El pacto PSOE-Sumar, la última china en el zapato de un 2024 caliente para el empleo

Vienen curvas para el empleo en 2024. No será un año dramático, pero sí complicado. Al menos así lo anticipan los departamentos laborales de los grandes despachos de abogados, de acuerdo con las consultas que están recibiendo por parte de las empresas en los últimos meses. Las compañías están muy preocupadas por la creciente conflictividad que han provocado las últimas reformas en materia de trabajo y por unos costes laborales que ven disparados. Unos dolores de cabeza que se han acrecentado tras conocer las medidas contenidas en el pacto de gobierno suscrito por PSOE y Sumar. "Está habiendo un aumento de los proyectos de reestructuración laboral para el año que viene", desvela Ignacio Fraile, socio de Gómez-Acebo & Pombo, que anticipa un 2024 "mucho más movido" que este ejercicio.

"La subida de los tipos de interés, la inflación, el fin de los créditos, las alzas salariales, la ralentización que sufren muchos sectores... Todos esos condicionantes conducen a un único destino: la necesidad de reducir los costes laborales", reflexiona Fraile. Sin ser óptimo, todos los expertos consultados coinciden en que en 2023 el empleo se ha comportado de forma más que razonable. La última EPA, la del mes de octubre, reflejaba más de 20,8 millones de afiliados, cerca de medio millón más que un año antes. La tasa de paro se situó en el 11,84%, ocho décimas menos que en el mismo mes del año pasado. Sin embargo, las perspectivas para el año que viene son bastante más oscuras. Un pesimismo al que no ayudan las reformas a las que se han comprometido Pedro Sánchez y Yolanda Díaz si logran atar la investidura.

El acuerdo, presentado a finales de octubre, incluía la reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales en 2025; la subida del salario mínimo interprofesional a lo largo de la legislatura hasta fijarlo en el Estatuto de los Trabajadores en el 60% del salario medio; reforzar la causalidad del despido y protegerlo con una indemnización "adecuada", de acuerdo con la Carta Social Europea, o la extensión de los permisos de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas. "Todas esas son medidas que asustan a las empresas, pues afectan directamente a su cuenta de resultados", señala el socio de Gómez-Acebo & Pombo. Un batería que, de aprobarse, se sumaría a la digestión de las novedades introducidas en la regulación en materia de trabajo a lo largo de la pasada legislatura.

Una interminable sucesión de cambios normativos que tampoco ayuda. Ignacio Hidalgo, socio de RSM, indica que la percepción generalizada de las compañías es la de "una enorme incertidumbre en relación con el futuro y una gran inseguridad jurídica respecto de la interpretación de las normas laborales". Dos factores que hay que sumar al "inmenso problema" de los costes adicionales a los de la propia actividad que conlleva la reciente legislación laboral. Un plomo en las alas que penaliza especialmente a las pequeñas y medianas empresas. En RSM, explica Hidalgo, también trabajan en reestructuraciones laborales, pero que guardan relación con la marcha del negocio en determinados sectores de actividad y no tanto con la incertidumbre legislativa.

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"No prevemos que sea una gran reestructuración del mercado de trabajo, pero sí un ajuste", señala en la misma línea Enrique Ceca, del bufete Ceca Magán. El letrado anticipa una contracción general del empleo derivada de la reducción del consumo, la subida de los costes generales de la financiación y la incertidumbre geopolítica, con mayor incidencia en empresas como el sector del gran consumo "que ya están notando algún tipo de desaceleración". En su opinión, la forma principal será a través de despidos "y no por otras vías". Por otro lado, Ceca señala la paradoja de que las compañías de otros ámbitos seguirán sin encontrar perfiles y tendrán que acudir, entre otras fórmulas, a la captación de mano de obra internacional.

Los ERE, un tabú

El socio director del área Laboral de Ceca Magán explica que las previsiones de finales de 2022 y mediados de 2023, que ya auguraban problemas para el empleo a corto plazo, fallaron porque nadie previó el "sorprendente tirón del consumo". Eso sí, aunque en España la situación sea "un poco más robusta" que en otros países europeos, ello "no quita para que los problemas sigan latentes y, en un momento determinado, las empresas necesiten reestructurarse o ajustarse". Los primeros síntomas están ahí, como el frenazo en la contratación, especialmente en determinados sectores o segmentos de población que quiere trabajar. Entre quienes siguen necesitando mano de obra, Ceca señala las empresas dedicadas a los ámbitos de las energías renovables, consultoría, salud y tecnología, en especial, las enfocadas a los ciberriesgos.

También hay quien espera a que el entorno político se estabilice antes de tomar decisiones de tanta trascendencia, razona Raúl García, socio de EY Abogados, aunque no es el único factor por el que se están demorando los ajustes anunciados hace meses. Existen otros elementos, detalla García, como la entrada en vigor de la directiva sobre los informes de sostenibilidad, que supondrá para muchas corporaciones el "tener que exhibirse en el mercado" a este respecto. "En definitiva, accionistas, inversores o consumidores van a tener la oportunidad de valorar esos despidos desde la perspectiva ESG, lo que puede afectar al valor de la acción de la compañía". Es por ello, incide el socio de EY Abogados, por lo que el despido colectivo se ha convertido "en un tema casi tabú", por lo que los asesores están teniendo que buscar "fórmulas alternativas que, si bien no lo descartan, por lo menos lo minimizan". Ese es el gran cambio respecto de la crisis de 2008.

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"Hay sectores económicos que tienen grandes incertidumbres y que se están preparando para poder dar respuesta a las situaciones conforme se vayan produciendo", corrobora Juan José Hita, socio de Augusta Abogados. El letrado incide en que "uno de los principales problemas en España" es que las herramientas jurídicas y económicas con las que cuentan las empresas para llevar a cabo esos ajustes "son demasiado burocráticas y costosas". "Esto es lo que sucede cuando una compañía se plantea una reestructuración", remata. En cualquier caso, de acuerdo con las consultas que están recibiendo en el bufete, Hita afirma que, "salvo situaciones descontroladas", no se esperan grandes reestructuraciones que tengan un impacto relevante en el empleo a lo largo del ejercicio que viene.

En este contexto, el socio de Augusta Abogados rechaza apuestas legislativas que generan inseguridad, rigidez, imposición por parte de la norma, mayores costes para las empresas y situaciones que pueden llegar a ocasionar problemas de gestión en los propios trabajadores. "En una situación de incertidumbre, en la que los efectos de la pandemia aún no han desaparecido del todo, no se aprecian los beneficios de los fondos europeos y la economía se está enfriando, este tipo de medidas solo pueden tener como consecuencia un grave problema para la creación de empleo", concluye.