Un líder de ERC tenía un escrito judicial de acceso restringido sobre el asesinato de un narco

La investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos al proceso independentista catalán ha aflorado derivadas impensables, algunas especialmente tenebrosas. Uno de los principales implicados en la trama, el dirigente de ERC y supuesto cabecilla de Tsunami Democràtic, Xavier Vendrell, tenía en su ordenador un documento judicial de acceso restringido sobre la muerte por disparos en Colombia de un narco del clan de Sito Miñanco. Un lugarteniente del propio capo gallego ordenó presuntamente el asesinato para evitar que la víctima los delatara ante la Justicia española.

Vendrell, que militó en el grupo terrorista Terra Lliure y ocupó brevemente el cargo de consejero de Gobernación de la Generalitat en 2006 con el Gobierno de Pasqual Maragall, tiene vínculos comerciales con Colombia desde hace años y asesora al nuevo presidente del país, el izquierdista Gustavo Petro. Pero no hay ningún dato que explique su interés por la investigación judicial sobre la red de Sito Miñanco, que fue desmantelada en febrero de 2018 en la llamada operación Mito, tras introducir en España un cargamento de 3.800 kilos de cocaína, procedente precisamente de Colombia, en el doble fondo de una embarcación.

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EFE

El documento en cuestión estaba en la cuenta de correo electrónico de Vendrell y fue localizado por los agentes de la Guardia Civil del caso Voloh, el procedimiento contra la malversación de caudales públicos y otros delitos de corrupción en el 'procés' que instruye el titular del Juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Según un informe del Instituto Armado, se trata de un escrito del fiscal de la operación Mito en el que este pedía a la instructora del caso, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que enviara una comisión rogatoria a las autoridades de Bogotá para comunicarles el hallazgo de información relacionada con el crimen que había tenido lugar en su territorio.

El fallecido se llamaba Santiago Quintero Marín, tenía 37 años y pertenecía a la organización de Miñanco. La Policía Nacional lo detuvo en Galicia a finales de 2017 cuando intentaba introducir un primer cargamento de cocaína. El resto de miembros del clan temieron que tirara de la manta para salvarse. Lograron que quedara en libertad provisional y subirlo en un avión de vuelta a Colombia. El 29 de enero de 2018, solo cinco días después de poner un pie en su país, fue acribillado cerca de su vivienda, en la localidad de Pereira. Los autores no fueron identificados y la muerte pasó a engrosar la abultada estadística local de delitos violentos.

Sin embargo, el crimen coincidió en el tiempo con las pesquisas, al otro lado del Atlántico, de la operación Mito. La Policía Nacional intervino conversaciones telefónicas que arrojaron luz sobre el episodio, como adelantó 'Nius'. Varios investigados desvelaron, sin saber que estaban siendo escuchados, que un cabecilla de la red de Miñanco, el también colombiano Manuel Andrés Puentes Saavedra, había recurrido a sicarios para liquidar a Quintero. Posteriormente, los agentes hallaron en el registro de la vivienda de Puentes Saavedra documentación que efectivamente lo relacionaba con el asesinato. El 7 de febrero de 2019, el fiscal del caso pidió a la jueza Tardón que enviara estos indicios a la Justicia colombiana para ayudarla a resolver el crimen. Días después, la instructora aceptó la solicitud del fiscal y libró la comisión rogatoria.

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La Guardia Civil del caso Voloh ha constatado que, el 10 de diciembre de 2019, Vendrell almacenó en su correo electrónico una copia del escrito del fiscal sobre el tiroteo de Colombia. El dirigente de ERC no envió el documento a un tercero. Tampoco está claro cómo llegó a sus manos. En esa época, el sumario de la operación Mito ya no estaba secreto, pero solo podían acceder a su contenido las partes personadas en el procedimiento y no consta que Vendrell forme parte de esa causa.

El motivo por el que estaba interesado en ese crimen es una incógnita aún mayor. El pasado junio, la prensa colombiana desveló que Vendrell estaba trabajando en la campaña electoral del ya presidente Gustavo Petro. La noticia provocó un terremoto por el pasado terrorista del político catalán. Sus vinculaciones comerciales con el país sudamericano son más intensas. La Guardia Civil ha descubierto que, en marzo de 2019, Vendrell utilizó una empresa de Medellín administrada por un colaborador para transferir dinero a España mediante la autoconcesión de un préstamo de 12,4 millones de dólares. Los fondos terminaron presuntamente en una mercantil de Barcelona controlada por el propio exconsejero de Gobernación. Su objetivo era utilizar el dinero para construir un hotel y un colegio en una finca de eventos del municipio de Cabrera de Mar. La operación también está siendo investigada por el Juzgado número 1 de Barcelona por irregularidades urbanísticas. El Instituto Armado encontró 38.000 euros en efectivo en el despacho del concejal de Urbanismo de ERC de Cabrera.

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Vendrell también tenía negocios en el sector sanitario. En 2019, una de sus empresas se llevó un macrocontrato de la Consejería catalana de Salud para realizar evaluaciones médicas. Una compañía rival acudió a los tribunales para denunciar que Vendrell carecía de solvencia técnica. La Guardia Civil le intervino una llamada en la que amenazaba a su contrincante con represalias. "Si quieren pleitear, que pleiteen, que hagan lo que les dé la puta gana. Como me hinchen mucho los huevos, les enviaré a un colombiano y les daré dos hostias a cada uno, porque no hay derecho", afirmó el exdirigente de ERC en esa conversación.

El independentismo y el narcotráfico tienen otro punto en común. El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, asumió también la defensa de Sito Miñanco y él mismo acabó siendo procesado por blanqueo de capitales en junio de 2021 tras descubrirse que había utilizado presuntamente pagarés falsos para ayudar a la organización del narco gallego a recuperar 889.470 euros en efectivo incautados en el aeropuerto de Barajas.