El pulso de los 'diez negritos' en el Constitucional: la amnistía abre la caza de recusaciones

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Miércoles, 1 de noviembre. La magistrada progresista del Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer acude a una entrevista en Radio Nacional y responde a una pregunta efectuada sobre la constitucionalidad de la amnistía. "No lo sé", dice en inicio sobre el encaje de una norma de este tipo en la Carta Magna, para añadir a continuación: "¿Que la Constitución no mencione la amnistía prejuzga el resultado de una decisión? Yo creo que no. Puede tener encaje o no".

Sus palabras provocaron una inmediata reacción. Se apuntó desde distintos ámbitos que, con ellas, prejuzgó y anticipó su posición frente a los fututos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que se presentarán frente a la ley. Ella lo descarta y precisa que no dijo nada que la comprometiera. No obstante, lo sucedido no es más que el síntoma de algo que ya se mueve en el órgano de garantías. La seguridad de que, ante la amnistía, el TC será escenario de una guerra de recusaciones que ha comenzado a calentarse antes siquiera de que el texto vea la luz y que explotará cuando comiencen a llegar las primeras impugnaciones. Una pugna para tachar de la ecuación final magistrados de uno y otro lado.

Los números actuales del TC arrojan una clara mayoría progresista que, además, ha actuado unida hasta el momento. Siete magistrados de un lado y cuatro del otro, en las filas conservadoras. Este sector sufre desde hace meses una vacante que no se ha cubierto, enredada en la incapacidad del PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. De los siete magistrados del sector de la izquierda, dos se enfrentarán sin duda a solicitudes de abstención: Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y bruñidor de los indultos a los políticos independentistas catalanes juzgados, y Cándido Conde-Pumpido, el presidente.

Como ya avanzó este periódico, Pumpido no se plantea apartarse. La actual situación del magistrado, desde hace unos meses apartado de determinados asuntos que afectan a Carles Puigdemont, no afecta en su opinión al estudio de un texto de estas características. Situación distinta es la del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, cuya intervención en la concesión de la gracia, argumentada desde su departamento, pone muy complicado que participe en la decisión final del TC.

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Pumpido fue recusado por Puigdemont y se retiró de los recursos de amparo que puedan presentar el expresident catalán y los demás procesados en la causa penal seguida en el Supremo. Según aseguran fuentes jurídicas, esta situación no afecta a otros asuntos, como podría ser un recurso de inconstitucionalidad. El presidente fue recusado precisamente por los investigados por el procés. Reclamaron apartarle cuando ejercía como coordinador de todas las sentencias del tribunal de garantías que desestimaron sus recursos, casi un centenar. El actual presidente del TC siempre se manifestó a favor de la desestimación y nunca hizo votos particulares en contra del criterio mayoritario.

Mientras que la presencia de Pumpido está casi garantizada, parece obvio que Campo no podrá intervenir en una hipotética decisión sobre la constitucionalidad de una ley de amnistía. Tuteló desde Justicia la argumentación de los indultos en la que, además, se hacía expresa mención a la amnistía. Los expedientes que firmó Campo defendían la aplicación de la ley a esas conductas y recordaba que nadie "está por encima de ella".

Opinión

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Tampoco quedará libre de reclamaciones de recusación la magistrada Laura Díez. El PP ya ha tratado de apartarla en anteriores cuestiones debido a que desempeñó un alto cargo en el Gobierno del PSOE, donde trabajó bajo las órdenes directas de Carmen Calvo y Félix Bolaños desde el 4 de febrero de 2020 hasta el 26 de abril de 2022. "Su interés en favorecer los intereses del PSOE y del ministro Bolaños constituye un elemento objetivo para temer por la falta de imparcialidad", argumentó sin éxito entonces.

Los conservadores

Tampoco los cuatro conservadores quedarán libres de reclamaciones de recusación. El expresident catalán ya lo intentó con ellos desde su mismo nombramiento. Reclamó apartar a los dos magistrados más recientes designados a propuesta del PP, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, esgrimiendo su “estrecha relación” con el partido. La pelea que se prepara vendrá de los dos flancos y busca garantizar uno u otro resultado, siguiendo la creencia previa de la gran mayoría de los recurrentes potenciales de que votarán en uno u otro sentido en función de motivos ideológicos.

Posteriormente, volvió a cargar contra miembros de este sector después de que el pasado verano una sala que integraban dos de ellos inadmitiera un recurso de amparo de Puigdemont y Comín contra su procesamiento por malversación agravada y desobediencia. Aseguró entonces que no tuvieron "la imprescindible apariencia de imparcialidad" en relación con los recursos de los eurodiputados como consecuencia de su "juicio anticipado" emitido en la sección de vacaciones, lo cual les obligaba a abstenerse.