Operación contra una red del PDeCAT que desvió dinero para el deporte al 'procés'

La Guardia Civil ha lanzado a primera hora de este martes en Cataluña una operación contra una trama de corrupción que presuntamente desvió fondos públicos del deporte y de otras partidas a financiar el procés indepentista y entidades vinculadas al PDeCAT, antigua Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Las diligencias, que están dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, se han saldado con cuatro detenciones, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al dispositivo.

Se trataría del actual secretario general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras; la exconcejala de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona e integrante de la Junta de Gobierno de JxCAT en la Diputación de Barcelona, Maite Fandos; el exapoderado del Canal Olímpic y asesor histórico de CDC Álex Gallo; y el exsubdirector del Consejo de Deportes y actual subdirector general de Gestión y Recursos Humanos de la Generalitat Lluís Pallasera. Se les imputan los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Además de las detenciones, los agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil, unidad responsable del caso, están efectuando registros en varias dependencias oficiales y domicilios particulares. El caso deriva de la operación Estela de mayo de 2018, que destapó el presunto desvío de dos millones de euros de la Diputación de Barcelona a las fundaciones CatMòn e Igman, ambas controladas por dirigentes del PDeCAT. Los nuevos arrestos se producen tras constatar que esas mismas entidades también recibieron fondos públicos de otros organismos dependientes del partido de Artur Mas y Carles Puigdemont, en su mayoría, relacionados con el mundo del deporte.

Al menos una parte de los fondos habría sido malversada mediante inserciones publicitarias en medios de comunicación controlados por CatMòn e Igman, cuyo fin social era supuestamente promover el desarrollo de países del tercer mundo, es decir, no relacionado con el deporte. Los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil habrían descubierto que, una vez había llegado el dinero a esas entidades, era utilizado para asumir gastos del PDeCAT y también otros costes vinculados a la ofensiva independentista, incluso fuera de las fronteras españolas.

Además de dinero procedente de los capítulos de gasto reservados al fomento del deporte, la red desarticulada habría malversado dinero también de otras instituciones autonómicas, como Ferrocarriles de Cataluña y el propio Departamento de Presidencia de la Generalitat, según un auto dictado por el instructor del caso, el juez Joaquín Aguirre, en el que acuerda el levantamiento parcial del secreto que recaía sobre el conjunto de la causa.

El sumario del caso incluiría una larga lista de operaciones presuntamente ilícitas. Uno de los episodios de los que han tenido conocimiento los investigadores es el uso de material de una institución pública como el Canal Olímpic, gestionado por la Generalitat, para hacer una fiesta a la dirigente de los CDR detenida en Viladecans (Barcelona) en abril de 2018, Tamara Carrasco, por el corte de carreteras y otras acciones violentas. Tras quedar en libertad, los CDR de la zona le organizaron una fiesta de recibimiento. Las mesas y los bancos que se utilizaron en el acto fueron los del comedor escolar del Canal Olímpic, por ejemplo. Uno de los detenido, Álex Gallo, habría tenido un papel clave en la preparación de ese evento. Se trata de unos hechos absolutamente recientes.

Otros episodios habrían tenido más trascendencia. Como adelantó El Confidencial, el Govern de Artur Mas empleó partidas destinadas teóricamente a costear el mantenimiento de instalaciones deportivas para sufragar gastos del primer referéndum independentista de 2014, el 9-N. Tras la convocatoria, varios entes deportivos dependientes de la Generalitat abonaron facturas falsas de la empresa de envíos postales Unipost -clave también en el 1-O- por servicios que en realidad nunca habían recibido. De ese modo, Mas saldó una parte de la deuda que aún arrastraba con Unipost por la primera consulta. La mayoría de estas facturas habían permanecido en secreto por lo que el Tribunal de Cuentas no las conocía cuando juzgó a Artur Mas y otros altos cargos de su Ejecutivo por la celebración del 9-N.

Figueras habría tenido una implicación decisiva. Se trata de uno de los dirigentes con mayor proyección en el PDeCAT. Entre 2008 y 2012 fue el máximo responsable de la Juventud Nacionalista de Cataluña (JNC), el órgano juvenil del partido. Parte de los hechos que se investigan se habrían producido durante su etapa al frente del Consejo de Deportes de Cataluña, el cargo que ocupó antes de ascender a secretario general de Deportes.