Malestar en el Supremo con el Gobierno por la "cacería" de jueces para "neutralizarlos"

"Lo peor está por llegar". Los jueces del Tribunal Supremo sienten que se han convertido en el objetivo número uno a batir por el independentismo y no aprecian respaldo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. El señalamiento lanzado por la portavoz de JxCAT, Míriam Nogueras, desde el Congreso ha sido la gota que ha colmado el vaso de un profundo malestar que lleva gestándose desde septiembre. "Estamos en la diana y se ha dado el pistoletazo de salida para la cacería", indica una fuente jurídica a El Confidencial. Consideran que Junts y ERC quieren "neutralizarles" con la complicidad del Ejecutivo.

Tras las palabras de Nogueras, que acusó a varios magistrados del Tribunal Supremo de ser "personajes indecentes" que, "en un país normal, serían cesados y juzgados de inmediato", buena parte de los consultados ven estrategia política. Creen que ha comenzado una "deslegitimación preventiva", es decir, una labor previa de zapa y derribo de las principales figuras del alto tribunal que tendrán en su mano a partir de la próxima primavera la aplicación o la discusión de la constitucionalidad de la ley de amnistía. Se trata, dicen, de una forma de desinflar cualquier iniciativa que adopten tanto Pablo Llarena, responsable del procedimiento contra Puigdemont y el resto de huidos, como Manuel Marchena, que preside la Sala Penal del TS.

La idea, dicen, es "desactivarles", sobre todo de cara a Europa. La cuestión prejudicial dirigida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una de las vías que puede tomar el Supremo si aprecia que la norma no concuerda con el derecho de la UE o tiene dudas de que cumpla con los principios reflejados en el Tratado de la Unión. Con mensajes de este tipo (amparados, además, desde el Gobierno —precisan—) se va deslizando la idea, también a nivel internacional, de una Justicia politizada, de parte, incluso prevaricadora. "Una Justicia a la que es mejor no hacer mucho caso", agregan.

El malestar no se limita a la postura de Junts, que no es nueva, aunque nunca se había expresado de una forma tan directa. Se extiende al Ejecutivo en pleno. Los esfuerzos del ministro Félix Bolaños por desinflamar se quedan, en su opinión, muy cortos. El responsable de Justicia y Presidencia lleva dos días tratando de controlar el incendio. Tanto desde el Senado como en distintas declaraciones a lo largo de la jornada del miércoles, indicó que España es un Estado de derecho, "con una democracia plena, y los jueces actúan con independencia y separación de poderes". "Voy a trabajar por el prestigio de los jueces y magistrados en este país ante cualquier ataque, venga de donde venga", dijo varias veces.

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No ha sido suficiente. En un gesto sin precedentes, el presidente en funciones del alto tribunal suspendió este martes una reunión prevista con Bolaños y lanzó después un breve pero duro comunicado en el que tachaba las palabras de Nogueras de "ataque personal" inaudito que "no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de derecho". No se trataba de castigar al Gobierno por lo que hace Junts. El gesto denuncia una falta de respuesta contundente y general del Ejecutivo a unos ataques a los jueces que empiezan a normalizarse y que escalan en intensidad conforme va avanzando la tramitación de la ley de amnistía.

Las comisiones de investigación

La desconfianza se ha ido incrementando de forma progresiva tras la comprobación de que las sospechas iniciales de la judicatura han ido convirtiéndose en hechos. El impulso de comisiones de investigación para investigar el lawfare se minimizó desde el Gobierno tras la oleada de malestar generada por los términos del acuerdo político entre el PSOE y Junts. Entonces, los de Pedro Sánchez negaron que el objetivo fuera detectar posibles casos de lawfare o de guerra sucia judicial contra los independentistas. En ningún caso supondría enmendar la acción de juzgados y tribunales. A pesar de ello, "se está cumpliendo todo lo que dijeron que no iba a suceder", asegura otra fuente.

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Como ya sucedió entonces, tras conocerse el pacto firmado por ambas formaciones, las asociaciones judiciales y de fiscales salieron en tromba a denunciar lo sucedido. También ellas pusieron el acento en que el señalamiento quiere "deslegitimar" a magistrados "para fines políticos". En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales consideran que estos comportamientos resultan "inasumibles en democracia".

Mientras tanto, Puigdemont respaldó de forma indirecta las afirmaciones de Nogueras desde Bruselas. Tras el acto de cierre de la presidencia española de la UE, donde compartió espacio con Sánchez, aseguró que se siente "muy bien representado" por la portavoz de su formación en el Congreso. Los jueces ya solo esperan que la situación continúe deteriorándose y no dudan de que las acciones penales o civiles que busca el independentismo acabarán materializándose.