Pérez-Llorca, primer gran despacho en posicionarse contra el acuerdo PSOE-Junts

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Pérez-Llorca se convierte en el primer gran despacho de abogados en pronunciarse contra las medidas contenidas en el acuerdo PSOE-Junts. En un comunicado difundido esta tarde, el bufete fundado por uno de los padres de la Constitución, José Pedro Pérez-Llorca, ha expresado la necesidad de respetar "el principio de separación de poderes" como "fundamento" del Estado de Derecho. Además, ha reclamado el "respeto a la independencia judicial" como uno de los pilares del sistema democrático.

"Los jueces y magistrados españoles ejercen su función con arreglo a la ley, con independencia y profesionalidad", reza el texto difundido por el bufete que actualmente lidera Pedro Pérez-Llorca, en clara referencia al término lawfare recogido en el pacto entre socialistas y junteros. El despacho, que afirma "valorar y cultivar" el legado de su fundador, ha subrayado su "respaldo" a la declaración institucional emitida ayer por la noche por la junta de gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

Tras conocer el acuerdo, la cúpula de la institución colegial que lidera el decano Eugenio Ribón se reunió de urgencia para expresar su rechazo al texto con el que Pedro Sánchez se garantiza el apoyo de Carles Puigdemont a su investidura. La entidad criticó la referencia al lawfare, "pues no tiene cabida en un Estado Democrático" y señaló que ve "inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional". Por estas y otras razones, anunció que ejercitaría "cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes", principios que el ICAM ve amenazados.

Pérez-Llorca se convierte así en el primer bufete de la abogacía de los negocios en adoptar una posición pública crítica con el acuerdo, aunque puede no ser la última. Otras firmas están estudiando si dan el paso, a la vista de la gravedad de un texto que ha alarmado a muchos juristas.

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En el ámbito institucional, son varios los colegios, además del de Madrid, que han emitido comunicados en contra del pacto PSOE-Junts. Entre ellos, destacan el Colegio de Granada, que lo ha calificado de "inadmisible" por suponer un "ataque frontal al Estado de Derecho", y los tres colegios de la Región de Murcia (Murcia, Lorca y Cartagena), que han mostrado su "rechazo absoluto" a que se ponga "en tela de juicio la independencia judicial".

La junta de gobierno del Colegio de las Islas Baleares, por su parte, ha aseverado que las medidas contenidas en el acuerdo de socialistas e independentistas "suponen un riesgo inasumible de quiebra de separación de poderes y, por tanto, una amenaza directa sobre uno de los principios fundamentales que sustentan un Estado de Derecho". Y ha agregado que la "la referencia expresa al término lawfare no hace sino sembrar dudas inaceptables sobre la independencia de nuestros juzgados y tribunales, que disponen de los propios mecanismos de garantía, y contribuir al desprestigio de la imagen de la justicia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras".

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Estos posicionamientos contrastan con el del Colegio de Barcelona (ICAB) o con el silencio del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). La institución de la Ciudad Condal ha señalado que no adoptará ningún posicionamiento público ya que, entre las funciones del colegio "no se incluye el emitir posiciones públicas sobre hechos o actualidad de naturaleza política". El ICAB se ampara una sentencia del Tribunal Supremo del año 2019 que establece que "una corporación de Derecho Público, representativa de una profesión y a la que es obligatorio afiliarse para ejercerla, no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses profesionales a los que debe servir".

Por su parte, el CGAE sigue sumido en un intenso debate sobre si debe existir un pronunciamiento del máximo órgano de la abogacía institucional. Según fuentes de la institución, se ha planteado un documento de mínimos, pero que sigue contando con la oposición de numerosos decanos que encuentran que eso supone adoptar una posición política. La presidenta Victoria Ortega ha afirmado internamente que solo si existe unanimidad emitirán un comunicado. Los críticos con esta decisión consideran que no se trata de una cuestión de índole política sino de la defensa de los pilares esenciales del Estado de Derecho.