Un auto judicial desvela la trama para financiar CDC en tiempos de Artur Mas
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EL 'EXPRESIDENT' ASEGURA NO SABER NADA

Un auto judicial desvela la trama para financiar CDC en tiempos de Artur Mas

Mientras insistía en que en su Gobierno no se hacía trampa con la obra pública, millones de euros circulaban por las cañerías de la corrupción

Foto: -El expresidente de la Generalitat, Artur Mas. (EFE)
-El expresidente de la Generalitat, Artur Mas. (EFE)

"Ciertas empresas de ingeniería, en el entorno de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca) configuraron durante los años 2008-2015 un cártel colusorio al que denominaron 'Nuria Bofill' para pactar los precios que utilizarían en sus aplicaciones a los concursos públicos licitados por ciertas administraciones y empresas públicas". Así se expresa el juez José de la Mata en un auto dictado el pasado 30 de julio, que destapa el oscuro y delictivo modo de proceder de las empresas de ingeniería para llevarse ilícitamente los concursos de la Generalitat. Además, la cúpula de la Generalitat recibía instrucciones de Convergència para saber a quién debía adjudicar contratos públicos, mientras todo el proceso era supervisado "en la intimidad" por la persona de máxima confianza de Artur Mas.

El auto pasó casi desapercibido ante otro firmado el mismo día, que dictaba el procedimiento abreviado en el denominado caso 3%. Ambos casos estaban estrechamente relacionados, pero las diligencias eran paralelas. El del cártel de Asinca, además, es no menos importante, porque desentraña las trampas realizadas por los responsables políticos de la Generalitat. Mientras el entonces presidente, Artur Mas, insistía ante el Parlament que en su Gobierno no se hacía ni trampa con la obra pública, millones de euros circulaban por las cañerías de la corrupción. De hecho, todavía la semana pasada volvió a insistir en esa teoría, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI).

Foto: Acto por el quinto aniversario de la consulta soberanista del 9-N. (EFE)

Todo estaba podrido en Cataluña y, al frente de toda esa corrupción, se encontraba el hombre de confianza de Mas, en el que este había puesto las riendas de toda la obra pública catalana y en el que había concentrado los cargos más importantes de la Generalitat en esta materia. Mas puso al zorro a guardar las gallinas. Y así acabamos: uno defendiendo la impolutez de su obra y el otro 'exiliado' en Chile (país en el que nació) para no ser detenido, como sus subordinados, en España.

El pacto al que alude De la Mata anulaba la competencia externa al grupo de empresas conjuradas y "se fue extendiendo a diversos organismos públicos". Así, acabó contaminando a GISA (la empresa que otorgaba la obra civil, edificación y medio ambiente), Regsa (la obra que otorgaba las obras de regadío, en cada una de las cuales se invierten millones de euros), Agencia Catalana del Agua (ACA), Aigües Ter-Llobregat (ATLL), Ayuntamiento de Barcelona, Ifercat (Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña), Túneles Barcelona Cadí (Tabasa), CAT (Infraestructures, la compañía sucesora de GISA) o el Servicio Territorial de Carreteras y Ferrocarriles de la Generalitat.

El hombre de Artur Mas, pieza clave

Lo curioso del caso, por ejemplo, es que una de las compañías impulsoras del cártel era Audingintraesa, propiedad de Josep Lluís Quer, antiguo alto cargo de la ACA. Quer fue nombrado por Artur Mas responsable de toda la obra pública catalana y que aparecía vinculado a unas 40 empresas hasta el año 2011 y, según el juez, intervino directamente en el proceso adjudicador "a través de un mecanismo opaco y susceptible de irregularidades, que podría definirse como el motor operativo del fraude investigado". Tras ser nombrado presidente de GISA, se desvinculó aparentemente de su participación en la empresa madre del 'holding' por 3,02 euros (correspondientes a 302.000 acciones), aunque el juez sospecha que fue una venta simulada y que nunca perdió el control de las empresas, ya que el valor de esas acciones era de más de 300.000 euros. De hecho, había comprado ese paquete de acciones el 16 de abril de 2008 por 302.000 euros y los vendía el 25 de marzo de 2011 por 3,02 euros.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas en la puerta del domicilio del 'expresident' Jordi Pujol. (EFE)
El expresidente de la Generalitat Artur Mas en la puerta del domicilio del 'expresident' Jordi Pujol. (EFE)

De lo que no hay duda, sin embargo, es de que todos los concursos de la Generalitat estuvieron secuestrados durante años. Asinca creó un correo electrónico llamado 'Nuria Bofill', como el cártel. Desde ese correo, se impartían instrucciones a los directivos de las compañías que formaban parte de la conjura, que debían enviar sus propuestas con determinadas ofertas para presentar a los concursos públicos. En esas instrucciones, se especificaban las ofertas con bajas del 9% a presentar, con lo que copaban el mercado y anulaban a quien no estuviese dentro del grupo. Las normas para los miembros del cártel eran estrictas: solo podían presentar una oferta de cada cinco con una baja de entre el 8,5 y el 9%; no se podían hacer bajas superiores al 9% ni inferiores al 2%; no se podían presentar bajas en las ofertas con un número entero ni múltiplo de 0,5…

El magistrado imputa a 21 empresarios y altos cargos de la Generalitat por asociación ilícita y organización criminal, fraude a las Administraciones públicas, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. "Lo que es relevante penalmente es la manipulación generalizada de los procesos de contratación, la aparente licitación en condiciones de legalidad, la colusión de intereses desarrollada para propiciar el aseguramiento en la adjudicación de los contratos licitados a las empresas 'Nuria Bofill'. Y, junto a ello, (…) el resultado perjudicial para la empresa pública derivado del sistema conspirativo y tendencioso utilizado para conseguir artificialmente los precios de cada contrato público".

Los maletines que descubren el pastel

A pesar de la gravedad de los hechos, solo el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, figura como parte acusadora. La Generalitat, que ha sido la gran perjudicada, es la gran ausente de este procedimiento. Quizá porque la labor depredadora de las cuentas públicas contaba con la connivencia de la cadena de mando de la Administración. Porque en la cúpula de esa pirámide se encuentran dos nombres que entran dentro de la órbita de los personajes políticamente intocables: se trata del presidente de GISA (posteriormente, Artur Mas le fue adjudicando la presidencia de otras grandes empresas como Regsa, Canal Segarra Garrigues o Ifercat), Josep Lluís Quer, y de su mano derecha, el director general Josep Antoni Rosell, que también fue detenido en el marco de la operación 3%.

Foto: Agentes de la Guardia Civil sacan de la sede de Convergencia una decena de cajas durante los registros en el caso del 3%. (EFE)

En 2015, tras ser detenido Rosell, un amigo suyo entregó a la Guardia Civil una caja de caudales y cuatro maletines que el alto cargo le había dejado en custodia. Uno de esos maletines, contenía documentación y correos de uno de los integrantes del cártel Nuria Bofill, que ponían de manifiesto "una serie de hechos que se estarían produciendo en la empresa GISA a partir de la entrada del nuevo equipo directivo, en abril del 2011, y que serían indicios de que se podían estar cometiendo irregularidades en la adjudicación de concursos públicos, viniendo a poner de relieve la forma en que se habría intentado ocultar una serie de actividades ilícitas en la adjudicación de contratos, bajo la apariencia de legalidad usando una cuestión técnicamente fraudulenta".

En abril de 2011, la fecha aludida, acababa de aterrizar en la Generalitat Josep Lluís Quer, el hombre en el que Artur Mas depositaba toda su confianza para controlar el sector de la obra pública. En 2015, mientras el 'president' Mas comparecía ante el Parlament y afirmaba que todo era transparente, en los juzgados la batalla librada era otra. La documentación demostraba que "varios ingenieros de Infraestructures.cat (la sucesora de GISA) habrían articulado un sistema de baremación de los criterios objetivos de valoración para adjudicar contratos administrativos, que ponderaba sobremanera la puntuación de la oferta técnica con respecto a la oferta económica, 70 y 30 puntos respectivamente, así como el establecimiento de un sistema sutil para desestimar aquellas ofertas que se consideraban anormalmente desproporcionadas, con el fin de obtener margen de maniobra para que dicho organismo pueda adjudicar contratos a aquellas entidades o personas afines a los cargos públicos de Infraestructures.cat con intereses empresariales mutuos", dice el auto.

Foto: La 'consellera' de Sanidad, Alba Vergés. (EFE)

Con Quer en la cúspide, los integrantes del cártel "llegaron a pactar las normas o directrices a seguir cuando optasen a licitaciones de ciertas administraciones, con el objetivo de evitar competir entre ellos y así obtener un contrato más beneficioso que aquél que habrían obtenido en condiciones de igualdad". Y continúa luego: "El concierto llevado a cabo por estas mercantiles para pactar el precio de las licitaciones habría conllevado la alteración de las cuantías desembolsadas por la Administración por los proyectos de obra pública ofertados".

Corrupción "en la intimidad"

Así, el auto explica que Josep Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, los dos hombres de Artus Mas, pusieron en marcha una operativa de "direccionamiento de los contratos públicos" para adjudicar los concursos a "empresas afines o con intereses empresariales mutuos". Crearon, así, una Oficina Técnica de Evaluación (OTA) "que situaron bajo su dependencia inmediata y control exclusivo y absoluto". Ambos directivos, además, "participaban de modo personal y directo en el proceso valorativo y daban órdenes específicas a la OTA para que modificara las efectuadas por los técnicos y, además, revisaban personalmente de modo reservado las valoraciones, reelaborando a su personal capricho las propuestas que, finalmente, se elevaban a la mesa de contratación, todo con el fin de asegurar el resultado de la licitación a algunas de las empresas afines". Se trataba, pues, de una corrupción incrustada en los mismos intersticios de la Generalitat, muy lejos de la imagen de pulcritud que pretendía transmitir Artur Mas.

Los dos hombres de Mas, crearon una operativa de "direccionamiento de contratos públicos" para adjudicar los concursos a "empresas afines"

Rosell, por su parte, era el enlace de la Generalitat con Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y eran periódicas las reuniones con Andreu Viloca, tesorero convergente, detenido y actualmente imputado en el caso 3%. "Rosell Polo se encargaba de recibir las instrucciones de adjudicación de la extinta formación política CDC, principalmente de Andreu Viloca Serrano (responsable de finanzas de CDC) y de la gestión interna, a través de la OTA, para forzar las valoraciones y asegurar la adjudicación a alguna de las empresas del 'club'".

En el despacho de Viloca también se encontraron documentos comprometedores sobre operaciones con la Generalitat. Documentos que no deberían estar en su poder. Y siguiendo el rastro del dinero, los investigadores se encontraron con progresiones tales como el hecho de que, tras un anuncio de licitación se producía una reunión del empresario con los altos cargos del Govern; luego, una reunión de estos con el tesorero de CDC; más tarde, una donación del empresario a la Fundación de CDC; y, por último, la adjudicación del concurso a ese empresario. En algunas ocasiones, la donación se efectuaba tras la firma y la formalización del contrato, según se desprende de los cientos de casos investigados.

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas. (EFE)
El expresidente de la Generalitat, Artur Mas. (EFE)

El monstruo de la corrupción, pues, estaba dentro del Govern. "Los elementos técnicos subjetivos eran valorados por la OTA y 'revisados' por Josep Antoni Rosell y Josep Lluís Quer en la intimidad, siendo asumida esta puntuación sistemáticamente por la mesa de contratación", explica el auto. Apunta hacia Quer porque se concertaba con directivos y accionistas de empresas licitadoras "para beneficio mutuo" e incluso llega a decir que todos los contratos adjudicados a Audingintraesa (que había sido propiedad del propio Quer) podrían haber incurrido en incompatibilidad.

Detalla el texto también otras trampas que hacían para adjudicar los concursos a sus amiguetes y explica los 180 contratos investigados, todos con escandalosas irregularidades. No hay duda: al parecer, todo estaba podrido en la Generalitat y Artur Mas asegura que no se enteraba.

"Ciertas empresas de ingeniería, en el entorno de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca) configuraron durante los años 2008-2015 un cártel colusorio al que denominaron 'Nuria Bofill' para pactar los precios que utilizarían en sus aplicaciones a los concursos públicos licitados por ciertas administraciones y empresas públicas". Así se expresa el juez José de la Mata en un auto dictado el pasado 30 de julio, que destapa el oscuro y delictivo modo de proceder de las empresas de ingeniería para llevarse ilícitamente los concursos de la Generalitat. Además, la cúpula de la Generalitat recibía instrucciones de Convergència para saber a quién debía adjudicar contratos públicos, mientras todo el proceso era supervisado "en la intimidad" por la persona de máxima confianza de Artur Mas.

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