La mayor asociación de abogados del mundo también alerta del pacto PSOE-Junts

El rechazo del mundo jurídico al contenido del acuerdo de investidura suscrito entre PSOE y Junts salta fuera de las fronteras españolas. En un comunicado emitido esta misma mañana, la International Bar Association (IBA), la principal asociación internacional de abogados y de colegios de abogados del mundo, ha expresado su "grave preocupación por la erosión sin precedentes del Estado de derecho en España" y se posiciona junto a las declaraciones emitidas por las distintas asociaciones, instituciones y entidades privadas del sector legal que se han sucedido desde que el pasado jueves se hiciera público el contenido del pacto.

Según el texto remitido por la organización que preside la española y socia de Gómez-Acebo & Pombo Almudena Arpón de Mendívil, el acuerdo suscrito entre socialistas y junteros "incluye estipulaciones que, de ser efectivas, erosionarán de forma grave el Estado de derecho en España", en referencia a la creación de comisiones de investigación contra jueces y la inclusión del lawfare relacionados con el referéndum de Cataluña y la declaración unilateral de independencia de 2017. A la organización le preocupa especialmente las "posibles consecuencias de las acciones de responsabilidad" ejercidas contra la judicatura o las "reformas jurídicas" que puedan derivarse de dichas comisiones parlamentarias.

En este sentido, la IBA destaca, "una vez más, la importancia y la necesidad de protección de un Estado de derecho fuerte, basado en la separación de poderes, donde el poder judicial, actuando de forma independiente y sometido únicamente al imperio de la ley, tiene el papel principal para asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la aplicación de todo el sistema legal". Además, la organización subraya la "unánime condena" de la comunidad jurídica española "a cualquier ataque a la independencia judicial", lo que pone de manifiesto la solidez de las instituciones y el sector legal español, como garantes del Estado de derecho.

El comunicado cita expresamente la declaración que el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) remitió el pasado jueves por la noche, en el que criticaba duramente el uso del término lawfare, que "no tiene cabida en un Estado democrático", y la "inaceptable creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional". Una declaración a la que, posteriormente, se han sumado hasta 15 colegios de abogados en España. El Consejo General de la Abogacía (CGAE), sin embargo, ha sido incapaz de suscribir un acuerdo de mínimos, comunicado cuyo contenido reveló El Confidencial.

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El del ICAM no es el único pronunciamiento que valora la IBA, que también se refiere al comunicado de la comisión permanente Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); al texto conjunto de las cuatro asociaciones judiciales; a la nota de las tres asociaciones de fiscales, o a las decenas de pronunciamientos de los grandes despachos de abogados, "un movimiento sin precedentes en España".

"La IBA, dando voz a la profesión legal global, apoya sin fisuras todas las anteriores manifestaciones dirigidas a la protección del Estado de derecho en España, un país que tiene una democracia sólidamente enraizada en el Estado de derecho y en la absoluta división de poderes", concluye el comunicado.