La ley trata de evitar que el Supremo y otros tribunales paralicen la amnistía

La ley de amnistía incluye distintos artículos con los que se trata de evitar que los tribunales dilaten o eviten su aplicación. El texto subraya que los jueces tendrán que activarla de forma "urgente y preferente", que los recursos que se presenten "no tendrán efectos suspensivos" y que el alcance de las cuestiones de inconstitucionalidad será limitado. "Las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de dos meses", llega a afirmar en su artículo 10.

Como ha ido informando El Confidencial, el Tribunal Supremo tenía en sus manos la posibilidad de bloquear la aplicación de una amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de políticos catalanes. El alto tribunal contaba para ello con la opción de presentar la mencionada cuestión de inconstitucionalidad, que paralizaría o detendría la ejecución efectiva del olvido de los delitos en ese procedimiento durante el tiempo que el Tribunal Constitucional tardara en pronunciarse sobre su legalidad. Sin embargo, la redacción de la ley obliga a que se archiven las medidas cautelares mientras se resuelve esta cuestión.

"La entrada en vigor de esta ley implicará el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas respecto de acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía", advierte el artículo 4.4 de la proposición de ley que el PSOE ha presentado este lunes en el Congreso. "Se alzarán las citadas medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones", añade a continuación.

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La cuestión de inconstitucionalidad se centra de forma específica en las dudas sobre el ajuste de una norma que amnistíe los delitos cometidos en relación con el proceso de independencia de Cataluña. La propia Constitución —y también la ley que regula la actividad del TC— describe con precisión tanto las condiciones como las consecuencias inmediatas de activar esta vía. La norma señala que un juez o tribunal puede recurrir a este instrumento, incluso de oficio, cuando "considere que una norma con rango de ley aplicable a su caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución".

La ley orgánica del TC también señala que la cuestión de inconstitucionalidad originará "la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión". No solo eso, una vez admitida la cuestión, el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el TC "resuelva definitivamente sobre la cuestión". Hay otra precisión legal de relevancia si se aplica al caso de los políticos independentistas: el órgano solo podrá plantear la cuestión una vez cerrado el procedimiento. Adaptado al caso de Puigdemont, esto significaría que el juez Pablo Llarena debería dar por concluida su investigación, que quedaría así en manos de la Sala Segunda del Supremo.

La ley de amnistía trata ahora de limitar los efectos de esa suspensión provisional y apunta para ello al "carácter de ley singular". Según defiende, los tribunales deberán adoptar "con carácter preferente y urgente las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta ley, cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable de que se trate".

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Para asegurar su aplicación "en el plazo máximo de dos meses", la ley precisa incluso el modo en que deberá activarse en cada procedimiento: "De aplicarse durante la fase de instrucción o la fase intermedia se decretará el sobreseimiento libre, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes", afirma. "De aplicarse durante la fase de juicio oral el órgano judicial que estuviera conociendo del enjuiciamiento dictará auto de sobreseimiento libre o, en su caso, sentencia absolutoria".