La Fiscalía se opone a los intentos de parar la amnistía por la vía civil: "Corresponde al TC"

La Fiscalía Provincial de Madrid ha avisado este viernes de que “no es competencia del orden jurisdiccional civil" ni del "orden contencioso-administrativo" entrar a analizar el fondo de la ley de amnistía o frenar la misma de forma cautelar. El Ministerio Público lanza esta advertencia al Juzgado de Primera Instancia 104 de Madrid, que la pasada semana admitió a trámite la demanda de una ciudadana que pide paralizar cautelarmente la tramitación parlamentaria de la norma. Según la Fiscalía, este debate "corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional".

La demanda solicitaba al juez medidas cautelares para evitar que tanto la presidencia como la mesa del Congreso pudiesen "celebrar un pleno para la aprobación de una ley de amnistía de los investigados, acusados y condenados por su participación en el procés". El Juzgado de Primera Instancia 104 de Madrid llegó a fijar una vista para debatir esta petición el lunes 13 de noviembre y convocó a "a la parte solicitante y a la parte señalada como futura demandada", aunque posteriormente dio marcha atrás y la suspendió.

Con el procedimiento todavía en suspenso, la Fiscalía ha movido ficha y ha presentado un recurso en el que se muestra tajante sobre la demanda: "Tiene la consideración de acto parlamentario y no de acto de naturaleza administrativa", advierte. "El enjuiciamiento, tanto de las pretensiones que afectan al fondo como de las referidas a la justicia cautelar del litigio, corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional”. Teniendo en cuenta que "en el presente caso existe una manifiesta falta de jurisdicción", la Fiscalía solicita que el juzgado se abstenga de conocer la demanda y mantenga la suspensión de la vista.

Este escrito adelanta la postura de la Fiscalía ante la oleada de demandas que se esperan en los juzgados de primera instancia para tratar de frenar la amnistía. Según el bufete Pérez-Roldán, que fue el que informó la pasada semana sobre la decisión del juzgado madrileño, ya se han presentado más de 3.000 demandas por parte de distintos ciudadanos.

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EFE

Los fiscales cargan contra el pacto PSOE-Junts

Mientras la Fiscalía responde a las primeras maniobras en los tribunales, las asociaciones que les representan elevaron este jueves el tono contra el acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts Per Catalunya. La Asociación de Fiscales (AF), de corte conservador y mayoritaria en la carrera fiscal, tachó de "inadmisible la utilización del término guerra judicial (lawfare)" por parte de ambos partidos y consideró que se trata de "un ataque sin precedentes a la independencia judicial".

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), entre cuyos miembros destacan el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su antecesora y exministra de Justicia, Dolores Delgado, también mostró su "absoluto rechazo" a las referencias al lawfare y "judicialización de la política". En cuanto al compromiso del PSOE de poner en marcha comisiones de investigación parlamentarias para examinar causas que vinculan con ese supuesto lawfare, advirtieron de que "pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes".

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Pablo Gabilondo

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) fue un paso más allá y criticó la "intervención de un mecanismo internacional" para verificar el pacto, la negociación de un "referéndum de autodeterminación" y el hecho de que Junts y PSOE consideren que representan a "Cataluña y a España, cuando ni uno ni otro ostentan tal representación".