El Gobierno blinda la ley de amnistía, maniata a los jueces y deja Europa como principal recurso

La opción del Tribunal Supremo de dirigirse a la Justicia europea para plantear sus dudas ante la entrada en vigor de la ley de amnistía ha comenzado a cobrar fuerza después de que, en su redacción, el Gobierno de Pedro Sánchez y las formaciones independentistas hayan cerrado la puerta a la efectividad de otras posibles vías para discutir el borrado de los delitos del procés. La norma que se registró este lunes en el Congreso parece haber tenido en cuenta todos los posibles resquicios por los que se podían colar los jueces para no aplicarla. Entre otros aspectos, recorta, por ejemplo, los efectos suspensivos de la cuestión de inconstitucionalidad, el otro camino del que disponían el alto tribunal y el resto de instancias implicadas. Solo queda despejada del todo la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El redactado de la norma trata de blindarse ante casi cualquier imprevisto. Fija límites temporales y condiciones para evitar que se alargue el perdón a los potenciales beneficiarios, entre los que se encuentra la plana mayor del Govern de 2017, con Carles Puigdemont a la cabeza, junto a centenares de personas más, desde los que participaron en las distintas protestas violentas hasta los investigados por delitos terroristas, sin olvidar al Ejecutivo regional de Artur Mas y su 9-N o los procedimientos contables que amenazaban con condenas millonarias a los más destacados cargos políticos de Junts y ERC. En total, 309 independentistas beneficiados y 73 policías, calculan fuentes del PSOE. Los jueces tendrán un máximo de dos meses para ajustar la aplicación de la norma desde su entrada en vigor.

La amnistía tiene especial cuidado, además, en salvaguardar el regreso de Puigdemont. Se cuida mucho de destacar que las cuestiones de inconstitucionalidad que el Supremo barajaba ya frente a la ley no dejarán todo en suspenso. Las medidas cautelares tendrán que alzarse, ya sean estas ingresos preventivos en prisión, fianzas, retiradas de pasaporte o prohibiciones de abandonar el territorio. Esta previsión deja franca y sin riesgos una vuelta de Puigdemont a Cataluña desde el mismo momento de la entrada en vigor. También lanza un salvavidas a Oriol Junqueras, ya que impone "la finalización de la ejecución de las penas impuestas" incluso si la sentencia es firme, lo que, sobre el papel, implicaría la desaparición de su inhabilitación y su regreso a la política.

Es previsible que el Supremo no renuncie a discutir las dudas de inconstitucionalidad que sobrevuelan la norma y que lo haga, además, por partida doble. La limitación de los efectos suspensivos de la cuestión de inconstitucionalidad se planteará por un lado, y la impugnación de la propia ley irá por otro, se atreven a anticipar distintos juristas consultados. Ambos debates tendrán que ser resueltos por el Tribunal Constitucional.

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No obstante, de forma paralela, coge vuelo la tesis de algunos magistrados de implicar a Europa. En este caso, el órgano al que se dirigiría el Supremo es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la duda a plantear no estaría basada en la Constitución española, sino en la necesidad de aclarar si la interpretación y aplicación de la nueva ley concuerdan con el derecho de la UE y si cumplen o no los principios reflejados en el Tratado de la Unión. La UE se fundamenta en distintos valores que deben respetar todos sus miembros, entre ellos, la igualdad y el respeto al Estado de derecho.

La remisión de una cuestión prejudicial paralizaría la aplicación de la amnistía hasta que el tribunal europeo resuelva, algo que puede dilatarse hasta dos años. Un juez o tribunal no puede actuar si tiene dudas que requieren aclaración. Prueba de ello es la reciente prejudicial que Llarena remitió para que se le aclarara si Bélgica podía denegarle la entrega de uno de los exconsellers huidos, Lluís Puig. No fue hasta que el tribunal respondió a esta cuestión cuando el procedimiento volvió a reactivarse. En los últimos días, también la Audiencia Nacional ha abierto la puerta a este movimiento.

A pesar de que no hace referencias expresas a la cuestión prejudicial, la ley también parece ya prepararse para esa posibilidad. Se refiere al derecho de la Unión Europea para mencionar que, en él, "la institución de la amnistía está perfectamente homologada". Aún más, cita sentencias del TJUE sobre otras amnistías en las que la instancia europea las admite como opción.

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En general, el texto se presenta armado, bastante sólido y alejado de anteriores gazapos legislativos del Ejecutivo, que opta por blindar la ley a toda costa, aunque no podrá sustraerse por completo a las interpretaciones de los tribunales. En total, mete más de 10 años de borrado de delitos y de toda la responsabilidad administrativa y contable vinculada con el procés, con el plus de alargar los efectos a futuro si el delito se culmina en una fecha posterior. Todo ello se justifica con el fin de "avanzar en el camino del diálogo político y social", en aras de "la cohesión y el progreso de la sociedad catalana", del "entendimiento", "la convivencia" y "la plena normalización de una sociedad plural". Ni una sola mención a la investidura o las condiciones para la gobernabilidad del país.

Unas "exclusiones" a medida de Puigdemont

La proposición de ley se arma a través de una extensa exposición de motivos y 16 artículos que tratan de cubrir todos los supuestos e imprevistos, dedicando el número 2 a aquellos actos que "quedan excluidos de la aplicación de la amnistía". Sin embargo, las excepciones que incluye no afectan a ninguno de los líderes del procés e incluso refuerzan el blindaje de Puigdemont ante las interpretaciones que puedan llevar a cabo los jueces, lo que eleva, una vez más, la posibilidad de que el Supremo ponga rumbo a Europa por supuestamente sobrepasar esa igualdad ante la ley.

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El ejemplo más claro se refleja a la hora de dejar fuera de la amnistía "los actos tipificados como delitos de terrorismo". La Audiencia Nacional investiga a día de hoy esta clase de delitos en dos procedimientos vinculados al independentismo: el que se sigue contra 12 miembros de los comités de defensa de la república (CDR) y el de Tsunami Democràtic, en el que constan como imputados el propio Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otros.

La exclusión de los delitos de terrorismo en principio implicaría dejar fuera de la amnistía ambos procedimientos, pero el PSOE y sus socios evitan ese escenario al incluir a continuación siete palabras: "Siempre y cuando haya recaído sentencia firme". Ni el procedimiento contra los CDR ni el de Tsunami han llegado ni siquiera a juicio, por lo que, en la práctica, esta supuesta promesa de dejar fuera de la amnistía los "delitos de terrorismo" carece de efecto alguno.

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Bajo ese mismo artículo 2, la proposición de ley incluye, además, otro párrafo que afecta de forma directa a una de las líneas de investigación que se siguen en la causa de Tsunami: la posible vinculación entre la muerte de un ciudadano francés por un infarto y el bloqueo al aeropuerto de El Prat que llevó a cabo esta plataforma en octubre de 2019. Como ha ido informando El Confidencial las últimas semanas, esta línea de investigación amenazaba con complicar la aplicación de la amnistía a los investigados de Tsunami, pero la ley incluye otra "exclusión" que bloquearía ese efecto: "Los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte".

El dolo hace referencia a la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. En este caso concreto, implicaría demostrar que los investigados de Tsunami llevaron a cabo el bloqueo del aeropuerto con pleno conocimiento y voluntad de causar la muerte de este ciudadano francés, por lo que, de forma indirecta, esa exclusión de la amnistía de "los actos dolosos" que se hayan saldado con una muerte también beneficiaría a Puigdemont y Rovira.