Investigan el presunto amaño de un contrato durante la presidencia de Torra

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) investiga desde principios de año unos contratos adjudicados por la Presidencia de la Generalitat durante el mandato de Quim Torra. Las sospechas apuntan a que los contratos de la organización de todos los actos presidenciales de 2021 podrían estar amañados para ser adjudicados a una empresa en particular: Iniciatives Events. Los propietarios de esta sociedad fueron detenidos el pasado 28 de octubre en el marco de la operación Voloh, que dirige el magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona. Esta compañía es la que ha organizado los principales mítines de Carles Puigdemont en el sur de Francia y la que prestaba la infraestructura para las acciones de Tsunami Democràtic.

Aunque el procedimiento judicial está en marcha, la investigación de la ACCO es una acción paralela, que se inició después de que el organismo recibiese una denuncia en noviembre de 2020 por una supuesta “concertación entre empresas independientes en el marco de la contratación pública”. Al parecer, habría habido una “coordinación” entre varias firmas para supuestamente amañar los procesos de “licitación de los actos y eventos institucionales del presidente de la Generalitat”. Ante las sospechas, el director general de la ACCO, Marc Realp, abrió diligencias previas y el pasado 12 de enero inició un “trámite de información reservada con la finalidad de determinar la existencia de indicios de infracción de la normativa de defensa de la competencia”.

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El expediente de la ACCO relata que “la supuesta conducta colusoria consistiría en la realización de prácticas restrictivas de la competencia en licitaciones públicas que tienen por objeto la contratación de los servicios de realización técnica de actos y eventos institucionales o protocolarios. En concreto, los acuerdos entre empresas licitadoras habrían provocado que sus decisiones empresariales no se hayan realizado de manera independiente y autónoma, sino que estas empresas habrían coordinado sus comportamientos con una finalidad anticompetitiva”.

La trampa consistía en que varias empresas acudían a la licitación con dos objetivos fundamentales: el primero, provocar que la adjudicación se la llevase una de estas empresas dando una apariencia de pluralidad al concurso al presentarse varias ofertas aparentemente sin conexión entre ellas; el segundo, asfixiar a los rivales con esta estrategia, ya que en ocasiones se presentan ofertas muy por debajo del presupuesto previsto de licitación establecido por la Administración. Ello deja sin opciones a los rivales.

Un concurso de junio de 2020

Las investigaciones en cuestión se centran en un concurso convocado el 18 de junio de 2020 por un importe de 423.000 euros. “El motivo de este procedimiento es la prestación del servicio de realización técnica de los actos y acontecimientos institucionales del presidente de la Generalitat en el Palau y en el resto de espacios donde se lleven a cabo”, dice el informe justificativo del Govern, al que ha tenido acceso El Confidencial. Ese concurso fue convocado para la realización de todos los eventos del ‘president’ entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, aunque podrían establecerse dos prórrogas anuales, por lo que el monto total, según las cláusulas, sobrepasaría los 1.260.000 euros. Se trata, pues, de un ‘regalo envenenado’ que Quim Torra dejó a su sucesor en la presidencia de la Generalitat.

Curiosamente, este concurso se convocó con tramitación de urgencia con motivo de la pandemia y se fijó el día 4 de septiembre como la fecha tope para la presentación de ofertas. Aun así, el acta definitiva de la mesa de contratación lleva fecha del 25 de noviembre de 2020, con la decisión de otorgar la adjudicación a Iniciatives Events. Sin embargo, la adjudicación no se produjo hasta el 24 de febrero de 2021, justamente después de las elecciones autonómicas, cuando teóricamente ya se habían celebrado algunos de los actos previstos en el mismo y ya estaba en marcha la investigación de Competencia. Su formalización lleva fecha de 19 de marzo.

A la licitación concurrieron cuatro empresas: Iniciatives Events, Arcoiris Ligting Systems, So i Art Prat y Mediaproducción. Las dos primeras están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Toni Fusté y Roc Aguilera, los propietarios de la primera, fueron detenidos, acusados de participar en la organización de actos de Tsunami Democràtic y de supuestamente amañar contratos públicos, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona. Esta compañía, que fue la que finalmente se llevó el concurso de Presidencia, organiza no solo todos los actos de la cúpula del Govern, sino también de ERC, JxCAT, la ANC y Òmnium Cultural.

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Según un informe de la Guardia Civil, los dueños de Iniciatives Events se sirven de varias sociedades (entre ellas, Arcoiris) garantizándose el “presentar distintos presupuestos en un mismo expediente de contratación para garantizar que ganará la licitación”.

Al servicio del independentismo

El año pasado, Inciatives Events fue la encargada de diseñar, fabricar, transportar e instalar una fotografía gigante de Felipe VI para quemarla públicamente en una calle de Barcelona durante una visita del monarca el 9 de octubre de 2020 (quien le prendió fuego fue la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie). Ese mismo día, organizó un encuentro en Perpiñán entre Quim Torra, Artur Mas y el fugado Carles Puigdemont. Iniciatives fue también la responsable del primer gran mitin de Puigdemont en Perpiñán el 28 de febrero del año pasado, días antes de decretarse el estado de alarma. Asimismo, proporcionó infraestructura para cortar la autopista en La Jonquera durante las duras protestas del otoño de 2019 y un escenario en Barcelona, cortando la Gran Vía, durante la vigilia electoral de las generales de 2019, vulnerando la normativa que prohíbe hacer campaña el día anterior a unos comicios. Días antes del 1 de octubre de 2017, en una de sus naves, se incautaron 1.880.000 sobres cuyo destino era el referéndum ilegal y 2.496.000 papeletas de votación. Su vinculación con el independentismo está fuera de toda duda.

Esta era una compañía a la que Xavier Vendrell, que supuestamente era el jefe de Tsunami Democràtic, exsecretario de Organización de ERC y 'exconseller' de Gobernación (también detenido en octubre de 2020), había promocionado y a la que salvó de la ruina, ofreciéndole desde Esquerra una cantidad fija mensual. Tal es su ascendiente sobre la compañía que un informe de la Guardia Civil recalca que “se podría aseverar que Xavier Vendrell pudiera ser, en realidad, administrador de hecho de Iniciatives Events, lo que implica que, en realidad, estaría obteniendo de forma indirecta fondos públicos canalizados de una forma irregular a través de aquella sociedad”. La compañía recibió contratos a través de diversos organismos públicos como Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Incasol o el Consell Català de l’Esport.

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El citado informe apunta también a que puede haber más contratos bajo sospecha. Por ejemplo, la organización de los actos oficiales de la Diada de 2020. La Guardia Civil asegura que para ese evento se fraccionó el trabajo en un contrato para las cuestiones técnicas y otro para la creatividad. En esa adjudicación, “emerge nuevamente la figura de Xavier Vendrell, quien es interpelado por Toni Fusté para que hable con Ignasi Genovès [director general de Medios de Comunicación del Govern] y este, a su vez, traslada una serie de instrucciones al mencionado Vendrell sobre el objetivo de ese servicio en el que se pretende que participen los políticos de ERC encarcelados”. Se trataba de realizar un vídeo de homenaje en el que apareciesen los condenados para proyectarlo durante los actos oficiales de Presidencia de la Generalitat.

Según la documentación en poder de este diario, Iniciatives Events recibió 108.900 euros por “el diseño creativo, el desarrollo artístico de este diseño y la dirección y coordinación artística del acto institucional del 11-S de 2020”. No hubo más licitadores para este concurso, por lo que forzosamente la adjudicación recayó en esta empresa el 29 de julio del pasado año. En el pliego de prescripciones técnicas del contrato, se señalaba que el objetivo principal era "poner en valor la fiesta de la Diada Nacional de Cataluña con el interés de llevar a cabo un acto con la solemnidad requerida en un acto institucional y ofrecer un espectáculo idóneo para la ocasión y para todos los públicos". Y añadía: “El mensaje ha de ser sobrio, elegante, atractivo y aglutinador. El tono ha de ser solemne”. Desde 2017, Iniciatives firmó contratos con la Administración por, al menos, tres millones de euros, pero no ha sido hasta ahora cuando ha levantado las sospechas de que algo turbio puede haber tras las adjudicaciones oficiales.