El Govern de Mas desvió dinero del deporte para pagar envíos de Unipost por el 9-N

La Fiscalía maneja documentos que probarían que el Govern de Artur Mas siguió pagando gastos del referéndum independentista de 2014 muchos meses después de que este se celebrara mediante el desvío de fondos teóricamente asignados a instalaciones deportivas de la Generalitat. El dinero habría servido para sufragar parte de los costes por los envíos de publicidad y papeletas del 9-N. El Ejecutivo de CiU camufló los pagos con presuntas facturas falsas emitidas en connivencia con Unipost, la compañía catalana que se adjudicó el contrato de servicios postales de esa primera consulta secesionista y que volvió a ser utilizada por los organizadores del 1-O con el mismo objetivo.

Nunca hasta ahora se había implicado a la Secretaría General de Deportes, dependiente de la Consejería clave de Presidencia, en la financiación de aquel primer desafío al Estado. De hecho, ni el Tribunal de Cuentas, ni el Supremo ni el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvieron acceso a esta información durante los diferentes procesos que instruyeron contra Mas, su exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsejeros Irene Rigau y Francesc Homs por el 9-N. Todos ellos fueron condenados por desobediencia y obligados a devolver los 4,9 millones de euros empleados para cubrir los gastos de la convocatoria.

Facturas en poder del Ministerio Público y a las que ha tenido acceso El Confidencial revelan ahora que su coste real habría sido superior. Uno de esos documentos de pago tiene fecha del 31 de diciembre de 2015 —apenas 12 días antes de que fuera investido Carles Puigdemont en el Parlament— y fue girada por Unipost a Equacat SA, el ente público de la Generalitat encargado de gestionar el Canal Olímpico de Catalunya, una de las infraestructuras de Barcelona 92 que el Estado transfirió a la Administración autonómica tras los Juegos.

El concepto de la factura especifica que la empresa de envíos postales prestó para Equacat SA servicios de “diseño, manipulación y distribución” de diversos folletos del “club de pádel”, “campamento de Navidad” y “actividades extraordinarias” organizados por el Canal Olímpico. El coste total de esos trabajos ascendió a 17.955 euros IVA incluido. Aunque en la factura figura como fecha de vencimiento el 10 de febrero de 2016, el dinero se habría ingresado en una cuenta de Unipost en CaixaBank en los últimos meses de 2015.

Los investigadores sospechan que lo único cierto de esa factura es que el pago se ejecutó, según fuentes próximas a las pesquisas. Unipost jamás llegó a prestar ningún tipo de servicio para el Canal Olímpico, pero el Govern de Mas inventó esos trabajos para inyectar fondos de la infraestructura deportiva en el referéndum del 9-N que Unipost, que ya se encontraba en esa época en una situación más que delicada —terminó declarándose en concurso de acreedores meses después—, necesitaba saldar urgentemente.

Las fuentes consultadas aseguran que se investigan desvíos similares en otros entes deportivos de la Generalitat. La cuantía de la factura abonada por Equacat SA no es casual. Por debajo de 18.000 euros se consideraba contrato menor —en marzo de 2018, bajó a 15.000 euros— y, por tanto, la Administración era libre de elegir al proveedor que quisiera sin necesidad de convocar ningún tipo de concurso público.

El documento al que ha tenido acceso este diario contiene la firma de los dos altos cargos del Govern de Artur Mas que habrían autorizado el presunto desvío de los fondos del Canal Olímpico al referéndum del 9-N. Uno de ellos es Iván Tibau, un exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) muy cercano a Mas y protegido del exsenador del mismo partido Josep Maldonado que, en 2015, ostentaba el puesto de secretario general de Deportes y que, tras la llegada de Carles Puigdemont en enero de 2016, fue reubicado como asesor de Presidencia.

La segunda firma es de Xevi Ardite, que en esa etapa era apoderado del Canal Olímpico, tras ser elegido para esa responsabilidad por el propio Tibau. A ambos les unía una gran amistad. De hecho, como reveló El Confidencial el pasado abril, los dos habrían concedido subvenciones del Canal Olímpico a la empresa organizadora del Rally Costa Brava Històric al mismo tiempo que ellos eran invitados por la carrera para disputarla sin tener que asumir ningún coste.

Las pesquisas aún no han podido aclarar cuál fue el verdadero coste de las postales, pero el ejemplo del 1-O permite hacer una aproximación

Las facturas que tiene en su poder la Fiscalía elevarían el importe en el que se había tasado hasta ahora el envío de publicidad y papeletas del referéndum de 2014. Las sanciones dictadas por todos los tribunales aceptaban que la Generalitat había pagado a Unipost por esos servicios un total de 249.259 euros. El contrato fue adjudicado el 31 de octubre de ese año mediante un procedimiento negociado sin publicidad con la fórmula eufemística de “servicios destinados a la ejecución de una operativa institucional de transmisión de una información de interés ciudadano”. El pago del Canal Olímpico y el resto de documentos en poder del Ministerio Público indicarían que el coste real de aquella primera consulta ilegal fue superior a lo declarado y que presuntamente se utilizaron facturas falsas para abonar la diferencia que seguían reclamando los proveedores.

Las pesquisas aún no han podido aclarar cuál fue el verdadero coste de las postales, pero el ejemplo del 1-O permite hacer una aproximación. En la consulta promovida ya por el Govern de Pugidemont, la Generalitat se comprometió a pagar a Unipost un millón de euros, cuatro veces lo presupuestado oficialmente por Mas para su consulta del 9-N, por el envío de las notificaciones a los presidentes, vocales y suplentes que debían integrar las mesas electorales del referéndum de 2017. La Guardia Civil las interceptó en una nave de la compañía catalana antes de que fueran enviadas.