Unidad sin precedentes de los grandes bufetes contra el acuerdo PSOE-Junts

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Reacción sin precedentes de los grandes despachos de abogados contra los apartados más controvertidos del acuerdo de investidura entre PSOE y JxCAT. En un sector tan poco dado a los pronunciamientos de corte político, a las significaciones públicas o a las controversias, sin embargo, las principales firmas han mostrado su rechazo a cualquier amenaza contra la separación de poderes o a las acusaciones de falta de imparcialidad a los jueces de este país. Tanto las españolas como las internacionales. Especialmente significativas, entre quienes se han manifestado en las últimas horas, son las palabras de dos firmas fundadas en Barcelona —aunque operan a nivel nacional— y con un importante volumen de negocios en Cataluña, como son Cuatrecasas y RocaJunyent, bufete fundado por Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución.

En una nota publicada en sus redes sociales, el consejo de Administración de Cuatrecasas expresó su "respeto y reconocimiento a los valores y principios consagrados en la Constitución Española". Además, aseveró que respalda la división de poderes "como garantía de los derechos reconocidos en la Carta Magna" y considera la independencia del Poder Judicial como "uno de los ejes vertebradores de la democracia". Por todo ello, la firma que preside Rafael Fontana "rechaza sin fisuras cualquier medida que, de forma mediata o inmediata, pueda comprometerla".

RocaJunyent, por su parte, incidió en "su reconocimiento a la importante labor que, con plena independencia, vienen desarrollando los juzgados y tribunales para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la aplicación del ordenamiento jurídico". Unas palabras que, aunque sin mencionarlo expresamente, niegan la existencia de lawfare en España y muestran el apoyo de la firma al Poder Judicial. A nadie se le escapa que, tanto por su fuerte implantación en Cataluña, como por su clientela y la diversidad política de sus propias plantillas y socios, se trata, en ambos casos, de comunicados de elevada sensibilidad para ambos bufetes.

Los comunicados de Cuatrecasas y RocaJunyent se suman a las de otras firmas nacionales que ayer también expresaron su malestar con los términos de acuerdo por el que Pedro Sánchez se asegura los votos de Carles Puigdemont para la investidura. Gómez-Acebo & Pombo reclamó la "necesidad de asegurar siempre la total independencia de jueces y tribunales, sin injerencias de ningún tipo del resto de poderes del Estado, cuya separación es clave en cualquier Estado democrático".

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Ontier, por su parte, manifestó "su rechazo a los ataques contra los pilares de nuestro Estado de derecho incluidos en los acuerdos de investidura", entre los que menciona la concesión de la amnistía "a personas condenadas por los graves delitos cometidos en 2017" —es el único despacho que se refiere expresamente este extremo— o la fiscalización en el Congreso de la actividad jurisdiccional, "un ataque a la independencia judicial y al principio de separación de poderes".

Asimismo, Broseta expuso su "disconformidad ante cualquier intervención, desde cualquier posición política, en la actividad de jueces y magistrados". En este sentido, el bufete señala que el Estado de Derecho "que a día de hoy nos ampara, es fruto del consenso de la mayoría de los españoles, así como del trabajo, el tesón y el compromiso de muchas personas que, en su momento, pusieron en riesgo, no solo su propia libertad, sino sus vidas para conseguirlo". Y recuerda el asesinato en 1992 del fundador de la firma Manuel Broseta Pont por parte de la banda terrorista ETA.

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Todos estos pronunciamientos se suman a los de Pérez-Llorca —fundado por otro padre de la Carta Magna, José Pedro Pérez-Llorca—, Garrigues y Uría Menéndez, que ya el viernes expresaron públicamente su repudio por el contenido del acuerdo PSOE-Junts y su adhesión al comunicado que el jueves realizó la junta de gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), primera gran institución de la abogacía en manifestarse. El texto de la entidad liderada por el decano Eugenio Ribón mostraba su disconformidad al uso del término lawfare, "pues no tiene cabida en un Estado Democrático, afirma, y señaló que ve "inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional".

Por estas y otras razones, el ICAM anunció que ejercitaría "cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes", dos principios de nuestro sistema que la institución encuentra seriamente amenazadas, a la vista del literal del pacto, tanto por la amnistía como por la intención de examinar en el Congreso la actuación de los jueces.

Despachos internacionales

Sin embargo, las reacciones de los bufetes nacionales no serán las únicas voces que se escuchen en contra del pacto de investidura Sánchez-Puigdemont. También los despachos internacionales están tomando la palabra, lo cual ayuda a tomar conciencia de la percepción de la gravedad que para el mundo de la abogacía ha tenido el literal del acuerdo. La primera en hablar fue la firma norteamericana White & Case, que emitió un comunicado en el que sus socios en Madrid reclamaron "respeto al orden constitucional, la separación de poderes y la independencia de los juzgados y tribunales, como elementos configuradores de un estado democrático de derecho como es España".

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Los despachos ingleses también están haciendo saber que se oponen a cualquier ataque a la separación de poderes y la independencia judicial. Algunas firmas del Magic Circle —tres de las cuales cuentan con socios directores abogados del Estado: Jaime Velázquez en Clifford Chance; Antonio Vázquez-Guillén en Allen & Overy y José Giménez en Linklaters— junto con otros despachos como Simmons & Simmons barajaron la emisión de un comunicado conjunto, idea que finalmente decayó, optando sus integrantes por mensajes individuales.

El primero en hacerlo ha sido Linklaters, que ha manifestado "su firme compromiso con los principios básicos del Estado de Derecho y su adhesión a la declaración institucional del Colegio de la Abogacía de Madrid". Simmons & Simmons también se suma a las palabras del ICAM y muestra su "disconformidad con toda injerencia en la actividad de los jueces y magistrados, solo sometidos al imperio de la ley". Finalmente, en un mensaje esta misma mañana, Allen & Overy ha expresado su "profunda preocupación por el riesgo de politización de la justicia. La separación de poderes, el respeto al orden constitucional y la independencia del poder judicial son elementos esenciales del Estado democrático de Derecho, base de nuestra convivencia".

Los socios de Freshfields, otra de las firmas del Magic Circle presentes en España, también ha anunciado su apoyo y adhesión al comunicado del Colegio de Madrid "en defensa de la separación de Poderes y el Estado de Derecho", pronunciamiento similar al que han realizado los socios de Latham & Watkins en España, que han remarcado su "profundo respeto por los principios del Estado de Derecho". Otros bufetes que también han emitido comunicados en la misma línea son CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Squire Patton Boggs, Ceca Magan, Andersen, Ashurst, Eversheds Sutherland, DLA Piper, Elzaburu, Ayuela Jiménez, MA Abogados, Cases & Lacambra u Ospina Abogados.