse por correo electrónico.

Tras la publicación, ni Sergi Sabaté ni nadie de Plataforma per la Llengua se puso en contacto con el periodista que firma esta información o con El Confidencial para rectificar ni total ni parcialmente estas informaciones.

En febrero de 2021, un año después, la plataforma demandó al periodista sin otro aviso. La demandante era Margarida Payola, directora general de Plataforma per la Llengua-Europa ASBL y en ese momento asesora de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo. El Confidencial decidió no personarse en la causa por entender que se trataba de una estrategia legal para cercenar la libertad de información, centrada en provocar gastos legales a un medio de comunicación para que no pueda seguir informando sobre una cuestión determinada.

[Consulte aquí la sentencia dictada por el tribunal de Bélgica]

Se trata de un movimiento conocido como Slapp por sus siglas en inglés (Strategic Lawsuit Against Public Participation), procedimiento legal cuya intención es la intimidación y silenciamiento de sectores críticos, en la mayoría de los casos periodistas, activistas, sindicalistas y oposición política. No se trata de un invento del independentismo, sino una práctica habitual contra el periodismo de investigación y otras actividades comunes en la vida democrática diaria.

Ajena a una lógica jurídica

La demanda se mostraba ajena a una lógica jurídica. Se denunciaba a un medio de comunicación español, cuya difusión es en España, no en Bélgica, y cuya sede está en España, ante un tribunal civil belga. Además, por parte de una ciudadana española, Margarida Payola, quien a su vez trabajaba para otro ciudadano de nacionalidad española, Carles Puigdemont; al margen de dónde se había producido el daño y se encontraban los actores de los hechos que se sometían a la autoridad del tribunal.

El 25 de marzo de este año, el tribunal de primera instancia civil de Bruselas condenó al periodista por no haberse presentado ante el juzgado, pero sin entrar en el fondo de la cuestión, la cual no es valorada en la sentencia en ningún momento. "Según los artículos 8.4 del Código Civil y 870 del Código Judicial, cada una de las partes tiene la carga de probar los hechos alegados. Cualquiera que quiera hacer valer una reclamación legal debe probar los actos o hechos jurídicos que sustentan su reclamación. Todas las partes deben colaborar en la administración de la prueba", apunta el juez belga para justificar su decisión.

La pasada semana, Plataforma per la Llengua en España, no en Bélgica, emitió un comunicado plagado de falsedades, donde se imputaba al periodista un "delito de odio" que no recoge la sentencia. Además, le atribuía una falsa acusación de "malversación" que no figura en ninguno de los dos artículos publicados. Es significativo que en su comunicado no reproduzca ni un solo párrafo de la sentencia.

Campaña en redes

El comunicado provocó una campaña en redes. Hasta aquí, lógico y previsible. La cosa se le fue de las manos al independentismo cuando se sumaron asesores de Puigdemont, como Aleix Sarri, director de la oficina europarlamentaria de JxCAT, hablando de "cloacas mediáticas". También el jefe de la oficina de Puigdemont como 'expresident' de la Generalitat, Josep Lluís Alay: "Que los Lamelas y otros difamadores habituales se confiten su veneno en Bruselas". El propio Carles Puigdemont se sumó al coro calificando en su cuenta de Twitter la noticia de invención "sin una sola prueba" y lamentando que el periodista que firma esta información dé clases en la universidad. Al parecer, los documentos registrales belgas que se aportaban en la información original no parecieron prueba suficiente.

Desde que Puigdemont huyó a Bélgica en 2017, El Confidencial se ha caracterizado por desvelar los movimientos del independentismo en Bruselas. Sacó a la luz la constitución de las asociaciones CATGlobal ASBL y CATCiP AISBL, su intento de actuar como 'lobby' ante la Comisión Europea, la financiación recibida desde otras entidades soberanistas o las dudas sobre las cifras reales de afiliados que dice tener el Consell per la República, entre otras informaciones.