Más bufetes de abogados se unen al rechazo al 'lawfare' ante un CGAE inoperante

Nuevos despachos de abogados, entre ellos Uría Menéndez, se han sumado este sábado a las declaraciones de repudio del acuerdo entre PSOE y Junts que mencionaba el término lawfare y proponía la creación de comisiones de investigación parlamentaria contra los jueces. El viernes por la noche, el bufete que lideran Jesús Remón y Salvador Sánchez-Terán publicó un comunicado en el que expresaba "su reconocimiento a la importante labor" de juzgados y tribunales, reconociendo además su "independencia y único sometimiento a la ley".

Este sábado, Ontier también emitió un comunicado en el que manifiesta "su rechazo a los ataques contra los pilares de nuestro Estado de Derecho incluidos en los acuerdos de investidura", entre los que menciona la concesión de la amnistía "a personas condenadas por los graves delitos cometidos en 2017" o la fiscalización en el Congreso de la actividad jurisdiccional, "un ataque a la independencia judicial y al principio de separación de poderes".

Asimismo, Broseta ha expuesto su "disconformidad ante cualquier intervención, desde cualquier posición política, en la actividad de jueces y magistrados". En este sentido, el bufete señala que el Estado de Derecho "que a día de hoy nos ampara, es fruto del consenso de la mayoría de los españoles, así como del trabajo, el tesón y el compromiso de muchas personas que, en su momento, pusieron en riesgo, no solo su propia libertad, sino sus vidas para conseguirlo". Y recuerda el asesinato en 1992 del fundador de la firma Manuel Broseta Pont por parte de la banda terrorista ETA.

De este modo, Ontier y Broseta se unen a Pérez-Llorca y Garrigues, los primeros despachos en mostrar su rechazo al contenido del acuerdo entre socialistas y junteros. Todos ellos se han adherido a la declaración del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) que el jueves por la noche lanzó un comunicado aprobado por la junta de gobierno en el que criticaba la referencia al lawfare contenida en el texto, "pues no tiene cabida en un Estado Democrático". Además, señaló que ve "inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional". Por estas y otras razones, anunció que ejercitaría "cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de derecho y la separación de poderes", principios que el ICAM ve amenazados.

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Junto con el ICAM, Colegios de Abogados como el de Granada, los tres de la Región de Murcia (Lorca, Murcia y Cartagena), Alicante, Cantabria, Ciudad Real, Almería y el de las Islas Baleares también han señalado su rechazo, más o menos severo, al pacto por el que Pedro Sánchez se ha garantizado los votos de Carles Puigdemont para su investidura. Quien ha rechazado adoptar ninguna posición es el Colegio de Barcelona (ICAB), apelando a la "neutralidad política".

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), por su parte, ha vuelto a poner de manifiesto su inoperancia, al ser incapaz de expresar una declaración de mínimos en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes, texto que ha podido consultar El Confidencial. La razón que ofreció su presidenta era que no existía unanimidad, algo que la normativa interna de la institución no exige y que no ha requerido para otros pronunciamientos, según explican fuentes del Consejo.

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El comunicado, que se negoció a lo largo del viernes, expresaba varias ideas muy genéricas como que "nuestra Constitución, en su artículo 1, determina que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político"; que el artículo 117.3 "atribuye en exclusiva a los Jueces y Tribunales el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado"; y que el artículo 67.h) "declara entre los fines generales de los Colegios de la Abogacía, la defensa del Estado social y democrático de Derecho proclamado en la Constitución y la promoción y defensa de los derechos humanos".

Por todo ello, concluía el texto, el CGAE "quiere hacer público, una vez más, su confianza y compromiso con el Estado de derecho, con la independencia del Poder Judicial y con el funcionamiento de nuestras instituciones, haciendo un llamamiento al más amplio diálogo y consenso y al respeto a la Ley, a la salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales y a las decisiones de los Tribunales".

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Sin embargo, a pesar de limitarse a expresar principios generales del Estado de Derecho, los decanos fueron incapaces de ponerse de acuerdo para apoyar el texto. Los más críticos con el pacto PSOE-Junts lo consideraron excesivamente tibio; y enfrente están los que entienden que las instituciones de la abogacía no deben hacer declaraciones políticas. La presidenta del CGAE, Victoria Ortega —a quienes muchos acusan de temer una mayor contundencia por su cercanía al PSOE, mientras que otros elogian por gestionar su posición de poder con habilidad y audacia, y más con unas elecciones cada vez más cerca—, aseveró que no se daban las circunstancias para aprobar el comunicado.

De este modo, el Consejo de la Abogacía se aparta de muchas otras instituciones representativas de las profesiones jurídicas que, mayoritariamente, están expresando su repudio a los términos del acuerdo PSOE-Junts.