Un vocal progresista amaga con no ir al pleno del CGPJ y pone en bandeja la declaración contra la amnistía

El vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Cuesta ha presentado este domingo un escrito en el que solicita que se desconvoque el pleno extraordinario previsto para el lunes para debatir una propuesta de declaración institucional contra la amnistía. Cuesta precisa que si mantiene la reunión no piensa acudir y con esta decisión pone irónicamente más fácil que la iniciativa contraria al perdón de los delitos del procés salga adelante. Sin su presencia, saldrá con los votos de los ocho vocales proponentes, sin necesidad de recabar ningún otro apoyo, precisan fuentes jurídicas consultadas.

Horas después, el presidente suplente del órgano ha denegado su solicitud. Ha considerado que la convocatoria se ha realizado de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo que ha regido en supuestos análogos en los que se han atendido siempre las solicitudes de convocatoria de sesión extraordinaria.

En el escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, el vocal asegura que la reunión es "manifiestamente ilegal" y, por ello, reclama su desconvocatoria. Anuncia que si se mantiene no asistirá, ya que "en conciencia" considera contrario al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales de este órgano un debate de este tipo. "No quiero ver mi nombre en la relación de asistentes. No seré yo quien contribuya a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las cortes españolas en el año 2013, puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio del año 2023", añade.

Cuesta también dice que contribuir, aunque sea para oponerse, a una decisión de este tipo supone colocar sus nombres "al lado de decisiones que sin duda mancillan el nombre de este Consejo General del Poder Judicial, una vez que está fuera de órbita competencial y temporal, al haber expirado su mandato, aunque siga en funciones después de diez años".

La reunión extraordinaria fue promovida por ocho de los miembros del grupo más cercano a la derecha, pero dos de los diez que integran este sector se descolgaron de la solicitud. El presidente suplente, Vicente Guilarte, ya ha dejado claro que no es partidario de este tipo de iniciativas, mientras que Wenceslao Olea —el décimo del sector— no figura entre los firmantes del escrito en el que se respaldaba la iniciativa. Se deduce que no la comparte, al menos en inicio.

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Denunciaban en su escrito que la ley que aún no ha sido registrada y que se negocia a estas horas con Junts supone "la abolición, del Estado de derecho en España". La norma se tramitará en el Congreso como una proposición de ley de los grupos parlamentarios, lo que permitiría evitar el correspondiente informe del CGPJ que debe recabarse cuando se trata de un proyecto de ley del Gobierno.

"Confundir el interés de España con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política", critican en su propuesta. "La aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de Derecho en el que se quiso constituir España y efectivamente se constituyó... al menos hasta ahora".