Los dos policías heridos vuelven a la carga para que Puigdemont declare en persona por Tsunami

Los dos policías que ejercen como acusación en la causa de Tsunami Democràtic han pedido al Tribunal Supremo que corrija la decisión de la magistrada Susana de Polo de permitir que el expresidente catalán Carles Puigdemont pueda declarar por videoconferencia el próximo junio. "Es notoria la necesidad de que los investigados en un procedimiento penal en el que se califican los hechos de un delito de terrorismo comparezcan para prestar su declaración de forma presencial", sostienen en su recurso, al que ha tenido acceso este diario.

Susana Polo ya rechazó el pasado abril su última petición al respecto por "razones de utilidad". Según advertía en su resolución, la posibilidad de celebrar los interrogatorios por videoconferencia se veía reforzada por el hecho de que "los investigados se encuentran fuera de España", lo que no quita que también haya ordenado la "averiguación del paradero de cada uno de ellos".

Los dos policías vuelven ahora a la carga con un recurso de apelación para que sea la Sala la que resuelva. "La citación presencial ante la Justicia española de los investigados es una cuestión incluso de economía procesal, ya que el Tribunal Supremo no puede quedar a expensas de que los mismos colaboren en el ofrecimiento de sus domicilios, que serán incluso cambiantes a lo largo del proceso, por la dinámica que han seguido hasta ahora", critican.

La petición se extiende a su vez al diputado del Parlament Rubén Wagensberg, quien también consta como investigado por terrorismo en la causa. Como desveló El Confidencial, él se encuentra en Suiza desde el pasado febrero para esquivar la investigación y otros imputados han seguido sus pasos desde entonces.

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Los policías, representados por el despacho Fuster Fabra, denuncian que están "sustrayéndose a la acción de la justicia" y "aprovechándose de los resquicios del derecho penal internacional", lo que obliga a citarles en persona: "La videoconferencia es una herramienta extendida por su utilidad para la práctica de interrogatorio de testigos, peritos, es decir, terceros ajenos al proceso", argumentan. "Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg han manifestado en numerosas ocasiones de forma explícita que no se van a poner a disposición judicial".

Su recurso incide en que "es de sobra conocido que los investigados realizan comparecencias desde diferentes lugares a nivel internacional, evitando conocer cuál es su paradero exacto y arraigo personal". En ese caso, "no se puede asegurar que la declaración [por videoconferencia] se realice a través de un sistema seguro, pues no tenemos la certeza si la declaración se va a realizar desde una ubicación adecuada al texto normativo, sin las garantías procesales que se requiere".

Una declaración voluntaria

Polo ha ofrecido a Puigdemont y Wagensberg declarar de forma voluntaria por videconferencia entre el 17 y el 21 de junio por su condición de aforados. Si rechazan esta posibilidad, el Supremo podría ir un paso más allá y tramitar los correspondientes suplicatorios a la Eurocámara —por la actual condición de eurodiputado de Puigdemont— y al Parlament para retirarles la especial protección de la que gozan como parlamentarios.

Al retrasar la citación hasta junio, este calendario puede variar en función de dos acontecimientos: las elecciones catalanas y la entrada en vigor de la ley de amnistía. El propio Puigdemont concurre como cabeza de lista de Junts per Catalunya para los comicios autonómicos de este domingo y ha anunciado que no se presentará a las europeas de junio, lo que llevaría al Supremo a presentar su hipotético suplicatorio contra él en el Parlament y no en la Eurocámara. En cualquier caso, su partido confía en que la amnistía entre en vigor en torno a junio y que Puigdemont pueda volver a España ese mismo mes sin enfrentarse al riesgo de ser detenido.