El Colegio de Granada presiona al CGAE por el 'lawfare': "La Abogacía no puede callar"

El Ilustre Colegio de Abogados de Granada (ICAGR) se suma al Colegio de Madrid (ICAM) en su rechazo al acuerdo anunciado ayer por el PSOE y Junts. En un duro comunicado, la junta que encabeza Leandro Cabrera muestra su "denuncia y rechazo" a un acuerdo que considera que "supone un ataque frontal al Estado de Derecho en sus más elementales fundamentos, al poner en serio peligro la independencia del poder judicial y el principio básico de la separación de poderes". En este sentido, insta a los poderes públicos a que rectifiquen los términos del mismo "para salvaguardar nuestro Estado de Derecho y los principios constitucionales que los abogados hemos jurado o prometido cumplir".

Además, el ICAGR envía un mensaje al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que guarda silencio ante el pacto: "Los juristas en general y la Abogacía en particular no puede permanecer callada ante semejante vulneración de la Constitución y las normas básicas del Estado de Derecho". Como ha informado este diario, desde ayer por la tarde existe un profundo debate entre los decanos y la dirección del CGAE, que preside Victoria Ortega, sobre si la institución debe manifestarse a favor del Estado de Derecho y la separación de poderes. Quienes se oponen aseguran que el Consejo no debe adoptar posicionamientos políticos.

El comunicado de la junta de gobierno granadina expone "su profunda preocupación" por el documento hecho público ayer por socialistas y junteros, así como "su posible aplicación legal". Además, razona que "resulta inadmisible permitirse cuestionar desde el poder político —a través de las denominadas comisiones de investigación— las actuaciones de los jueces y tribunales y si se ha producido lawfare (instrumentalización de la justicia con fines políticos), lo que supone una manifiesta injerencia en la labor judicial de impartir Justicia, eliminándose de facto la separación de poderes, pilar básico de nuestra democracia, que con ello se vería seriamente amenazada".

En opinión del ICAGR, la aplicación del acuerdo PSOE-Junts atacaría las "legítimas decisiones de los tribunales y la estricta aplicación de las leyes, quebrando el principio de igualdad consagrado en nuestra Carta Magna, lo que sitúa a los justiciables en un estado de desequilibrio y arbitrariedad en función de factores que son ajenos al principio de legalidad y que vendrían dictados por intereses políticos, con evidente perdida de las más mínimas garantías constitucionales". La posición de Granada se alinea con Madrid y se aleja de la del Colegio de Barcelona (ICAB) que esta misma mañana ha emitido una nota informativa afirmando que entre las funciones del colegio "no se incluye el emitir posiciones públicas sobre hechos o actualidad de naturaleza política".

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En este sentido, la entidad que dirige el decano Jesús Sánchez recuerda una sentencia del Tribunal Supremo del año 2019 que establece que "una corporación de Derecho Público, representativa de una profesión y a la que es obligatorio afiliarse para ejercerla, no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses profesionales a los que debe servir". Este fallo, según interpreta el colegio, les niega la posibilidad de emitir opiniones en este tipo de situaciones y "la junta de gobierno actúa de conformidad con esta resolución".