Puigdemont teme la muerte política por el caso Tsunami y busca una vía de escape

La negociación entre Junts y el PSOE entra en sus horas finales con una preocupación muy concreta para Carles Puigdemont. El expresidente de Cataluña teme que la apertura de la causa por Tsunami Democràtic en el Tribunal Supremo desemboque en una muerte política similar a la de Oriol Junqueras. El procedimiento amenaza su intención de presentarse a unas elecciones y, sobre todo, de ejercer después el cargo en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo afecta a los procesados por terrorismo y rebelión, y el procedimiento penal abierto sobre la plataforma que dirigió los disturbios de 2019 (con el que le vincula el alto tribunal) ha incrementado la desconfianza del líder independentista de que se emplee en su contra pese a la amnistía.

El 384 bis se convirtió en la piedra de toque del líder de ERC. Según su redacción, aprobada en 1988 en pleno apogeo de ETA para evitar que los acusados inmersos en causas se lanzaran a la política, una vez es firme un auto de procesamiento y se decreta la prisión provisional "por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", el procesado "quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión". Junts lleva años tratando de que se derogue hasta el punto de que, en 2022, registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con ese único objeto.

Junqueras lo conoce bien, ya que, tras su procesamiento por rebelión firmado por el juez Pablo Llarena y después de que se dictara su ingreso en prisión provisional, él y otros acusados del procés como Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull se vieron obligados a renunciar a sus escaños pese a salir elegidos para el Parlamento de Catalunya en 2017 o las elecciones generales en 2019. La decisión fue avalada posteriormente por el Tribunal Constitucional.

Para que el 384 afectara a Puigdemont y frustrara la reedición de su plaza de eurodiputado en las europeas del próximo junio o incluso su aspiración a volver a dirigir la Generalitat tras unas autonómicas catalanas, deberían darse varios factores que aún no se han producido, pero que, sobre el papel, pueden suceder en el plazo que aún queda de tramitación de una norma que ni siquiera ha sido aún aprobada por el Congreso y debe pasar por el Senado.

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La causa del Tribunal Supremo acaba de abrirse y, para proceder contra el expresident, la magistrada instructora Susana Polo debe antes cursar suplicatorio a la Eurocámara y que esta lo apruebe en votación. Tras recibir esta luz verde, el TS citaría a declarar a Puigdemont como imputado por terrorismo. Huido en Bélgica desde hace años, lo más previsible es que no compareciera ante este llamamiento, menos aún sin la protección de una amnistía ya en vigor. En caso de no acudir, el tribunal puede optar por dictar su busca y captura e ingreso en prisión. En ese punto, los dos factores que requiere el 384 bis ya serían un hecho y la suspensión de las funciones que ejerza por entonces es automática.

Amenaza de suspensión durante años

De forma paralela al avance de esta causa, avanzaría la tramitación de la ley de amnistía siempre que el acuerdo de Junts y el PSOE llegue a materializarse. Con la luz verde de la Cámara Baja, el texto quedaría en manos de la Cámara Alta, con mayoría del PP, que no tiene intención de aplicar el trámite de urgencia, por lo que se prevé un plazo de al menos dos meses.

Para complicar aún más las cosas, si todos estos factores confluyeran y Puigdemont acabara suspendido antes de la entrada en vigor de la ley de amnistía, su panorama es incierto. Es previsible que, si el Supremo duda sobre el encaje de la norma con el derecho de la Unión, se dirija al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la presentación de esa cuestión prejudicial provocaría la suspensión del procedimiento hasta que se tenga respuesta. Puigdemont se arriesga así a que su desalojo de la vida pública se prolongue meses o incluso años.

Todo este escenario ha generado que a Junts en general, y al expresidente en particular, le preocupe mucho que la ley deje claro que las medidas cautelares dictadas antes de la norma deben quedar sin efecto una vez esta se apruebe de forma definitiva. En la fase de enmiendas, el PSOE ya introdujo prevenciones en este sentido que el partido independentista considera, no obstante, insuficientes. Nada puede evitar que la decisión final sea de los jueces, por muchos cortafuegos que la norma incluya.

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En la proposición registrada en 2022 para reclamar la eliminación del 384 bis, que firmaba Míriam Nogueras, se aseguraba que este precepto "permite a los jueces de instrucción suspender las funciones a cargos públicos por delitos terroristas de organizaciones tanto criminales como rebeldes, sin esperar a que se produzca una sentencia" y provoca "efectos irreparables". "Su controvertida aplicación a los presos independentistas que resultaron elegidos en las elecciones al Parlament de Catalunya del 21 de diciembre de 2017 o en las elecciones generales de 28 de abril de 2019 ha demostrado que también puede ser una herramienta en manos de los jueces para dar curso a su activismo político y, en definitiva, para perseguir unas determinadas ideas y actividades políticas", agregaba Junts.

La proposición contra el 384 bis

También señalaba que, aunque nació con la voluntad de apartar temporalmente y durante la instrucción "a quienes ejercen la violencia en su forma más extrema", una vez superado el momento histórico para el que fue introducido, "ha devenido una norma obsoleta cuya literalidad ha sido torticeramente utilizada para impedir el legítimo ejercicio de los derechos políticos de quienes simplemente profesan determinadas ideologías que no son del agrado de los sectores dominantes en las más altas instancias del Poder Judicial, como el independentismo catalán". La reivindicación se mantiene ahora más que nunca.

Una pista. La presidenta de Junts, Laura Borràs, arremetió este sábado contra la decisión del Tribunal Supremo de investigar por terrorismo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y advirtió: "No lo conseguirán. Puigdemont será candidato a las elecciones europeas".