Una empresa ligada al exconsejero Puig se lleva 11 millones en contratos de la Generalitat

Una empresa vinculada al exconsejero Felip Puig recibió, desde mediados de 2019, más de 11 millones de euros en contratos de la Generalitat, otorgados por el área del actual vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró. Se da la circunstancia de que Puigneró había sido subordinado de Felip Puig hasta poco antes. Este ex alto dirigente de Convergència ya había sido consejero en tiempos de Jordi Pujol y recaló como consejero de Interior tras la elección de Artur Mas como 'president', para pasar luego a consejero de Empresa, cargo que desempeñó hasta la elección de Carles Puigdemont como 'president', en enero de 2016.

Puig había sido secretario general adjunto y secretario de Organización de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y estaba considerado el líder del grupo de jóvenes soberanistas que formaban el núcleo más radical del partido, apodado el 'pinyol' (hueso). De ese núcleo formaban parte, entre otros, Oriol Pujol, Joaquim Forn, Germà Gordó, David Madí, Lluís Corominas y Francesc Homs. Tras abandonar la Generalitat en 2016, fue nombrado presidente de la compañía TRAM, Tramvia Metropolità de Barcelona, de la que salió en septiembre del año pasado.

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Dos años más tarde de su cese como consejero, en febrero de 2018, Puig aterriza como 'socio director' de la compañía IN2 Ingeniería de la Información. A partir de esa fecha, esa empresa se vio beneficiada por varios suculentos contratos de la Generalitat de Cataluña. El primero fue otorgado por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña (CTTI), el organismo encargado de la ciberseguridad de esta institución.

Nuevamente, se da la circunstancia de que el CTTI había estado bajo el control directo de Puig durante su última etapa en la Generalitat, que había acabado un par de años antes. En esa área también destacaba entonces un joven llamado Jordi Puigneró, que bajo el mando de Puig fue nombrado director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y, posteriormente, secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital. Cuando Quim Torra fue nombrado presidente, pasó a ocupar el cargo de consejero de Políticas Digitales y Administración Pública.

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En 2021, tras la defenestración de Elsa Artadi a causa del boicot de un sector de JxCAT a su entrada en la Generalitat como vicepresidenta de Pere Aragonès, fue Puigneró el elegido para ser el hombre fuerte de Carles Puigdemont en el Govern.

La evolución de los contratos

La evolución de los contratos de la Generalitat con IN2, no obstante, arroja sospechas, ya que antes de febrero de 2018 solo constan dos contratos de la Administración autonómica con esta compañía: uno es de junio de 2017, con un monto de 10.890 euros, otorgado por el Institut Català de la Salut (ICS) para la implantación de la gestión documental gratuita Alfresco en los centros de atención primaria (CAP) de la ciudad de Barcelona. El otro es de octubre de 2017, otorgado por el Institut d'Asistència Sanitària (IAS), por un monto de 1.391 euros.

A partir de febrero de 2018, no obstante, los contratos se multiplican, aunque muchos de ellos son de pocos miles de euros. En total, constan 21 contratos en el ámbito sanitario, la mayoría de ellos otorgados por el ICS, pero también por el IAS y por la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS). En su conjunto, esos contratos suman algo más de 166.000 euros. A pesar de esa dilatada relación con Salud (en manos de ERC), los verdaderos chollos le llegaron a la empresa a través del área controlada por Jordi Puigneró, que había sido el responsable del área TIC de Convergència.

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El primer gran contrato comenzó a gestarse ese mismo año 2018: se trataba de introducir a IN2 en el acuerdo marco para realizar el servicio de mantenimiento de las aplicaciones de la Generalitat de Cataluña. Tras un dilatado proceso de licitación, el 1 de abril de 2019, se materializó el primer gran contrato para IN2, que concurrió en una unión temporal de empresas (UTE) denominada Geo TIC, junto a la firma Sistemas de Información Territorial y Posicionamiento, para ser una de las elegidas en los acuerdos marco establecidos para el área TIC del Govern.

La firma de Puig se convertía así en la empresa encargada de los sistemas de información geográfica. El informe de adjudicación del contrato, firmado el 6 de marzo de 2019 (aunque oficialmente la adjudicación definitiva fue realizada el 1 de abril de ese año), ascendió a 5.610.452 euros. Para hacerse cargo de ese contrato, se presentaron dos ofertas. La del rival, la empresa Telespazio, fue sensiblemente más económica, pero los técnicos del CTTI dieron una mayor puntuación a IN2 en los criterios subjetivos y esta empresa se acabó llevando el contrato por menos de dos puntos de diferencia.

Simplificar el trabajo

El 25 de noviembre de 2020, la suerte volvió a sonreír a la misma UTE: ese día le fue adjudicado otro contrato por valor de 4.114.000 euros por los servicios de los sistemas de información geográfica y geoespacial, un contrato que entró en vigor el 1 de enero de 2021, que se prolongará durante tres años y que puede ser prorrogado por un año más.

Fuentes de Vicepresidencia del Govern señalaron a El Confidencial que el hecho de firmar acuerdos marco se hace para simplificar el trabajo de la Administración. "Si cada vez que hay que requerir una aplicación o un trabajo se necesita abrir un proceso de licitación para concurso, la Administración solo viviría para el tema burocrático. Estaría 24 horas abriendo expedientes", señalaron las fuentes. De ahí que se recurra a homologar determinadas empresas, que de ese modo tienen ya el camino expedito para poder realizar un trabajo sin el corsé de los procesos burocráticos normales, dando juego a proveedores y haciendo más ágil la Administración. "Permite una mayor agilidad este sistema", recalcan desde el Govern.

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Las fuentes rechazan que pueda haber supuesto trato de favor a la empresa de Puig. "Simplemente, cuando alguien llega a una empresa y conoce cómo funciona la Administración, puede poner en marcha mecanismos que hasta entonces no se habían utilizado. Eso es lo que debió pasar para multiplicar los contratos de IN2". En otras palabras: la presencia de Felip Puig no fue determinante a la hora de otorgar los contratos. No puede dejar de sorprender, sin embargo, que las millonarias adjudicaciones provengan del área que estaba bajo su mando poco antes y que el consejero, máximo responsable de las mismas, fuese su antiguo subordinado, tanto en el partido como en la Generalitat.

Dos contratos por vía de urgencia

Porque las implicaciones del departamento de Puigneró van más allá que los dos acuerdos marco: en 2021, cuando Puig estaba a punto de abandonar la presidencia de TRAM, el CTTI volvió a concederle otro contrato. Esta vez, el contrato se otorgó a IN2 Ingeniería de la Información por vía de urgencia, sin licitación alguna y a dedo. Se trataba del sistema de información para la emisión y entrega de los certificados digitales covid de la Unión Europea. El monto total fue de 514.250 euros y el contrato, adjudicado en pleno mes de agosto, durante las vacaciones de verano, aunque el contrato firmado por el director gerente del CTTI, Xavier Milà, especificaba que la fecha de ejecución era del 11 de mayo al 31 de diciembre de 2021. Cuando se adjudicó, pues, ya hacía tres meses que IN2 estaba trabajando en el tema.

Curiosamente, este servicio pertenecía a la Consejería de Salud, pero las fuentes citadas de Vicepresidencia razonan que, en ese caso, el CTTI intervino por mandato de sus colegas de la consejería sanitaria. "No es que lo haga por su cuenta. El CTTI no decide qué licita, sino que le dicen lo que necesitan. De este modo, se centraliza la gestión, ya que es el organismo que gestiona todo el sistema informático". Minimizan, asimismo, el hecho de que sea precisamente una empresa con la vinculación política citada la que se llevase el contrato por vía de urgencia, sin licitación y sin competencia.

No fueron los únicos contratos concedidos por el Govern tras el cese de Puig como presidente de TRAM. El pasado 17 de noviembre, su compañía recibió otro pellizco de la Administración catalana, esta vez también en nombre de la UTE Geo TIC: se trataba del servicio de "análisis, desarrollo e implantación del sistema integral de la localización y seguimiento de la flota pesquera". Más conocido como Geoblau, este sistema pretende convertirse en "un sistema integral de gestión de la actividad pesquera catalana para que el sector pesquero y la Administración estén alineados en el objetivo de conservar y renovar los recursos pesqueros, los cuales son limitados, y promover una ordenación del sector pesquero para alcanzar una explotación eficiente y un aprovechamiento sostenido".

El cometido de este contrato es desarrollar aplicaciones para realizar un seguimiento de las embarcaciones pesqueras, las zonas donde operan y realizar "un cuadro de mando con reporte de información relevante generada durante la actividad de las embarcaciones que genere el conocimiento del estado y la evolución de la gestión de la flota y facilite la toma de decisiones y la aplicación de políticas activas en asuntos marítimos". Asimismo, la adjudicataria ha de poner en marcha aplicaciones para realizar análisis de tendencias, alertas y avisos, así como otras herramientas para poder gestionar los servicios auxiliares, como la gestión de multas, de inspecciones o llevar el control de accidentes.

Por este contrato, que expira el 31 de diciembre de 2023, la UTE se embolsará un total de 1.010.501 euros. Esta adjudicación se enmarca dentro del contrato marco homologado por la Generalitat y que entró en vigor a primeros de 2021.