Competencia anula por amaño el último contrato millonario firmado por Quim Torra

Una de las últimas resoluciones de Quim Torra como 'president' ha terminado en escándalo. La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), un organismo autónomo que depende de la Generalitat, ha anulado un contrato millonario con la firma Iniciatives Events por amaño. El organismo además ha prohibido al Govern que contrate durante los dos próximos años a la compañía, encargada hasta ahora de organizar los actos de la Presidencia de la Generalitat. El fraude en los contratos, que comenzó a producirse en 2017 con Carles Puigdemont en el poder, puede elevarse a los 3.358.000 euros.

Torra 'heredó' el contrato que Competencia ha anulado de su antecesor, pero él volvió a adjudicarlo. Días antes de ser inhabilitado, el 9 de septiembre de 2020, se acabó el plazo para presentar las ofertas de un concurso convocado en junio de ese mismo año por Torra. La finalidad del mismo era la contratación de la organización de todos los actos oficiales de Presidencia de la Generalitat para el año 2021, pero prorrogable hasta finales de 2023. En total, este único contrato le supondría al beneficiario 1.260.000 euros, en los que estaban incluidas la adjudicación anual normal y una modificación de 70.000 euros por año, según consta en el informe justificativo del concurso, al que ha tenido acceso El Confidencial.

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Al concurso se presentaron cuatro empresas: Mediaproducción, So i Art Prat, Iniciatives Events y Arcoiris Lighting Systems. Estas dos últimas, sin embargo, estaban confabuladas para reventar precios y hacerse con el concurso, según ha concluido Competencia. En realidad, ambas compañías tenían también otros intereses comunes, puesto que eran socias en una tercera firma, Iniciativas Barcelona Sports Consulting. El concurso fue adjudicado a Iniciatives Events, con importantes vínculos con el independentismo. Los dos propietarios de esta empresa, Toni Fusté y Roc Aguilera, fueron detenidos el 28 de octubre de 2020 en el marco de la operación Voloh, que dirige el magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Un auto judicial detalla que Iniciatives Events recibe cuantiosos fondos públicos de diversos organismos de la Generalitat, como Ferrocarrils (FGC), el Consell Català de l’Esport (CCE), la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) o la Agencia Catalana del Agua (ACA).

En ese auto, el juez pone algunos ejemplos de cómo actúa la empresa: “Presenta tres presupuestos necesarios a la Federación Catalana de Fútbol, pero como si se tratase de empresas sin ningún tipo de vinculación, con la garantía, por tanto, de que será Iniciatives Events la adjudicataria de los contratos, que se sufragan con cargo a las subvenciones públicas percibidas por la Federación Catalana de Fútbol”.

Trabajos para Tsunami Democràtic

Iniciatives Events está bajo sospecha judicial por amañar otros contratos. En los últimos años, ha sido la empresa de referencia para la organización de actos del independentismo: empezó acaparando los eventos de ERC y acabó organizando también los de JxCAT, Puigdemont, Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural e incluso los de Tsunami. Esta plataforma clandestina estuvo supuestamente dirigida por el exsecretario de Organización de ERC Xavier Vendrell, que curiosamente conducía coches de lujo pagados por Iniciatives Events.

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En el auto referenciado, el magistrado Aguirre señala que “los administradores de Iniciatives Events, siendo beneficiarios de cuantiosos contratos públicos, se han posicionado claramente a favor del independentismo, llegando a participar incluso en la ocultación de sobres y papeletas en una de sus naves, para ser utilizadas en el ilegal referéndum del 1 de octubre [en esas naves se localizaron casi 10 millones de papeletas y sobres], así como prestar apoyo logístico en las acciones de guerrilla de, por ejemplo, la ANC, tal y como se corroboró el 9 de octubre de 2020 en la visita del Rey a Barcelona: Events fue contratada para elaborar, transportar e instalar una foto del Rey con el anagrama de la ANC, de 3 metros de alto por 3 metros de ancho, a la que prendieron fuego en Via Laietana”. Conversaciones telefónicas grabadas por la Guardia Civil desvelaron también que Iniciatives trabajaba para Tsunami Democràtic, “acciones que cruzan la barrera de la legalidad”. Roc Aguilera, en una conversación telefónica, lo dejaba entrever: “Esto no se puede decir por teléfono, pero estamos haciendo cosas que no… ¿sabes?”.

Pero además de las entidades soberanistas cívicas y los partidos políticos, la mayor fuente de ingresos de Iniciatives estaba en la Generalitat. El concurso que la compañía ganó en septiembre de 2020 y convocado por Quim Torra estaba valorado en 1.260.000 euros (con el IVA, ascendería a 1.524.600 euros), según el expediente de la ACCO. En el texto, relata que Iniciatives y Arcoiris “mantuvieron contactos relacionados con la oferta a presentar en la licitación”. Así, desde Iniciatives se dan órdenes a la administradora de Arcoiris sobre la documentación que tenía que presentar y le envía los documentos parcialmente rellenados, incluyendo la oferta económica que ha de enviar a la Administración.

Desde 2017

En la investigación realizada por la ACCO, se puso de manifiesto que el mecanismo no era nuevo: en los concursos de 2019 y 2017, las dos empresas habían hecho lo mismo, por lo que falsearon el resultado de los concursos de Presidencia frente a las demás contendientes. Una de sus técnicas consistía en que ambas realizasen una baja temeraria, de hasta el 42% con respecto al precio presupuestado. Así, al determinar si había mala intención, el baremo para calibrar el porcentaje de la baja se mediría por la media de todas las ofertas y no sobre el precio del presupuesto. Este movimiento situaba a las dos empresas con una ventaja considerable respecto al resto.

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“La explicación más verosímil de esta conducta es que una estrategia consistente en presentar en solitario bajas económicas muy elevadas comporta un riesgo real de incurrir en una baja temeraria y, por lo tanto, ser excluido de la licitación, mientras que si la presentación de estas bajas se hace por parte de dos empresas, el riesgo disminuye de forma importante, con lo que se obtiene una ventaja sobre el resto de los licitadores”, dice el expediente de la ACCO.

El siguiente paso consistía en que Iniciatives ganase a Arcoiris en la oferta técnica y, de ese modo, se hacía sin problemas con la adjudicación, que fue lo que ocurrió con los concursos de Presidencia. Así, por ejemplo, en 2021, ambas compañías “acordaron expresamente que Arcoiris presentara una oferta perdedora desde el punto de vista técnico. Iniciatives preparó el ‘dosier técnico’ de Arcoiris y le indicó que no marcara la casilla relativa a la experiencia del personal técnico. ‘Así son tres puntos menos”, relata el fallo de Competencia.

Actuación de cártel

Las dos empresas también utilizaron en 2018 el mismo sistema en Calella (ayuntamiento regido por la exdiputada de Convergència Montserrat Candini) y en Igualada en 2020 (ayuntamiento regido por el exconvergente Marc Castells, del PDeCAT, partido del que surgiría JxCAT). En uno de los correos enviados por Iniciatives a Arcoiris se señala: “No sé si te ha comentado algo (…). Necesitamos un presupuesto para Calella. Será el que ganará, por lo tanto, se tendrá que facturar. Adjunto el concepto y precio, solamente faltará añadir el número de presupuesto vuestro y hacerlo en vuestro formateo”.

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Las conclusiones de la ACCO son contundentes: “De forma coincidente con la conducta analizada que contiene la propuesta de resolución, el TCDC de la ACCO considera que concurren los elementos objetivos y subjetivos requeridos para la imputación a Iniciatives y Arcoiris de una infracción única y continuada del artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia consistente en una práctica concertada en las licitaciones del Departamento de la Presidencia de 2021, 2019 y 2017 y en las licitaciones analizadas previamente en los ayuntamientos de Calella y de Igualada, constitutiva de un cártel, desde febrero de 2018 hasta febrero de 2021”.

La propuesta de resolución cuantifica el fraude en 2.775.684,30 euros (con el IVA, asciende a 3.358.578 euros), que es la suma de los presupuestos de los actos de Presidencia, Calella e Igualada, cifra que rebaja luego a 980.384 euros; la suma de las adjudicaciones en los concursos (con el IVA es de 1.186.264,64 euros). En este último cómputo, no obstante, no se tienen en cuenta las prórrogas que Iniciatives tuvo en Presidencia y que suponían el grueso de las adjudicaciones reales.

La ACCO mantiene en secreto el importe de la sanción interpuesta a ambas empresas e impone a la Administración “la prohibición de contratar a Arcoiris Lighting Systems y a Iniciatives Events con respecto a los procedimientos de contratación promovidos por el Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña y otros organismos dependientes” en cuanto a organización de eventos institucionales-protocolarios y espectáculos. Esta prohibición es por 24 meses. El Govern se ha quedado sin nadie que organice los actos de la máxima autoridad de Cataluña.