El lobby de las Selecciones Catalanas hizo pagos "desconocidos" a un asesor de Obama y Clinton

El análisis forense del 'procés' realizado por la Justicia en los últimos cinco años ha acreditado que el independentismo está sostenido con transferencias masivas de fondos públicos y que los líderes y cabecillas del movimiento secesionista han aprovechado la ofensiva contra el Estado para engrosar su patrimonio personal. El último informe realizado por la Guardia Civil en el marco del caso Voloh que instruye el juez Joaquín Aguirre añade nuevos datos para apuntalar la presunta malversación de caudales públicos y otros delitos de corrupción en el proceso soberanista.

El documento policial sitúa el foco en la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas, una entidad que nació en 1998 para promover el independentismo en el mundo del deporte y que se convirtió en una pieza clave de la estrategia del Govern de Carles Puigdemont para ampliar la base de la movilización social en los meses previos al referéndum del 1-O.

La investigación del Instituto Armado demuestra que el Ayuntamiento de Barcelona concedió a la Plataforma subvenciones anuales de 50.000 euros en los ejercicios previos a la consulta ilegal. La Diputación de Barcelona y Diplocat —la red de la Generalitat en el extranjero— también le transfirieron fondos. Pero la mayor aportación a la Plataforma llegó desde el Consejo Catalán de Deportes (CCE, en catalán), el equivalente en la Generalitat al Consejo Superior de Deportes (CSD) en el conjunto de España.

"La campaña fue coordinada con la estrategia general de la 'Campanya pel Sí', que hicieron ANC y Òmnium Cultural"

Según las pruebas analizadas por los agentes de la Guardia Civil, el CCE inyectó en 2013 al lobby de las selecciones catalanas 295.000 euros, casi un 50% más que el año anterior, sin que consten los motivos que justifiquen ese incremento. La cifra se mantuvo en los ejercicios siguientes pero, en 2017, la subvención aumentó hasta los 1,3 millones de euros.

Los fondos sirvieron para montar un congreso deportivo internacional en el que se promovió la ruptura con el resto de España; insuflar financiación al Comité Olímpico Catalán, que estaba llamado a sustituir al Comité Olímpico Español tras la independencia; y poner en marcha campañas de propaganda a favor del referéndum en el mundo del deporte, como 'Esports pel Sí', "orientada al reconocimiento de Cataluña como país". "La campaña fue coordinada con la estrategia general de la 'Campanya pel Sí', que hicieron ANC y Òmnium Cultural", expone la Guardia Civil en el informe.

Estas dos asociaciones, claves en el 'procés', también pagaron otras cantidades en la Plataforma Pro Selecciones por supuestos servicios de colaboración en otros planes de promoción de la consulta ilegal de 2017, como 'Ara es l'Hora' y 'Arguments per la participació i el sí del món de l'esport en el Referéndum'. Además, las diligencias reflejan que Òmnium hizo dos préstamos a la Plataforma por un total de 75.000 euros, a un interés del 0% en el periodo decisivo de la estrategia contra el Estado.

También entregó dinero a la entidad deportiva una mercantil de organización de actos y mítines que están siendo investigada en la misma causa, Iniciatives Events SL, la promotora de eventos de referencia del secesionismo, implicada en el corte de la AP-7 a la altura de la frontera con Francia convocado por Tsunami Democrátic. Según los documentos intervenidos en los registros, Iniciatives Events SL prestó a Plataforma hasta 145.000 euros con un interés del 1,5%.

Sin el doping del dinero público de la Generalitat, habría sido prácticamente imposible que pancartas con los lemas "Freedom for Catalonia" se exhibieran

Con esos fondos, los responsables de la Plataforma colocaron pancartas a favor del 'procés' y contra el Gobierno de España en varios partidos del FC Barcelona e incluso en un encuentro disputado por la Selección Española contra Croacia en este país. Los gastos de ese viaje y las entradas del partido fueron usadas para justificar una de las subvenciones que están siendo analizadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Sin el doping del dinero público de la Generalitat, habría sido prácticamente imposible que pancartas con los lemas "Freedom for Catalonia" (Libertad para Cataluña), "Spain sit and talk" (España siéntate y habla) y "Only dictatorships jail peaceful political leaders" (Solo las dictaduras encarcelan a líderes políticos pacíficos) hubieran sido exhibidas en las gradas del Camp Nou y de otros estadios.

La ofensiva diplomática del Govern de Puigdemont también fue sostenida con fondos públicos, como consideró probado la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 1-O. La Guardia Civil ha hallado ahora nuevas evidencias que inciden en esa certeza. La Plataforma Pro Selecciones compartía contabilidad con otra asociación de la madeja soberanista, aunque teóricamente eran entidades diferentes. Se trata de la Asociación Catalana por la Actividad Física y el Deporte (Acafie, en catalán), que también recibió abundantes subvenciones públicas de la Generalitat. Los empleados de Acafie cobraban de la Plataforma y viceversa. Y había movimientos de fondos en ambas direcciones.

Los investigadores han descubierto que Acafie realizó en 2015 "numerosos pagos a Arturo Sarukhán Casamitjana y a su mujer Pilar Verónica Valencia Federo, desconociéndose los servicios prestados". Sarukhán, de origen catalán e independentista declarado, fue embajador de México en Estados Unidos hasta 2013. En el momento de los pagos de Acafie, estaba trabajando como consultor en el lobby de referencia del Partido Demócrata estadounidense, Podesta Group, fundado por los hermanos John y Tony Podesta. El vínculo de Podesta Group con los demócratas alcanzó precisamente su cénit en 2015. Hasta febrero de ese año, John Podesta fue consejero del presidente Barack Obama en la Casa Blanca y, a partir de ese mes, se incorporó a la campaña electoral de Hillary Clinton con el cargo de gerente.

El plan soberanista no cosechó ningún logro tangible, pero reportó suculentos beneficios a sus principales responsables y a varios asesores de su órbita. El abogado Marc Marsall, actual miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat —equivalente al Consejo de Estado—, facturó en 2016 a la Plataforma un total de 8.480 euros por servicios de asesoramiento jurídico en temas del deporte relacionados con la independencia. También figura como proveedor de la Plataforma y de Acafie un exdirigente de Convergencia Democrática de Catalunya, Carles Llorens Vila, por trabajos de consultoría de promoción internacional que suman más de 20.000 euros.

La caja de Plataforma también revela salidas de dinero para su presidente, Xavier Vinyals, de hasta 4.500 euros en una sola transferencia; la entrega de otros 9.680 euros al exconsejero de ERC y cabecilla de Tsunami Democràtic, Xavier Vendrell, investigado en esta misma causa; 5.000 euros para la mano derecha de Puigdemont, Josep Lluís Alay, también imputado, y pagos por valor de 30.000 euros al año a la empresa Lidera Comunicació SL, administrada por Marina Llansana, vicepresidenta a su vez de Òmnium Cultural SL y mujer de Oriol Soler, otro de los estrategas del 'procés' y también investigado en Voloh. La lista de agraciados por el 'procés' es mucho más larga y no todos están inmersos en diligencias judiciales.