A quién beneficia la amnistía: estos son los privilegiados que sacan provecho de la ley

La ley de amnistía supone el borrado del procés. De los delitos de malversación, a los de desobediencia o terrorismo. Pero el texto va incluso más allá y deja la puerta abierta a que muchos de los colaboradores estrechos de Carles Puigdemont, investigados o acusados por delitos sin un vínculo directo con el proceso independentista, puedan beneficiarse. En este apartado figuraría su mano derecha, Josep Lluís Alay, y el exconseller de Interior Miquel Buch y uno de sus escoltas en Bruselas, Lluís Escolá. Estos últimos podrán agarrarse al punto de la norma que hace referencia expresa a actos de "asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables" del procés. Lo que sigue a continuación es la relación de grupos y personas que podrían acogerse a la norma.

Grupo 1: los fugados

Uno de los grupos que se beneficiará es el de los políticos fugados. La amnistía afectará al expresident Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comin, Lluís Puig y Clara Ponsatí. Con la ley pactada con ERC y Junts, en un principio, ninguno de ellos tendrá problemas judiciales ni pisará prisión, a diferencia de lo que sucedió con sus compañeros de Gobierno, que pasaron por la cárcel, fueron condenados y, finalmente, indultados.

Grupo 2: los condenados

La amnistía servirá también para borrar los antecedentes penales de los condenados por el 1-O. En este grupo, se encuentran el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santiago Vila. Los tres últimos fueron condenados por desobediencia y no por sedición, por lo que no pisaron la cárcel. Además, en ese grupo entran Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, respectivamente.

En este grupo también hay que incluir a los que fueron condenados por organizar la consulta del 9 de noviembre del 2014. Ahí se encuentran el expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau.

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El expresident Quim Torra, condenado e inhabilitado por desobediencia en septiembre de 2020, será otro de los beneficiados, puesto que sus delitos guardan relación con la organización del procés.

También se podrán beneficiar los acusados en los distintos juicios de la Mesa del Parlament: entran aquí el expresidente de la Cámara Roger Torrent, además de Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado. Otra Mesa del Parlament, formada por Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet, acusados de delito continuado de desobediencia y de organización criminal, condenados en segundo juicio el pasado mes de junio, se beneficiarán de las medida de gracia acordada. El tema está en el Supremo.

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La cupera Anna Gabriel se verá beneficiada, ya que sobre su cabeza pende una acusación por desobediencia. Gabriel regresó a España hace unos meses para regularizar su situación, ya que no pesaba sobre ella ninguna amenaza de cárcel.

Grupo 3: el círculo de Puigdemont

Uno de los puntos de fricción entre el PSOE y Junts y de estos con ERC ha sido el alcance de la ley de amnistía. Para Puigdemont y su equipo era condición indispensable no cerrar la medida de gracia a los fieles del expresidente inmersos en causas no relacionadas con el procés. Algunos de estos podrán beneficiarse, según el articulado de la ley, que menciona expresamente aquellos actos de "asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables" del proceso independentista.

Josep Lluís Alay, el jefe de la oficina de Puigdemont en Waterloo y amigo personal del fugado está imputado en el caso Voloh, en el de Tsunami y contra él pesa además una acusación de presunta malversación por haber utilizado fondos públicos para una visita a Nueva Caledonia. En el caso Voloh está inmerso en varias piezas, pero la más adelantada afecta a Alay y a dos mossos. Están acusados de revelación de secretos por consultar unas bases de datos policiales para averiguar si el primero podía entrar en España. Alay podría beneficiarse de la ley de amnistía en todos y cada uno de estos supuestos.

También, Miquel Buch y Lluís Escolá. El primero, exconseller de Interior, fue condenado a cuatro años de cárcel y 20 de inhabilitación por simular la contratación de Escolá como asesor de su departamento cuando a lo que realmente se dedicó fue a realizar labores de escolta para Puigdemont. El segundo fue sentenciado a cuatro años de prisión y 19 de inhabilitación en el mismo proceso. Escolá además fue una de las personas que ayudó al expresidente a huir de España. Ambos podrán acogerse a los que se consideran labores de "protección y seguridad".

Sin embargo, quien no podría acogerse es Gonzalo Boye, otra de las personas inmersas en un proceso judicial ajeno al procés y de la máxima confianza de Puigdemont. La Audiencia Nacional mantiene una investigación contra el abogado del expresident por supuesto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Sito Miñanco también es su cliente y, según las acusaciones que penden sobre él, le habría ayudado a lavar dinero.

Tampoco podría beneficiarse Laura Borràs, expresidenta del Parlament y actual presidenta de JxCAT. Fue condenada en marzo pasado a cuatro años y medio de cárcel y 13 años de inhabilitación por trocear contratos por un monto de más de 330.000 euros y adjudicárselos a dedo a un amigo suyo. ERC y la CUP han defendido que el suyo es un caso de corrupción que bajo ningún concepto debería quedar al amparo de ninguna medida de gracia.

Además, parte de los investigados por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, el conocido como caso Voloh, también podrían entrar dentro de esta categoría. Algunos de los supuestos delitos entran de lleno en la ley de amnistía (como los contactos del exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas con supuestos agentes rusos), pero otros remiten a supuestos de corrupción: la concesión y recepción de subvenciones públicas (en el caso de las ayudas públicas recibidas por las fundaciones controladas por Terradellas y por el diputado de Junts per Catalunya Francesc Dalmases) o de favores personales, con tráfico de influencias incluido. Entre los posibles beneficiados, el dirigente republicano Xavier Vendrell, que, además de quedar exonerado por los hechos vinculados a Tsunami Democràtic, también quedaría libre de los delitos económicos investigados por el Juzgado Número 1.

Grupo 4: los investigados

En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se sigue procedimiento contra el actual presidente del grupo parlamentario de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, contra el actual presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y contra la consejera de Cultura, Natalia Garriga. En 2017, el primero era secretario general de Vicepresidencia (la mano derecha de Oriol Junqueras), el segundo era secretario de Hacienda y la tercera era directora de servicios de Vicepresidencia. Los tres tuvieron, según las investigaciones, un papel crucial en la organización del referéndum ilegal. La Fiscalía pide siete años de cárcel para Jové, seis años y tres meses para Salvadó y un año de inhabilitación para Garriga.

La Fiscalía pide siete años de cárcel para Jové, seis años y tres meses para Salvadó y un año de inhabilitación para Garriga

Al margen de ellos, en el Juzgado de Instrucción Número 13, donde comenzó a investigárseles, se sigue procedimiento contra una treintena de altos cargos y funcionarios de la Generalitat en aquella época. Algunos de ellos continúan siendo altos cargos del Govern en la actualidad. Entre ellos, se encuentran el ex secretario general del Diplocat Albert Royo; la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal; los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio Vicent Sanchís y Saül Gordillo, respectivamente; el exsecretario de Comunicación del Govern Antoni Molons; el exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana Joaquim Nin; el exdirector de Comunicación Jaume Clotet; el ex director general de Medios de Comunicación Ignasi Genovès; la exdirectora de servicios de Presidencia Teresa Prohias; el ex secretario general de Trabajo Josep Ginesta; el ex director general de Patrimonio Francesc Sutrias; el ex secretario general de Relaciones Institucionales y Exterior Aleix Villatoro; los responsables del área TIC de Trabajo David Palanques y David Franco; el exembajador ante la UE Amadeu Altafaj; el exembajador en Ginebra Manuel Manonelles; la directora de servicio de la compañía T-Systems, Rosa Maria Rodríguez, y el ex director general de Unipost Pablo Raventós, entre otros.

Grupo 5: Tsunami Democràtic

El sumario que se sigue en la Audiencia Nacional por la organización de Tsunami Democràtic engloba a una buena parte de dirigentes de ERC, que se verán beneficiados por la amnistía. Entre ellos, la propia secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, pero también otros dirigentes como el exsecretario de Organización y exconseller Xavier Vendrell, el empresario Oriol Soler o activistas como Josep Campmajó o Marta Molina, con responsabilidades en el organigrama de esa plataforma. Pero salpica también al consejero ejecutivo de Òmnium Oleguer Serra Boixaderas o al diputado de ERC Rubén Wagensberg.

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La secretaria general de ERC, Marta Rovira, es una de las principales dirigentes que figura en este sumario y ha sido imputada este lunes por el juez, al igual que Puigdemont. El magistrado sostiene que los hechos podrían ser considerados indiciariamente como terrorismo.

Grupo 6: CDR

El sumario que se sigue contra una docena de activistas de los comités de defensa de la república (CDR) por terrorismo también será archivado. En septiembre de 2019, la Guardia Civil desarticuló un grupo de activistas de los CDR que preparaban atentados por toda Cataluña. Además de ser grabados mientras realizaban ensayos de explosivos fabricados artesanamente, en su poder se encontraron materiales para fabricación de bombas y listados de objetivos, tanto edificios como estaciones de servicio o torres de comunicaciones (Repsol, Alstom, Amazon, Endesa…), comisarías o cuarteles de la Guardia Civil, pero también información sobre políticos constitucionalistas considerados enemigos (Manuel Valls, Marta Farrés, Joan López Alegre, José Manuel Villegas, Francisco Aranda o el intendente de los Mossos C. H.). Los beneficiados en este caso son Jordi Ros, David Budria, Alexis Codina, Germinal Tomàs, Ferran Jolis, o Xavier Buigas, entre otros. Se da la circunstancia de que este comando tenía estrechos vínculos con personas muy cercanas a Carles Puigdemont y a Quim Torra.

Grupo 7: los del Tribunal de Cuentas

La ley también beneficiará a los ex altos cargos de la Generalitat condenados o encausados por el Tribunal de Cuentas por el desvío de fondos del procés. La entidad ya condenó a Artur Mas a devolver 4,9 millones en 2018, fruto de la consulta del 9-N, y este mes está prevista la vista por el 1-O. Junqueras y Puigdemont y otra vez Mas son algunos de los acusados en este segundo procedimiento. En total, 34 ex altos cargos que pueden llegar a ser condenados a pagar cinco millones de euros.

Grupo 8: alcaldes y concejales

Alcaldes y concejales de toda Cataluña se han visto inmersos en procedimientos judiciales por desobediencia en la mayoría de los casos, aunque hay casos de prevaricación. Según fuentes independentistas, de los 712 ediles inmersos en procesos abiertos por la Fiscalía, solo 78 acabaron siendo procesados y, de ellos a 65 se les archivó la causa. Un total de ocho no tienen aún sentencia y dos acabaron absueltos. Entre los condenados, es de destacar Montserrat Venturós, alcaldesa de Berga, que se negó a retirar la bandera estelada de la fachada del consistorio. En 2021, también fue condenado el exalcalde de Agramunt, Bernat Solé, por desobediencia grave en el 2017. Recientemente, ha sido condenado a 1.800 euros de multa y cuatro meses de inhabilitación el exalcalde de Sabadell Matíes Serracant, por desobediencia grave de resolución judicial. En resumen: solo tres alcaldes han sentido el peso de la Justicia por sus actos, pese a que desde las distintas plataformas independentistas se sigue sustentando la falacia de que son cientos los alcaldes represaliados.

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En este apartado deben incluirse los concejales de Pineda de Mar Carme Aragonès y Jordi Masnou, que fueron condenados por coacciones cuando amenazaron a los propietarios de varios hoteles de la Costa Brava por acoger a policías nacionales desplazados para el 1-O.

Grupo 9: activistas y alborotadores

Los activistas y alborotadores forman un numeroso grupo de encausados. Muchos de ellos fueron absueltos por falta de pruebas de incidentes en la vía pública, siempre por enfrentamientos con las fuerzas del orden. Pero un puñado sí han sido condenados. Es el caso de Oriol Calvo, condenado por delito agravado de desórdenes públicos en octubre de 2019, en el marco de los disturbios de protesta por la condena del 1-O. Otro caso sonado es el de Marcel Vivet, condenado a cinco años por golpear con un palo a un mosso en una protesta. Adrià Sas es uno de los activistas condenados (a tres años y medio) por agredir a un policía el 1 de octubre de 2018. Dos activistas más, Francisco Garrobo y Moisés Fernández, fueron condenados por alborotos, pero ahora se beneficiarán de la amnistía. Otro independentista. Ernest Legaz, que rompió la nariz a un policía durante el desalojo de la plaza Universidad en 2019, es otro de los beneficiados, aunque ya fue condenado a un año y 10 meses de prisión y a pagar una indemnización al agente. Por toda Cataluña, hay varios juzgados que han instruido o instruyen diligencias sobre activistas participantes en protestas y acusados de desórdenes públicos, desobediencia o atentado a la autoridad.

Los independentistas intentarán meter también en el mismo saco a los raperos Valtònyc y Pablo Hasél, aunque este último entró en prisión por agresión, un delito que no tiene nada que ver con la libertad de expresión, aunque sus defensores mantienen en su campaña que sufre prisión por la letra de sus canciones.

Grupo 10: fuerzas del orden

La amnistía se hará extensible a los agentes de las fuerzas del orden acusados de agresiones, torturas y otros delitos igualmente muy graves por parte de activistas independentistas. En total, hay varias decenas de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil acusados en diversos juzgados. Solo el magistrado Francisco Miralles procesó a 45 agentes por las cargas del 1-O frente a los colegios electorales. Ninguno de ellos fue condenado por esta causa. En muchos de los casos, las acusaciones fueron sobreseídas porque la actuación policial fue correcta y en otros casos no quedaba acreditado el empleo de la fuerza bruta por parte de los agentes. Igualmente, la querella contra Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Cataluña en 2017, quedará definitivamente archivada. Esta querella fue interpuesta por la plataforma Juristas por la República.