La ley de amnistía borra todo el 'procés' e incluye a los colaboradores de Puigdemont

La ley de amnistía ya tiene forma. Bajo el título Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, el PSOE ha dado el paso definitivo que permitirá la reelección de Pedro Sánchez, ya que el registro de la norma era una condición imprescindible para ERC y Junts. El texto abre la puerta a que los colaboradores de Carles Puigdemont puedan beneficiarse del perdón general, puesto que lo extiende a los actos de "asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables" del intento independentista.

El texto supone el borrado de los actos de desobediencia y desórdenes públicos relacionados con el procés independentista, así como los que derivan en delitos de malversación y prevaricación por parte de funcionarios. Y su horizonte temporal comienza el 1 de enero de 2012, aunque contempla actos que iniciaran antes si su ejecución finalizó después. Y lo mismo ocurre con cualquier acto posterior a este lunes 13 de noviembre si la ejecución acaba más adelante. Cualquier evento, "directo o indirecto", relacionado con el procés quedará perdonado una vez que se apruebe el texto, que debe ser calificado por la Mesa de la Cámara antes de avanzar en su tramitación.

La norma, adelantada por elNacional.cat y elDiario.es, se cerró in extremis, en la noche del domingo al lunes, pero el parto comenzó casi a principios de mes. El pasado 2 de noviembre PSOE y Junts tenían intención de anunciar un acuerdo que se retrasó una semana precisamente por los detalles "técnicos" de la ley de amnistía. El texto firmado por Santos Cerdán, número tres de los socialistas, y Jordi Turull, secretario general neoconvergente, protege a los "responsables y los ciudadanos" que participaron en la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017 y han sido objeto de "decisiones o procesos judiciales" vinculados a estos sucesos.

No obstante, el documento del acuerdo incluía la posibilidad de que la amnistía llegue a situaciones "comprendidas en el concepto lawfare", es decir, a una suerte de guerra judicial contra los dirigentes independentistas. Finalmente, no hay menciones al lawfare en el texto. La acotación de esos supuestos quedaría en manos del desarrollo de las comisiones de investigación previstas en esta legislatura que ERC y Junts ya pactaron con el PSOE en la conformación de la Mesa del Congreso. Es aquí donde podrían encuadrarse los casos, según la aspiración de los neoconvergentes, de personas cercanas a Carles Puigdemont con casos no estrictamente vinculados al 9-N o el 1-0.

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Y así será, ya que la norma incluye la posibilidad de amnistiar las consecuencias "directas e indirectas" del procés. Esta fórmula abre la puerta a que varios de los colaboradores de Junts que se encuentran investigados por delitos ajenos al procés se beneficien del perdón. Con la etiqueta de colaboradores se puede identificar al jefe de la oficina del president, Josep Lluis Alay y el exconseller Miquel Buch, condenado por proporcionarle escolta en Waterloo al igual que el propio agente. Quedaría fuera Laura Borrás, presidenta de Junts y exjefa del Legislativo y el abogado Gonzalo Boye.

La norma también abre la puerta a la rehabilitación política del propio Puigdemont y a su regreso inmediato a España, ya que deja sin efecto "las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión (...) así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención". También quedarán extinguidas "las responsabilidades civiles y contables" en las causas que estén el Tribunal de Cuentas y esto es relevante, puesto que el proceso contra el expresident en este organismo comienza este mismo viernes. La norma no generará "derechos económicos de ningún tipo" ni permitirá "la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa".

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Los plazos de la amnistía

La ley también pone plazos a los tribunales que deben aplicarla. Indica que se tendrá que aplicar con carácter "preferente y urgente" y que "las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos". Los partidos que la impulsan se comprometen además a tramitarla por la vía de urgencia, lo que permite una aprobación acelerada a la espera de la estrategia que ponga en marcha el PP en el Senado, donde tiene mayoría absoluta.

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La ley modifica además, por medio de una disposición final, el Código Penal para incluir la amnistía como motivo para extinguir la "responsabilidad criminal", algo que antes solo se preveía con el indulto. En la exposición de motivos, los partidos firmantes defienden el uso en la "tradición jurídica" española del perdón general y aluden directamente a la ley de Amnistía de 1977, algo que rechazan los críticos con esta medida. También defiende el texto que el orden constitucional de "buena parte de los países de nuestro entorno geográfico e influencia jurídica" contemplan la amnistía.

La exposición de motivos

La exposición de motivos de la ley está pensada para sortear cualquier debate sobre la constitucionalidad de la amnistía al procés. Este era uno de los focos del debate previo, ya que en Ferraz siempre pusieron el límite a la norma en su cabida en la carta magna. Los críticos con la amnistía dentro del PSOE, con Felipe González a la cabeza, rechazaban este marco, pero los negociadores se han afanado en aclarar esta posibilidad.

"No hay restricción constitucional sobre esta materia", reza el texto en alusión a una sentencia del TC de 1986 que alude precisamente a la ley de 1977. Según la norma, la Constitución del 78 no prohíbe la amnistía, sino los indultos generales, "que cuentan con una naturaleza jurídica muy diferente" a una ley orgánica de amnistía.

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Además de esa extensa defensa de la constitucionalidad de la amnistía, la exposición de motivos contiene una suerte de defensa de la necesidad de la ley ante unos hechos que provocaron "tensión institucional, social y política" que se tradujo en la "intervención de la Justicia" y la "desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales". Esa desafección, apunta el texto, no ha desaparecido y así justifican los firmantes su apuesta por el perdón general. Al salir de las Cortes Generales, supone un "refuerzo" al Estado de derecho para responder al procés, según los partidos que suscriben el texto: "Las Cortes asumen la mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político".

La redacción de la ley conecta directamente con el principal argumento que dan los partidos a favor de la misma para justificarla, la necesidad de dar esa respuesta política y no judicial. "Es necesario crear las condiciones para que la política, el diálogo y los cauces parlamentarios sean los protagonistas en la búsqueda de soluciones a una cuestión política", insiste el texto, que desliza un reproche al poder judicial al afirmar que "es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario".