niega que se puedan hacer trampas

Así se amañan los concursos públicos en Cataluña, algo "imposible" según Mas

El presidente catalán, Artur Mas, no estuvo acertado esta semana en su comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento catalán

Foto: El presidente de la Generalitat, Artur Mas. (Reuters)
El presidente de la Generalitat, Artur Mas. (Reuters)

El presidente catalán, Artur Mas, no estuvo acertado esta semana en su comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento catalán. Tiró muchos balones fuera e insistió en reivindicar el sistema de adjudicaciones de la Generalitat como el mejor antídoto a las acusaciones que le puedan hacer. Ya lo dijo durante la comparecencia: “No puede haber habido donaciones a cambio de adjudicaciones. Y si no hay trato de favor por parte de la Administración, el resto se cae por su propio peso. No puede haber delito”.

Ante los diputados, Mas enumeró las dificultades que, según dijo, impiden amañar concursos. Aseguró en varias ocasiones que todas las adjudicaciones están basadas en fórmulas matemáticas infalibles. Como si eso fuera un escollo. Para muestra de lo contrario, un botón: poco después de llegar a la Generalitat, su Gobierno convocó un concurso para realizar auditorías sobre la gestión del Tripartito.

¿Por qué esa cláusula? Pues porque sólo dos o tres empresas reunían los requisitos y sería, por tanto, obligatorio que se llevasen las adjudicaciones

Eran concursos abiertos y en una de sus cláusulas especificaban que las compañías adjudicatarias habrían de tener una facturación anual superior a los 100 millones de euros. ¿Por qué esa cláusula? Pues porque sólo dos o tres empresas reunían los requisitos y sería, por tanto, obligatorio que se llevasen las adjudicaciones.

Amigos y conocidos

No era una cláusula al azar: las empresas que más opciones tenían eran Deloitte y PryceWaterhouseCoopers (PwC). ¿Y quién estaba en esas empresas?: En Deloitte, aterrizaba David Madí, hasta hacía muy poco mano derecha de Mas y director de Comunicación de Convergència; y en PwC estaba Joaquim Triadú, exconsejero de Presidencia con Jordi Pujol y convergente de pro. Nada más fácil que amañar el contrato, pues, que establecer una cláusula discriminatoria. 

Artur Mas estrecha la mano de David Madí. (EFE)
Artur Mas estrecha la mano de David Madí. (EFE)

Cuando El Confidencial publicó cuál era la trampa, el gremio de auditores se echó encima del Gobierno, que tuvo que anular los concursos convocados y eliminar la polémica cláusula.

Se produjo otra irregularidad el 14 de febrero del 2013, cuando se firmaba la justificación de un contrato para pilotar una campaña internacional a favor de la independencia de Cataluña. Se quería contratar al 'think tank' Independent Diplomat (ID). El 14 de junio, se emitió el informe técnico de valoración de ofertas y el 27 de junio se firmó el contrato con ID. 

Pues bien, la oferta de una de las empresas que participó en ese supuesto concurso, Global Strategy Group, llevaba fecha de 2 de julio. “O sea la oferta es posterior a la adjudicación y a la firma del contrato con Independent Diplomat. ¿Cómo se come eso?”, dice Santi Rodríguez, portavoz adjunto del PP, que en el debate parlamentario de este viernes le sacó a relucir el tema a Mas. La tercera oferta, de Jefferson Watterman Internacional, no llevaba fecha y planteaba una oferta de 450.000 dólares anuales.

Ese contrato, por un monto de 324.000 euros, fue el primero de una serie de contratos que han costado a las arcas públicas una cantidad indeterminada de dinero que, en cualquier caso, llega hasta un millón largo de euros. Las cláusulas son mantenidas en secreto por Artur Mas, alegando que algunos contratos de las relaciones exteriores de España también son secretos, aunque en realidad él no puede acogerse a esa ley porque no tiene competencias en el asunto.

Las trampas de la obra pública

Las adjudicaciones de obra pública tienen sus particularidades, que también oculta Artur Mas. El ‘president’ dijo que su Gobierno, en un arrebato de transparencia, había endurecido los requisitos. Y para las adjudicaciones de más de 2 millones de euros se hacen dos ofertas: una técnica y otra económica. Por tanto, aunque una empresa gane la técnica, posteriormente, cuando se desvelan las ofertas económicas, puede variar el ganador final.

Para los contratos de menos de 2 millones de euros, las plicas de ambas ofertas se abre simultáneamente. Y para las adjudicaciones de entre 50.000 y 200.000 euros, que se podrían adjudicar a dedo, se piden cinco ofertas a empresas y de ellas se eligen 3, a las que se les ofrece revisar los precios. Finalmente, para las ofertas de menos de 50.000 euros se piden también tres presupuestos “y eso que son contratos menores y se podrían adjudicar a dedo”.

Para Mas, “no hay lugar para la discrecionalidad, es imposible amañar un concurso”. Pero la carta enviada a Anticorrupción detalla perfectamente lo contrario

Para Mas, “no hay lugar para la discrecionalidad, es imposible amañar un concurso”. Una carta enviada a Fiscalía Anticorrupción por un exalto cargo de la empresa pública Infraestructuras detalla perfectamente lo contrario: los concursos de la empresa que maneja la obra pública se desglosan en dos aspectos: un 70% para la oferta técnica y un 30% para la económica, “en contra de las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)”, que aconseja que se pondere la oferta económica de manera considerable. Además, la puntuación técnica se decide de manera arbitraria y también contraria a la Ley de Contratos del Sector Público y a las recomendaciones de contratación pública de la CNC e incluso de la UE.

Ofertas

El sistema está diseñado para que la puntuación entre la oferta más cara y la más barata no supere un punto de esos 30. “¿Cómo se hace esto? Se utiliza el concepto de baja desproporcionada o anormal (o, como se decía antes, baja temeraria), que produce que cada vez el margen económico entre las ofertas sea más pequeño”. Y hay más: “La oferta económica sólo sirve para estar dentro o fuera del recuento final, ya que si realizas una baja superior al 2% (cosa que produciría más puntuación), quedas excluido por baja desproporcionada”.

Fue precisamente en este punto donde Mas sacó pecho y dijo que había eliminado la "competencia desleal" con la aplicación de ese concepto. "Curiosamente, las empresas adjudicatarias de los contratos más suculentos arrasan en la oferta técnica, son las primeras con más de un punto sobre el segundo y ya no hay manera de que a través de la oferta económica se vean". Lo que Mas pinta como positivo, pues, no lo es tanto.

El autor de la carta enumera casos concretos, como el de la valenciana Proyectos Civiles y Tecnológicos, que se quedó fuera de un concurso porque rebajó su precio un 12% en vez de hacerlo un 9%. Se trataba de un concurso de 392.000 euros y su oferta, considerada baja temeraria, era sólo 8.000 euros más barata que la elegida. ¿8.000 euros de casi 400.000 puede ser considerada baja temeraria?. Queda a la “discrecionalidad” del político de turno, claro. Por mucho que diga Artur Mas.

Medios de comunicación

También con los medios de comunicación amigos. Sólo uno de ellos, el Grupo Godó, suele llevarse como regalo unos 2 millones de euros por la cara cada principios de otoño, además de otras ayudas oficiales. A pesar de esa desorbitada cantidad, no se convoca ningún concurso: lo que hay es una adjudicación a dedo. Además de otras adjudicaciones similares que totalizan varias decenas de millones de euros al año para contentar a la mayoría de la prensa y blindarse ante posibles críticas.

Sólo uno de ellos, el Grupo Godó, suele llevarse como regalo unos 2 millones de euros por la cara cada principios de otoño, además de otras ayudas oficiales

En materia de adjudicaciones de obras, las cosas no son muy diferentes. En la caja fuerte del tesorero de Convergència, se encontraron evidencias de que el empresario A.J.S. pagaba mordidas. Su empresa (cuyo nombre no se ha hecho público aún) constaba en un documento con una serie de adjudicaciones de las que se desglosaba un 3%. Y era una de las más beneficiadas por ayuntamientos de alcaldes convergentes. 

La táctica de Mas es hacerse el sueco en lo que se refiere a adjudicaciones de Ayuntamientos, aunque sean de su partido. Así, sólo se responsabilizará de las adjudicaciones de la Generalitat, de las que dice que no son 'amañables'. Pero nada más lejos de la realidad.

Cataluña
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