El Colegio de Barcelona evita posicionarse sobre el 'lawfer' alegando "neutralidad política"

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) no adoptará una posición pública sobre los aspectos más controvertidos del acuerdo suscrito ayer por PSOE y JxCat; en concreto, la amnistía, la existencia en España de lawfare y la posibilidad de que el Congreso convoque a los jueces que han conducido causas contra independentistas a comisiones de investigación parlamentarias. En una nota informativa emitida esta mañana, la institución que dirige Jesús Sánchez ha afirmado que entre las funciones del colegio "no se incluye el emitir posiciones públicas sobre hechos o actualidad de naturaleza política".

En este sentido, el ICAB recuerda una sentencia del Tribunal Supremo del año 2019 que establece que "una corporación de Derecho Público, representativa de una profesión y a la que es obligatorio afiliarse para ejercerla, no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses profesionales a los que debe servir". Este fallo, según interpreta el colegio, les niega la posibilidad de emitir opiniones en este tipo de situaciones y "la junta de gobierno actúa de conformidad con esta resolución".

La posición técnica emitida por el ICAB, no obstante, esconde otros dos condicionantes que afectan a la institución de la capital catalana. La primera es que, como ya se demostró en las anteriores elecciones, existe un porcentaje significativo de los colegiados que apoyan posiciones independentistas. De hecho, la principal candidatura que plantó cara a la que encabezaba Maria Eugènia Gay, ganadora de las elecciones, pero que renunció al poco de iniciar su mandato al ser designada como delegada del Gobierno en Cataluña, era de signo netamente soberanista.

La segunda circunstancia es la propia Gay, en la actualidad segunda teniente de alcalde de Barcelona, tras concurrir como número dos al ayuntamiento de la Ciudad Condal en la lista del PSC que encabezaba Jaume Collboni. No resultaría fácil de asimilar para nadie una declaración de la actual junta de gobierno del ICAB en contra de la posición política defendida de los socialistas, teniendo en cuenta que es un equipo conformado por Gay y heredado por Sánchez.

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La posición del ICAB contrasta con la mostrada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), encabezado por Eugenio Ribón. La institución madrileña reunió ayer de forma urgente a su junta de gobierno para emitir un duro comunicado contra el acuerdo entre socialistas y junteros, rechazando expresamente la utilización del término lawfare y la posibilidad de que el Congreso inicie investigaciones contra los jueces, y asegurando que el ICAM no descarta adoptar medidas para oponerse a algunas de las medidas de un acuerdo que consideran inaceptables.

Ante todo este panorama, por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) sigue guardando silencio. Según fuentes del organismo, el intenso debate mantenido ayer por los decanos sigue vivo hoy. El pleno de la institución se encuentra profundamente dividido entre quienes quieren un pronunciamiento en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes, y quienes defienden no adoptar un posicionamiento que consideran político. Entre los críticos con que el CGAE guarde silencio en la situación actual, hay quien señala como razón la sintonía de su presidenta Victoria Ortega con la órbita del PSOE y quien lo justifica en la difícil situación en la que se colocaría a los decanos de los colegios de Cataluña.