La carrera de obstáculos a la que se enfrenta la ley de amnistía en los tribunales

El texto de la ley de amnistía ya está cerrado. Tras el acuerdo alcanzado con ERC la pasada semana, el PSOE selló este jueves un pacto con Carles Puigdemont que garantiza "la ley de amnistía para procurar la plena normalidad política, institucional y social". Su registro formal en el Congreso es cuestión de días, pero en los tribunales seguirá enfrentándose a toda una carrera de obstáculos.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, dejó claro este jueves que serán los jueces los que valoren si la amnistía "cubre a unos o a otros", por lo que el texto que hoy parece infranqueable no tiene por qué serlo mañana. El propio Puigdemont lo vivió esta semana, cuando la Audiencia Nacional le imputó por "actos de terrorismo" en la causa de Tsunami. El borrador de la amnistía en principio especificaba que no son amnistiables los actos terroristas con muertos, y esa es precisamente la posibilidad que se investiga ahora: la "vinculación" entre la muerte de un ciudadano francés por un infarto y el bloqueo al aeropuerto de El Prat que llevó a cabo Tsunami.

Para impedir que los tribunales limiten la amnistía, el PSOE y Junts también han pactado poner en marcha comisiones de investigación parlamentarias. Según defienden, se trata de responder al "lawfare", es decir, a la supuesta guerra jurídica contra el independentismo. Esta medida les permitiría extender la amnistía a casos que no tienen nada que ver con el procés, como el del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, que se enfrenta a un juicio por blanquear dinero del narcotráfico. Sin embargo, los jueces seguirán teniendo la última palabra respecto a la aplicación práctica de la ley, con al menos cuatro vías que pueden complicar sus efectos.

Cuestión de inconstitucionalidad

La primera y más previsible es la cuestión de inconstitucionalidad, una figura que queda reservada al tribunal que "considere que una norma con rango de ley aplicable a su caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución". Su activación obliga al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre la misma y, mientras no decida si admite o no la cuestión, su simple presentación conlleva "la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial".

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Si, por ejemplo, el Tribunal Supremo recurre a esta figura en el marco del procedimiento contra los líderes procés, las consecuencias serían distintos de unos a otros: Oriol Junqueras y el resto de condenados permanecerían inhabilitados hasta nuevo aviso, pero Carles Puigdemont y el resto de huidos podrían volver de inmediato a España, además de tener vía libre para presentarse a unas nuevas elecciones. Como estos últimos no han llegado a ser condenado en ningún momento, la suspensión del procedimiento ya les permite beneficiarse de la amnistía de forma inmediata.

Recusaciones contra magistrados

El PP también llevará la ley al Tribunal Constitucional mediante un recurso de inconstitucionalidad. El partido de Albero Núñez Feijóo puede utilizar para ello sus más de cincuenta diputados o senadores, así como sus mayorías en algunas comunidades autónomas. De hecho, gobiernos como el de Castilla y León, donde el PP comparte ejecutivo con Vox, ya han anunciado que activarán esta palanca.

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En cualquier caso, el recurso de inconstitucionalidad presenta una clara diferencia frente a la cuestión de inconstitucionalidad: ni su presentación ni su admisión conllevan "la suspensión automática" de la norma. El Constitucional puede mantener los efectos de la amnistía mientras decide sobre el fondo de los recursos, y este escenario ya ha abierto una lucha paralela: los intentos de unos y otros por recusar a determinados magistrados, es decir, por apartarles de la deliberación en la que se decida si la ley es o no constitucional. Con siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores, cada voto cuenta.

Cuestión prejudicial a Europa

Otra opción consistiría en que alguno de los juzgados que se viera afectado por la amnistía planteara una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En ese caso, el correspondiente juez dejaría atrás la Constitución para contraponer la amnistía con el derecho de la Unión Europea. Esta figura también implicaría paralizar el procedimiento hasta que el TJUE resolviera la duda y los plazos pueden dilatarse hasta dos años.

Como avanzó este martes El Confidencial, el auto con el que la Audiencia Nacional acaba de imputar a Puigdemont en el marco de la investigación sobre Tsunami allana ese camino. El magistrado considera que los hechos pueden ser considerados indiciariamente como terrorismo y, a la hora de justificar esta postura, apunta al "derecho de la Unión Europea". Si hace apenas unos días la causa del procés en el Supremo parecía la más importante de cara a la aplicación de la amnistía, la de Tsunami le pisa los talones, aunque la Fiscalía no comparte el criterio del juez y ya ha recurrido su resolución.

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Cascada de querellas y demandas

Vox también ha anunciado la interposición de una querella contra Pedro Sánchez en Supremo por cohecho, otra contra los miembros de la Mesa del Congreso y del Senado por prevaricación y un recurso de amparo en el Constitucional "pidiendo medidas cautelares para la no celebración de esos Plenos". Al no contar con 50 diputados ni senadores, la normativa del tribunal impide a Vox presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero desde el partido se escudan en que cada uno de sus parlamentarios lo hará a título personal.

Los propios ciudadanos también pueden presentar demandas por la vía civil para tratar de bloquear la amnistía mediante la petición de cautelares, aunque tienen escasas posibilidades de prosperar. La pasada semana, un juzgado de Madrid ya admitió a trámite la demanda de una ciudadana que pedía paralizar cautelarmente la tramitación parlamentaria e incluso fijó una vista para debatirlo, pero posteriormente la suspendió. Aunque la Fiscalía se opone a esta vía, todo dependerá de esa interpretación de los jueces que PSOE y Junts tanto temen.