Los jueces prevén nuevos ataques si se niegan a asistir a las comisiones del 'lawfare'

No han terminado de pasar los últimos coletazos del disgusto de la judicatura con el señalamiento a los jueces cuando ya comienza a barruntarse un nuevo episodio que generará, con total probabilidad, nuevos ataques. Al menos eso es lo que temen los jueces a la vista de la evolución de las comisiones de investigación que el PSOE pactó con Junts y que ya todos conocen como del lawfare. Los magistrados tienen claro de forma casi unánime que no acudirán a posibles citaciones de comparecencia por parte del Congreso. No hay dudas de que eso provocará críticas renovadas en su contra.

De momento, la Cámara Baja ha dado luz verde al arranque de tres comisiones. Además de las que se centrarán en las escuchas de Pegasus y los atentados del 17-A, se ha aprobado una investigación parlamentaria sobre la operación Cataluña. La descripción realizada sobre esta última por la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, apunta a que será esta más que ninguna otra la que se convierta en el puntal de la pretensión del independentismo de destapar una supuesta guerra sucia judicial en su contra. Fue en ese contexto en el que Nogueras agitó los nombres de varios magistrados a principios de semana y les acusó de ser "indecentes", pidiendo a continuación que sean cesados y juzgados. Desde el Gobierno este jueves se elevó el tono para rechazar estas palabras que fueron tachadas como "intolerables" e "inaceptables.

El paso siguiente, inevitable, indican varios magistrados consultados, será que el Congreso cite a estas personas señaladas —entre ellas, los jueces Manuel Marchena y Pablo Llarena— para que acudan y se sometan a las preguntas de los diputados. A las preguntas y, a la vista del tono de Junts, a las acusaciones o incluso insultos, temen diferentes fuentes jurídicas.

Los jueces y magistrados, pese a esa pretensión de Junts y ERC que ya ha llegado incluso a ejecutarse en el pasado —eso sí, en el marco del Parlament de Cataluña—, están dispensados de acudir a estas comisiones cuando se les cita para que den cuenta de asuntos relacionados con su cargo o función. Así lo indica el artículo 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que indica que las "autoridades civiles" se abstendrán de citarlos para que comparezcan en su presencia. Cuando precisen de datos que no tengan relación con su cargo o función, "se solicitarán por escrito o se recibirán en el despacho oficial de aquel, previo aviso", agrega.

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Vocales del Consejo preparan estos días un informe que quieren votar en pleno que buscan sirva de base técnica para amparar las negativas a comparecer. Combinará la reproducción de ese artículo con el deber de reserva sobre lo conocido en el ejercicio del cargo. Ya hay antecedentes de advertencias a magistrados que se han negado a acudir. El juez encargado del control judicial previo del CNI, Pablo Lucas, fue citado por la Cámara autonómica que inició hace meses su propia comisión sobre Pegasus. En ejercicio de su cargo, se negó a comparecer y alegó precisamente ese artículo 399 de la LOPJ. También alegó que está obligado a guardar secreto de sus actuaciones.

La sospecha ya fue verbalizada por el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, en unas declaraciones en el acto de clausura del XXVI Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Entonces avisó que cuando el independentismo habla de lawfare lo que se está "imputando" es "prevaricación judicial". Llamó a los jueces a "rebelarse todos" si en algún momento se cita a declarar a alguno en una comisión parlamentaria. Es una "línea absolutamente roja", dijo.

Precedentes

También hay precedentes de comunicaciones previas entre el Consejo y el Congreso a raíz de comparecencias anteriores. En la etapa de Carlos Lesmes como presidente, la Comisión Permanente aceptó la asistencia del exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) Daniel de Alfonso, también magistrado, que había sido convocado por circunstancias ajenas a su condición de juez.

Entonces se recordó a la Cámara Baja que, con base en el artículo 76.2 de la Constitución y de la normativa concordante, existe el deber constitucional de comparecer y colaborar con las comisiones de investigación, pero, en el caso de jueces y magistrados en activo, los asuntos abordados "no podrán versar sobre datos o declaraciones que se refieran a su cargo o función jurisdiccional".

"La interpretación conjunta del citado artículo 76.2, en relación con el artículo 117.1 de la Constitución, y el debido respeto a la inmunidad judicial, como elemento integrante, inescindible y no disponible de la independencia judicial, exige modular dicha comparecencia cuando se trata de jueces y magistrados en activo en la forma prevista en el artículo 399.1, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial", agregó.

Mientras tanto, el gran choque de la semana comienza a tener una respuesta más contundente desde el Gobierno, como se reclamaba desde las carreras judicial y fiscal. Las palabras de Nogueras fueron rechazadas este jueves tanto por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, como por la ministra de Defensa, Margarita Robles, de forma directa y sin paliativos. Bolaños tendrá ocasión de reiterar su apoyo la próxima semana: el jueves 21 comparecerá ante la Comisión de Justicia para informar sobre las líneas generales de su departamento.