Aragonès da un contrato de 423.000 euros a una empresa investigada por corrupción

Tener amigos en las altas esferas es una suerte inmensa. Que se lo pregunte, si no, a los propietarios de la empresa Iniciatives Events, Toni Fusté y Roc Aguilera, detenidos en octubre pasado en el marco de la Operación Voloh, pero que desde entonces se han visto agraciados con varias decenas de contratos públicos tanto otorgados desde el Ayuntamiento de Barcelona como desde la Generalitat, aunque están acusados de malversación de fondos públicos, cohecho, blanqueo de capitales y otros delitos.

Prueba de esa bonanza en los negocios es un nuevo contrato con la Generalitat de Cataluña: el actual ‘president’ en funciones, Pere Aragonès, que aspira a ser investido en los próximos meses, contribuyó a que Iniciatives Events no notase la crisis otorgándole a esa empresa el pasado 24 de febrero un contrato de 423.500 euros por el “servicio de realización técnica de los actos del Molt Honorable President durante el 2021”. En definitiva, que sea quien sea el próximo ‘president’, el negocio ya está hecho y la compañía tendrá su cuota de dinero público.

Curiosamente, a la licitación del concurso para hacerse con ese trabajo concurrieron 4 empresas: Iniciatives Events, Arcoiris Lighting Systems, Mediaproducción y So i Art Prat. Al menos Arcoiris, según los documentos judiciales del sumario de la Operación Voloh, es una empresa que los dueños de Iniciatives Events utilizaban para simular concurrencia, pero que, en realidad su presencia solo servía “para garantizar la adjudicación de los contratos”, según se explica en los documentos judiciales.

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La administradora de Arcoiris, Ruth Juncosa, fue detenida también en octubre pasado y está imputada por malversación de caudales públicos. Además, es socia de Fusté y Aguilera en la compañía Iniciatives Barcelona Sports Consulting, una firma de diseño gráfico e impresión. En resumidas cuentas, lo que se evidencia es que el Govern ha otorgado un suculento contrato a una compañía investigada por corrupción que, además, utilizaba empresas pantalla para adjudicarse contratos durante los últimos años. La paradoja es que en ese contrato hizo servir su tradicional sistema de aparente concurrencia de ofertas…

Unos días antes, en el mes de enero, la consejería de Salud, en manos también de ERC, le concedía otro contrato de 10.560 euros para “la cobertura de actos institucionales en el territorio”. Ese mismo departamento ya había contratado a esta empresa en el último trimestre del año pasado para la cobertura de las ruedas de prensa en el territorio durante el mes de diciembre, aunque en esa ocasión el contrato fue de 3.960 euros. Paralelamente, el Banco de Sangre y de Tejidos (BST) le otorgó otro contrato en diciembre para el suministro de “pantallas para visibilizar la donación” por un importe de 9.700 euros.

Protegidos de Xavier Vendrell

Toni Fusté y Roc Aguilera (este último con negocios en Andorra, a donde viaja con frecuencia), son dos protegidos de otro de los principales implicados en el sumario, Xavier Vendrell, exsecretario de Organización de Esquerra y exconsejero de Gobernación. El propio Vendrell explicaba a un amigo suyo, según una de las conversaciones intervenidas, que Iniciatives Events estaba a punto de quebrar y que logró rescatarla de una manera harto sencilla: ERC contrató a la compañía para que organizase todos sus actos a cambio de una cantidad fija mensual. En otras palabras, se convirtió en la empresa logística de cabecera de los republicanos. A partir de ahí, la compañía comenzó a recibir numerosos y suculentos encargos de Presidencia de la Generalitat, de los partidos independentistas y de las principales entidades soberanistas, como la Asamblea Nacional Catalanja (ANC) y Òmnium Cultural.

Esta compañía fue, por ejemplo, la que organizó los mítines de Carles Puigdemont en Perpignan el 29 de febrero del 2020 y el encuentro de Puigdemont con Quim Torra y Artur Mas en la misma ciudad en octubre del año pasado. También fabricó y trasladó la foto gigante del Rey para que la ANC pudiese quemarla en la vía pública como protesta por una visita de Felipe VI a Barcelona. Asimismo, organizó los actos de la Diada de Cataluña del 11 de septiembre no solo para Presidencia de la Generalitat, sino para Òmnium. La Guardia Civil tiene indicios de que también participó en montar muchas de las infraestructuras que hizo servir Tsunami Democràtic en sus actos de protesta, como el corte de la autopista en La Jonquera en otoño de 2019 y el escenario en el centro de Barcelona durante la vigilia electoral en las últimas elecciones generales, saltándose la jornada de reflexión. En un almacén de Iniciatives, ubicado en la localidad de Bigues i Riells, se encontraron también millones de papeletas y de sobres que estaban destinados a ser usados en el referéndum ilegal del 1 de octubre.

El Ayuntamiento de Barcelona no se queda atrás. Uno de los contratos más suculentos llevados por la citada empresa provenía del consistorio que preside Ada Colau, y se elevaba a un total de 942.148,77 euros, adjudicados el pasado 29 de diciembre para “el apoyo técnico y logístico para actos ciudadanos y protocolarios, junto al mantenimiento de los aparatos y las salas técnicas audiovisuales”. Con el IVA, el contrato ascendía a 1.140.000 euros.

El Ayuntamiento, bajo sospecha

Lo curioso del caso es que en el sumario del juzgado de instrucción número 1 que dirige el magistrado Joaquín Aguirre constan conversaciones telefónicas de uno de los propietarios con un alto cargo del Ayuntamiento de Barcelona en las cuales hay suficientes evidencias como para presuponer que en el consistorio barcelonés se están amañando concursos o contratos para beneficiar a esta empresa. La alegría y generosidad que tanto criticaban los comunes cuando estaban en la oposición se ha tornado ahora oscurantismo en cuanto a las adjudicaciones municipales, porque en el contrato del 29 de diciembre no hubo otras ofertas, no hubo competencia, no hubo rivales; solo hubo la voluntad del consistorio de otorgar ese contrato a una empresa determinada.

Eso sí, el consistorio cubrió muy bien el expediente: confecciono un informe con cuadros de colores con las puntuaciones otorgadas a las empresas, confeccionó otro informe con la valoración de los criterios de juicio de valor sobre la empresa y en el acta de la mesa de contratación a la que ha tenido acceso El Confidencial hizo constar que la empresa disponía de “dos patinetes eléctricos Egway ES2 y dos furgonetas Nissan Me0N/A/A02-E-NV-200 eléctricas”. Además, subrayaba el acta que “la empresa indica que el total de su plantilla es de 53 trabajadores, que tiene un total de 4 trabajadores con discapacidad en plantilla y que, en consecuencia, tiene un incremento del 5,55% sobre el mínimo”.

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Tras el contrato millonario del 29 de diciembre, el Ayuntamiento de Barcelona le otorgó 5 contratos menores en lo que va de año, por un monto de algo más de 33.000 euros. El 8 de marzo, sin embargo, le adjudicó otro contrato de 120.879 euros, concurso al que licitaron 4 empresas y en el que Iniciatives Events realizó una oferta considerada “anormal” en un informe oficial del Ayuntamiento, porque era mucho más baja que la de sus adversarios. En las actas se constata que la empresa justificó su oferta, pero no se indican los datos aportados para esa justificación: solo se certifica que se tiene en cuenta la oferta. Curiosamente, en el decreto municipal que le otorga el contrato, culminado el 8 de marzo, la cantidad por la que se concede la adjudicación es casi 30.000 euros superior a la oferta presentada en las plicas y certificadas por la mesa de contratación.

Este nuevo contrato se adjudicó para “la realización técnica de los actos y actos institucionales organizados por la Dirección Técnica de Actos Institucionales y Protocolo en los espacios del Ayuntamiento y en el resto de espacios donde se lleven a cabo, que estarán circunscritos al ámbito territorial de Barcelona”. Se trata, en realidad, de gestionar “los salones nobles de la Casa de la Ciudad [el Ayuntamiento] y del Palacete Albéniz”, según se explica en un informe justificativo interno del consistorio. Otro hermoso bocado a las cuentas públicas de una empresa bajo sospecha.