Puigdemont ya se prepara para afrontar una causa por terrorismo en el Supremo

Carles Puigdemont da por hecho que el Tribunal Supremo abrirá un procedimiento en su contra por la comisión de un delito de terrorismo y ha comenzado ya a armar su defensa. Según indican a El Confidencial fuentes del entorno del expresident de Cataluña, el criterio mayoritario de los fiscales de penal del alto tribunal ha acabado por convencer al líder de Junts de que el inicio de una nueva causa en su contra está cerca. Esa posibilidad —para él, certeza, concretan las fuentes consultadas— ha tenido dos efectos. En la vertiente política, ha incrementado su convencimiento de que la ley de amnistía no le brinda la protección suficiente con su actual redacción. En la jurídica, sus letrados ya estudian cómo responder a una acusación de ese tipo.

Como ya sucediera en el caso del procedimiento que instruye el juez Pablo Llarena, la convicción del expresident y de sus asesores es que el corazón de la batalla legal se encontrará en Europa. Por eso trabajan para contestar a la acusación de dirección de los actos de la plataforma Tsunami Democràtic con resoluciones anteriores del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La intención inicial es discutir la competencia del alto tribunal, una estrategia que ha sido también un clásico en el caso de la instrucción sobre los preparativos para el 1-O.

La defensa del expresidente está convencida de que el Tribunal Supremo debe renunciar a la competencia a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al haber sucedido los hechos en aquella comunidad. No solo eso, considera que el fallo dictado por el TJUE el 31 de enero de 2023 avala esta argumentación. Puigdemont se agarra, para ello, a uno de los párrafos de esa resolución. En su punto 100, el tribunal con sede en Luxemburgo asegura que no puede considerarse un tribunal establecido por la ley "un tribunal supremo nacional que resuelva en primera y última instancia sobre un asunto penal, sin disponer de una base legal expresa que le confiera competencia para enjuiciar a la totalidad de los encausados". Si el Supremo es competente, indican las fuentes consultadas, "se privaría a Puigdemont de parte de sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la doble instancia penal".

Discutir la competencia será así el trampolín inicial desde el que lanzarse a discutir tanto el encaje de los hechos en el tipo penal de terrorismo como la participación de Puigdemont en los actos de Tsunami o que dirigiera la estrategia de la plataforma. Respecto al primer punto, los abogados de Puigdemont tienen parte del trabajo hecho. En defensa de Josep Lluís Alay, ya imputado en la Audiencia Nacional, el abogado Gonzalo Boye ha ido presentando toda una tanda de escritos que podrá adaptar en su defensa de Puigdemont ante el alto tribunal, en caso de que sus sospechas acaben confirmándose.

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Para el equipo legal del expresidente, "el ejercicio legítimo de derechos fundamentales jamás ha sido terrorismo y Tsunami fue el ejercicio legítimo del derecho de manifestación". En protestas de ese tipo, aseguran varias fuentes del entorno, pueden producirse excesos por parte de individuos aislados sobre los que cabría actuar de forma individualizada. "Solo en regímenes dictatoriales se confunde el derecho de manifestación con un delito de terrorismo", agregan.

Gran parte de estos argumentos quedan ya reflejados en el escrito de apelación que presentó Boye contra la exposición razonada remitida por el juez Manuel García-Castellón, el origen de la decisión que tiene que adoptar ahora el Supremo. Otro de los puntales de la defensa, ya tradicional también en la defensa de los líderes independentistas, será el de la persecución ideológica. El recurso ya lo desliza. "No deja de resultar sorprendente que unas mismas personas puedan pasar de elementos rebeldes a elementos terroristas y todo ello basado en un único hilo conductor: sus ideas políticas, y, a pesar de ello, pretender que este procedimiento no parezca una persecución política", dice. Esa idea ya flota en muchas de las afirmaciones públicas de Puigdemont, como la carta que remitió este jueves al resto de eurodiputados en la que se pinta como un perseguido y asegura que la decisión del juez de la Audiencia Nacional de investigarle por terrorismo "no se produjo por generación espontánea".

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Entre las alegaciones, la defensa destaca que el procedimiento es "especulativo y prospectivo" e incide en que, a lo largo de cuatro años de instrucción en secreto, no se han producido avances significativos. También deslizará dudas sobre la imparcialidad del propio Supremo, por considerar "chocante" que sea la propia Sala Segunda quien tenga que investigar unos hechos, calificados de terroristas, que surgen como reacción movilizadora en la calle, en protesta por una de sus sentencias, la del procés.

La estrategia legal vendrá acompañada de una estrategia paralela de denuncia pública de la existencia de un supuesto lawfare, una guerra sucia judicial contra el independentismo catalán. Las acusaciones desde Junts a los jueces han sido constantes desde hace semanas y el propio Puigdemont las alimentó de nuevo hace unas horas. "El hecho de que el juez decidiera reavivar la causa el mismo día en que se firmaba el acuerdo político de investidura no es una coincidencia, porque se sabe desde hace años que algunos magistrados coordinan las agendas judiciales con las políticas", lanzó. En una carta compartida en las redes sociales, además, aseguró que si hubiera apoyado a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno, no estaría investigado por terrorismo.

La prórroga "irregular"

La otra baza que cuenta con esgrimir el expresident catalán es la nulidad de la causa por errores en la prórroga de la investigación. Argumenta que el juez instructor contaba con un plazo de 12 meses para dictar la extensión de la investigación y que se retrasó varios días. Defiende que las diligencias previas arrancaron mediante auto de 30 de octubre de 2019 y fueron anteriores a la reforma de 2020 sin que el plazo en el que se mantuvo secreto compute a efectos del transcurso de los plazos de instrucción. La reforma legal se aprobó con el procedimiento bajo cautela, por lo que el día inicial para el cómputo de los plazos de instrucción sería el día de entrada en vigor de esa ley.

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El plazo del procedimiento acababa el 29 de julio de 2021. No obstante, el plazo se prorrogó mediante auto de 30 de julio de 2021 —que consta firmado recién el 2 de agosto de 2021 y con carácter retroactivo, ya que no se puede entender dictado sino hasta el momento de su firma el 2 de agosto de 2021—. Según esta tesis, que ya ha rechazado el instructor de la Audiencia Nacional, todo lo acordado desde esa fecha es nulo de pleno derecho.