Investidura de Sánchez, en directo | "Rodea el Congreso": las protestas contra la amnistía se trasladan a la investidura de Sánchez

Las manifestaciones contra la amnistía continúan en Madrid. Y con la celebración del debate de investidura de Pedro Sánchez, este miércoles y jueves, las convocatorias no cesan. Revuelta, un grupo juvenil vinculado con Vox, ha hecho un llamamiento a una concentración en la Plaza de la Lealtad, frente a Neptuno, a las 12:30 este jueves para protestar por la amnistía en el día en el que previsiblemente el líder del PSOE revalidará la presidencia del Gobierno con el apoyo de Junts y ERC, entre otros.

"¡Todos al Congreso! Por la lealtad. Si se consuma el golpe, estalla la revuelta", difunde en redes sociales Revuelta, que ha sido uno de los principales movilizadores de las protestas que se suceden desde el pasado 3 de noviembre frente a la sede del PSOE en Ferraz en discrepancia por los acuerdos que ha alcanzado Sánchez con los partidos separatistas catalanes.

Por otro lado, otros grupos partícipes de las protestas de estos días en Madrid también han comenzado a movilizar a las masas. Noviembre Nacional, un grupo que ha dejado escenas los últimos días de manifestaciones rezando el rosario o gritando "España cristiana y no musulmana" ha difundido un cartel bajo la premisa "Rodea el Congreso". Este colectivo cita a manifestarse en las inmediaciones de la Cámara Baja durante este miércoles y jueves. En el cartel también llaman a una "movilización permanente" con el mensaje: "Que duerman en el Congreso".

Las claves del momento:

• El Congreso admite la solicitud del PP para que Marlaska comparezca por la respuesta policial en Ferraz
• El Gobierno envía la ley de amnistía a Bruselas y pide reunirse con la Comisión para explicarla
• El Senado aprueba la reforma para atrasar la amnistía
• Interior suspende de empleo a tres guardias civiles por sus mensajes contra la amnistía
• Bolaños asegura que Interior "tramitará" la petición de escolta de Puigdemont
• Vox se querella contra Sánchez, Puigdemont, PSOE y Junts y pide al Supremo parar la investidura

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont y el eurodiputado Toni Comín han criticado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se haya posicionado contra la ley de amnistía, a través de en una carta a la vicepresidenta de la Comisión Europea (CE), Vera Jourová, consultada por Europa Press este martes.

Han acusado textualmente al CGPJ de vulnerar varias normas básicas del Estado de derecho y han señalado la "imparcialidad del poder judicial y su sesgo ideológico estructural".

Según ellos, el CGPJ "violó flagrantemente el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial española, que impide a los jueces apoyar o rechazar públicamente actos de autoridades políticas, mediante la emisión de una balance político sobre una propuesta de Ley de Amnistía que aún no fue presentada al Parlamento español".

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha asegurado este martes que quedará la "unilateralidad" si el resto de vías de negociación con el Gobierno "quedan agotadas", como ya ocurrió anteriormente en otras ocasiones, lo que desencadenó en la celebración de referéndums ilegales.

"Todo aquello que nosotros pedimos cabe dentro de la Constitución. Nos han vendido durante muchos años que no, pero sí cabe", ha expresado la portavoz parlamentaria en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, en las que ha insistido que el acuerdo con el PSOE "es claro".

"Las normas del juego también son claras y las vías también son claras. Y nuestra vía jamás será la de la renuncia", ha advertido.

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha manifestado este martes que la Ley de Amnistía registrada por el PSOE en el Congreso "no es una amnistía generosa sino una amnesia calculada, de consecuencias dañosas para España".

Y afirma que "se va perpetrando la anunciada hoja de ruta con todas sus agendas, sus mentiras y sus trampas". "Es el peaje que pagamos todos para que algunos se beneficien torticeramente en sus gobernanzas", señala.

Monseñor Sanz Montes ha realizado estas manifestaciones en su cuenta de la red social X (antigua Twitter) un día antes de que comience el debate de investidura en el Congreso de los diputados.

Unas horas antes de que arranque el debate de investidura de Pedro Sánchez, la concentración contra la amnistía convocada por decimosegundo día consecutivo en las inmediaciones de la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz ha congregado a unas 1.300 personas, según los datos de la Delegación del Gobierno

La cifra es ligeramente superior a la de ayer (1.200) y sensiblemente inferior a las de las manifestaciones de la semana pasada, que llegaron a reunir en esa zona a 7.000 y 8.000 personas según la misma fuente.

En un ambiente más tranquilo que en días anteriores, tampoco han faltado cánticos habituales como "Yo soy español", "Viva España", "Esas lecheras a la frontera", "Dónde está, no se ve, el gallego del PP" e insultos al presidente del Gobierno.

Un alto funcionario de la Comisión Europea ha descartado en principio que el texto de la proposición de ley de amnistía le cause preocupación en cuanto a su cumplimiento de las normas comunitarias, ya que no quedan desprotegidos los intereses financieros de la UE ni se desarrolla el concepto de la politización de la justicia que sí recogía el acuerdo firmado por el PSOE y Junts en Bruselas.

Esta fuente, cercana a los comisarios responsables de analizar el texto, ha transmitido a EFE su punto de vista sobre la proposición de ley, que les había sido remitida hoy en una carta del ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, a los comisarios europeos de Valores y Transparencia, Vera Jourová (también vicepresidenta de la institución), y de Justicia, Didier Reynders.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevará esta miércoles al debate de investidura del candidato socialista Pedro Sánchez el "clamor" que hay en la sociedad contra la amnistía que ha pactado con los independentistas para "perpetuarse en el poder", según han señalado fuentes del PP, que han avisado que los españoles "no se van a resignar" ante lo que está sucediendo.

El Pleno del Congreso acoge este miércoles y jueves el segundo debate de investidura de la legislatura, en el que Sánchez prevé salir elegido presidente con 179 votos a favor, tres por encima de la mayoría absoluta (176) que se requiere para superar el trámite a la primera.

Feijóo lo intentó los días 26 y 27 de septiembre pero no llegó al listón de la mayoría absoluta, quedándose en 172 escaños (PP, Vox, UPN CC). Esta vez, y salvo sorpresas de última hora, todo apunta a que Sánchez será investido presidente el jueves con el respaldo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.

Distintas organizaciones empresariales rechazan los acuerdos firmados entre PSOE y otras formaciones políticas -como Junts o ERC- para la investidura de Pedro Sánchez, al considerar que pueden traer consecuencias negativas a la economía, además de "afectar al ordenamiento jurídico, el principio de igualdad o la separación de poderes".

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) ha destacado que se trata de "una vulneración del Estado de derecho y de la legalidad constitucional", según relata su consejo rector en un comunicado publicado este martes.

En la misma línea se pronuncia la Asociación de Consultores Inmobiliarios (ACI) -en la que se incluyen BNP Paribas Real Estate, Catella, CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank y Savills-, que ha puntualizado que podría desembocar en "una pérdida de la confianza de los inversores", ya que las medidas anunciadas "afectarán la percepción de estabilidad y transparencia", claves para la atracción de capital, bajo sus palabras.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo (Vox), ha solicitado este martes a través de una carta convocar un pleno monográfico del Comité de las Regiones de la Unión Europea para tratar "la deriva autoritaria en España".

"Vamos a hacer todo para parar el golpe: desde los parlamentos, desde el Ejecutivo y, por supuesto, acompañando al pueblo español que se manifiesta atónito ante la pérdida de derechos y de la destrucción del Estado de derecho", ha asegurado ante los medios de comunicación, antes de clausurar en Valladolid los Premios Pódium del Deporte.

García-Gallardo ha reconocido que asiste con "tristeza y honda preocupación" por esta deriva en el que "la ley no se aplica a todos por igual" y ha asegurado que la semana pasada, en un acto en Hungría, "no se terminan de creer" que por los votos "de unos pocos partidos" se perdonen 15.000 millones de euros de deuda autonómica.

Cientos de personas, a falta de conocer dato oficial, se han congregado por duodécimo día en la calle Ferraz, donde se sitúa la sede nacional del PSOE, en una nueva jornada de protestas contra los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas y la ley de amnistía, ya registrada en el Congreso de los Diputados y en vísperas de que comience el debate de investidura del candidato socialista.

De nuevo, y bajo un fuerte operativo policial que se ha ido manteniendo en las anteriores noches, los manifestantes, apoyados también por Vox en redes sociales, han gritado contra el presidente del Gobierno en funciones y contra el "golpe de Estado" que está perpetrando.

No han faltado los cánticos contra el líder de Junts, Carles Puigdemont, a quien le exigen que pague sus "delitos" y que entre en "prisión", contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska e incluso contra la Policía Nacional, a quienes tachan de "subnormales" y "sin cojones".

Exministros, expresidentes del Congreso y Senado y ex altos cargos del PSOE y del PP han suscrito un manifiesto contra la amnistía y los pactos de investidura de Pedro Sánchez en el que consideran que suponen "una fractura de principios básicos del Estado de Derecho".

El texto ha sido firmado por dieciocho ministros, la mayoría de ellos del PP y de UCD, pero figuran también socialistas como José Luis Corcuera, Javier Sáenz de Cosculluela o el expresidente del Senado Javier Rojo.

Aseguran que es "un deber moral" expresar su rechazo a "la flagrante e inaceptable violación del principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley al pretender la impunidad de graves delitos cometidos, lo que supone una derogación singular del Código Penal para los beneficiarios de la misma".

Sumar tiene como aspiración ostentar cinco ministerios en el futuro Ejecutivo, aunque la negociación con el PSOE para el organigrama sigue abierta, y sectores de la coalición señalan que sus principales opciones, dado que se da por descontado Trabajo, son las carteras de Sanidad, Cultura, Derechos Sociales o la opción de un nuevo departamento de Infancia y Juventud.

A su vez, diversas fuentes del espacio dan por seguro que en el reparto de la cuota del Ejecutivo correspondiente a Sumar estará En Comú Podem y también se da por descontado que Más Madrid tendrá presencia en el Consejo de Ministros. Además, gana enteros que otro de los ministerios recaiga en IU mientras que en el caso de Podemos el sentir mayoritario es que tienen altas opciones de quedarse fuera.

El criterio unánime dentro de Sumar es que la conformación del nuevo gabinete se resolverá rápido, una vez salga adelante la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, y que lo previsible es que el viernes esté resuelta la composición del Ejecutivo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que la Unión Europea debe intervenir contra la Ley de Amnistía, que considera una "involución" democrática y un "chantaje". De hecho, ha alertado de que España puede sumarse a Polonia, Hungría o Rumanía como país "señalado por el ataque a su Estado de Derecho".

"El deterioro del Estado de derecho y de la democracia española implica también el deterioro en la democracia europea", ha declarado Feijóo en un encuentro con una treintena de corresponsales extranjeros en la sede del PP para analizar el impacto de la Ley de amnistía y el contexto político español y europeo tras el acuerdo de Pedro Sánchez con los independentistas para asegurarse su investidura.

El PP considera que es "importante que el menoscabo a la Constitución, el sometimiento de la Justicia a los intereses de los políticos, el perdón de los delitos de corrupción y el olvido de los delitos de terrorismo a los implicados del 'procés' sea conocido y esté presente en la política internacional", según han asegurado fuentes de la formación.

CSIF mantuvo este martes una reunión con la secretaria de Función Pública del PSOE, Llanos Castellanos, para trasladarle sus críticas a los acuerdos de investidura con los partidos y su petición de un nuevo acuerdo salarial.

Sobre estos acuerdos, CSIF explica que defiende la independencia de los jueces, el ordenamiento jurídico vigente y el sometimiento de todos por igual al imperio de la Ley.

Además, señala que las administraciones deben de ser garantes de los principios que sustentan el modelo del Estado social, democrático y de derecho y "los empleados públicos trabajan siempre para garantizar la equidad en el acceso a los servicios" que reciben los ciudadanos.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, cree que hay que actuar "con serenidad, con calma y con respeto a las instituciones" ante la futura ley de amnistía, tras registrar el PSOE el texto en el Congreso después del acuerdo con Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente.

A juicio de Ortega, que no ha leído la propuesta "con detenimiento" y con "la calma que exige", lo que hay que hacer es esperar a que las cámaras actúen, pues son las competentes para estudiar, examinar y debatir el texto, y a que lo hagan también, después, los tribunales de justicia, "conforme consideren" que lo tienen que hacer.

La presidenta de los abogados españoles ha respondido así este martes a preguntas de los periodistas en Santander, donde también ha sido cuestionada por el debate de investidura, previsto para este miércoles y jueves, y en el que, ha dicho, el presidente en funciones y que previsiblemente será reelegido en el cargo dará las explicaciones que considere conveniente.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) Xavier Arbós considera que hay "margen" para que el Tribunal Constitucional (TC) avale la ley de amnistía, a pesar de que su opinión es que la propuesta de ley registrada no cumple con los requisitos de constitucionalidad.

En declaraciones a Europa Press, Arbós ha remarcado que una vez la ley se publique en el BOE "entra en vigor y desde el punto de vista estrictamente jurídico se tiene que aplicar, se tiene que presumir como constitucional hasta que el TC diga lo contrario", y ha recordado que un eventual recurso no suspendería la vigencia de la ley.

El catedrático ha valorado que la exposición de motivos de la norma está "bien hecha" y que el texto no menciona el 'lawfare', si bien considera inadecuado que supone un sacrificio al principio de igualdad.

El PP ha registrado en el Senado una iniciativa que recoge los motivos esgrimidos por sus presidentes autonómicos en la Comisión General de las Comunidades de la Cámara Alta de hace un mes para mostrar su rechazo a la amnistía y a los acuerdos del PSOE con las formaciones independentistas.

Se trata de una moción, que el PP recoge a modo de conclusión del debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde los de Alberto Núñez Feijóo pretenden que la Cámara Alta haga suyo la "preocupación" mostrada por los 'barones' del PP ante esta amnistía.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado se reunió el pasado 19 de octubre, con todos los presidentes regionales del PP, el líder catalán Pere Aragonès y la ausencia de los socialistas, para posicionarse sobre la amnistía que en ese momento se estaba negociando entre PSOE e independentistas.

La diputada de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha pedido a ERC y Junts que aclaren si la ley de amnistía incluye a los miembros de los CDR "acusados de terrorismo", ya que asegura que el redactado de la norma genera dudas a estos procesados.

En rueda de prensa este martes, Estrada ha afirmado que las dudas sobre el redactado "demuestra que las prisas y las necesidades partidistas se han puesto por delante de los derechos colectivos", después de que el PSOE registrase este lunes en solitario el proyecto de ley de amnistía en el Congreso.

Estrada ha sostenido que se alegra de que haya personas que se puedan beneficiar de la ley de amnistía, y ha aplaudido "cualquier medida que consiga o procure aligerar el sufrimiento y la angustia de las personas represaliadas".

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado este martes que la amnistía al procés independentista busca "hacer borrón y cuenta nueva".

"Históricamente las amnistías son el punto final de una fase de conflicto que trata de hacer borrón y cuenta nueva", ha asegurado el jefe de la diplomacia en rueda de prensa desde Bruselas después de que el Gobierno defendió ayer que la medida busca "concordia y convivencia" en el país.

Sin querer entrar en más detalles al entender que no hay que mezclar su cargo europeo con la situación en España, Borrell ha asegurado que "todas" las amnistías tienen esta finalidad y "esta también la tiene".

La Ciudad de la Justicia de Almería acoge este miércoles una concentración a la que están convocados jueces, fiscales y profesionales del derecho en protesta por los acuerdos alcanzados entre los partidos políticos de la formación de Gobierno, los cuales "afectan gravemente a la Administración de Justicia y ponen en grave peligro al Estado de Derecho".

Así lo recoge la convocatoria que suscribe el presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Columna, quien ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura y en línea con el acuerdo adoptado al respecto por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, también se unió al "más enérgico rechazo" a la referencia efectuada en el documento al lawfare y judicialización de la política.

La concentración, que sigue a las ya celebradas a otras ciudades andaluzas como Sevilla, Jaén o Huelva, se produce además después de que la Sala de Gobierno de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla haya expresado su "preocupación" ante las recientes iniciativas políticas plasmadas en el referido documento para la investidura de Pedro Sánchez.

Los gobiernos autonómicos y ayuntamientos del PP han reforzado su presión contra los pactos alcanzados por el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, especialmente la ley de amnistía y los acuerdos de carácter económico, con iniciativas institucionales que corren paralelas a la movilización en la calle.

Así, este martes, los jefes de gobierno de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y de La Rioja, Gonzalo Capellán, se han sumado a la larga lista de 'barones' del PP que han reclamado la celebración de una Conferencia de Presidentes para debatir sobre estos pactos, como ya hizo ayer el presidente de Aragón, Jorge Azcón, tras una reunión extraordinaria de su gabinete.

Alrededor de 800 jueces de Sevilla, Cádiz, Huelva, Jaén y Salamanca se han concentrado este martes para protestar contra el acuerdo PSOE-Junts por la referencia que en él se hace al 'lawfare' o judicialización de la política y han reivindicado la separación de poderes.

En las provincias andaluzas han participado más de 650 personas en total, siendo la convocada frente a la Audiencia Provincial de Sevilla la más multitudinaria, con 400.

A la protesta han asistido también fiscales, secretarios judiciales, abogados y procuradores, además del expresidente de la Junta de Andalucía por el PSOE José Rodríguez de la Borbolla, que ha calificado de "tremebundo" y "apabullante" que Sánchez "había dicho que nunca habría amnistía y ahí está la amnistía".

La ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, ha mantenido un encuentro informal con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y le ha asegurado que entiende su interés por la amnistía, pero le ha trasladado que es una cuestión doméstica que debe ser debatida previamente en las Cortes Generales.

El encuentro, según han informado a EFE fuentes próximas al mismo, ha tenido lugar en Washington, en el contexto de una reunión ministerial UE-EEUU sobre Justicia y Asuntos de Interior organizada en la capital estadounidense.

Llop ha informado a Reynders de que el Gobierno ya ha enviado a la Comisión Europea la proposición de ley de amnistía registrada este lunes por el grupo socialista en el Congreso y que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido una reunión formal para exponer la posición del Gobierno español al respecto.

El exministro socialista de Obras Públicas en el Gobierno de Felipe González y exportavoz del PSOE en el Congreso, Javier Sáenz Cosculluela, ha remitido una carta al secretario general del partido, Pedro Sánchez, en la que afirma que la actual Ejecutiva Federal le causa "vergüenza" y les acusa de haber puesto "en riesgo" el modelo de Estado definido en la Constitución.

En la misiva remitida al candidato socialista a la investidura, a la que ha tenido acceso Europa Press, el también diputado constituyente ha asegurado que los pactos que el PSOE está firmando con Junts, ERC, Bildu, BNG o Sumar afectan "severamente a la convivencia", combatiendo así la posibilidad de llegar a acuerdos con "la derecha democrática de España" que, "guste o no", representa "a media España".

Decenas de personas se han concentrado este martes a las puertas de los Juzgados de Salamanca, en un acto de protesta contra el acuerdo suscrito por PSOE y Junts que contiene "explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política".

"Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", ha apuntado el comunicado leído por el presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, José Antonio Vega, en una concentración también convocada por el juez decano de los Juzgados de Salamanca, Juan Rollán.

En este acto, a las puertas de los Juzgados de Salamanca, en la Plaza de Colón, los presentes han reseñado, a través del comunicado, que "los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la Ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución".

El Congreso de los Diputados ha acordado admitir la solicitud presentada por el Partido Popular para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezca ante la cámara y de explicaciones sobre la respuesta policial ante las protestas que estallaron ante la sede del PSOE en la calle de Ferraz, en Madrid, contra la amnistía pactada por los socialistas con JxCAT.

En concreto, los populares han pedido explicaciones al ministro sobre la actuación policial el 6 de octubre, primer día en el que estallaron las protestas. Desde entonces, las manifestaciones, en ocasiones violentas, se han repetido a diario.

Los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Castilla y León han publicado sendos comunicados en los que se han adherido a las críticas lanzadas por las cuatro asociaciones judiciales contra la amnistía pactada por el PSOE con JxCAT y Esquerra.

“Ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura,

las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las

referencias al ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias", ha afirmado el tribunal de Castilla y León en el documento que ha emitido.

Por su parte, los magistrados andaluces han querido recordar que "el principio de separación de poderes constituye un pilar fundamental de nuestro Estado democrático de Derecho" y han añadido que "debe respetarse y preservarse desde todas las instituciones públicas".

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha solicitado la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes en el Senado para que el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, dé cuenta de "el alcance y los efectos de los acuerdos asumidos" para continuar como presidente del Gobierno, además de explicar cómo afectarán a la Comunitat Valenciana.

"Se nos deben explicaciones, se nos debe explicar la parte que no sabemos y todo eso que ya sabemos. Pedro Sánchez tiene que dar la cara, tiene que contarnos de qué va esto de la España de las mil, no una o dos, velocidades. De qué va todo esto de la amnistía, cómo va a afectar a las comunidades autónomas, en qué situación queda la Comunitat Valenciana, nuestro modelo de financiación y nuestros servicios básicos", ha declarado Mazón tras visitar una feria en València.

El Gobierno murciano presentará un recurso de inconstitucionalidad contra una ley de amnistía que "socava los mismos cimientos del Estado de Derecho, la separación de poderes y la igualdad de todos los españoles", tal y como ha anunciado el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras.

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López Miras ha hecho estas declaraciones durante la lectura de una declaración institucional tras presidir el Consejo de Gobierno. "No vamos a asistir cruzados de brazos a la quiebra de la democracia española por un interés que lo único que busca es eso: el de unos por destruir la unidad de nuestro país y el de otro por consentirlo para garantizar su permanencia en la Presidencia del Gobierno", tal y como ha hecho saber López Miras.

La Junta de Andalucía ya está trabajando en un recurso de inconstitucionalidad contra la proposición de ley de amnistía. Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. "El gabinete jurídico ya está trabajando en un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía", según ha señalado.

Fernández-Pacheco ha manifestado que los pactos de Sánchez con los partidos independentistas, donde se incluye la citada proposición de ley de amnistía, están suponiendo una "quiebra social sin precedentes en nuestro país". Ante ello, ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz emprenderá todas las acciones a su alcance en los ámbitos social, político y judicial para defender la igualdad de todos los españoles y evitar que Andalucía sea una comunidad de "segunda".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado a un grupo de corresponsales de medios extranjeros del impacto que el "deterioro de la democracia en España" derivado de la ley de amnistía puede causar en la "democracia europea", ya que esta norma permite que "políticos amnistíen a otros políticos".

El PP ha informado en una nota del contenido de la conversación que Feijóo ha mantenido con una treintena de periodistas extranjeros y lo ha acompañado de una imagen en la que se le ve a él y al vicesecretario de Institucional del partido, Esteban González Pons, delante de una pantalla con el "hastag" HelpSpain con una bandera nacional de fondo.

Ha lamentado Feijóo que el texto registrado "arrase con la seguridad jurídica de un Estado miembro de la UE" y ha hecho hincapié en que "los países que intentaron algo similar en Europa contaron con el rechazo expreso de los órganos comunitarios”. España, ha advertido, podría así sumarse a Rumanía, Polonia y Hungría "como país señalado por el ataque a su Estado de derecho".

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de corte conservador, ha instado por carta a la Comisión Europea a intervenir para evitar que salga adelante la ley de amnistía en España y, en el caso de que se apruebe, estudiar la apertura de un proceso sancionador a España.

La misiva, firmada por la comisión ejecutiva de la AF, está dirigida a la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, y al comisario de Justicia, Didier Reynders. La asociación pide a la Comisión que inste a España a no seguir adelante con la ley al estimar que "pone en situación de grave riesgo el Estado de derecho" al vulnerar los principios de separación de poderes e independencia judicial, lo que quiebra "algunos de los valores esenciales de la UE".

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha explicado que el PSOE decidió registrar en solitario la ley de amnistía este lunes, sin las firmas de sus socios, porque consideró que "era el momento" y que no quería "marear más la perdiz". En todo caso, da por seguro que, aunque no tenga sus firmas, tendrá los votos suficientes para aprobarla.

La intención inicial del PSOE era presentar la iniciativa legislativa con todos sus socios parlamentarios. Pero pasaron las horas y ERC y Junts no acababan de dar su firma, Bildu pedía más tiempo para analizar el texto y otros partidos como el BNG se desmarcaban si no estaban las firmas de los partidos catalanes con los que el texto se había negociado. Al final, el PSOE optó por presentar el texto solo, antes de que cerrará el registro a las 18 horas.

Eso sí, ha subrayado que tienen "la garantía" de que sus aliados, aunque no firmasen la iniciativa, van a apoyar la tramitación y juntos la sacarán adelante en el Congreso.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, será la única dirigente de la coalición de izquierdas que tomará la palabra durante la sesión de investidura, según han indicado fuentes del grupo plurinacional. De esta forma, no habrá en esta ocasión reparto de intervenciones a otros representantes de los partidos que conforman la confluencia, como sí se hizo en el caso del intento de investidura de Feijóo, y todo ello pese a que Podemos había reclamado poder hablar durante el debate.

Diversas voces de Sumar ya apuntaban que lo lógico es que la también vicepresidenta segunda tomara el protagonismo en el Pleno de investidura aunque quedaba por definir si, aparte de la exposición inicial fijada en 30 minutos, se podría abrir a otros diputados del grupo plurinacional los 15 minutos reservados para la réplica. No obstante, hoy las citadas fuentes han detallado que Díaz asumirá el conjunto de la representación del grupo.

La Generalitat ha atribuido hoy el mérito de la Ley de Amnistía a Pere Aragonès y a su relación con el presidente español Pedro Sánchez por la conversación de teléfono que mantuvieron a finales de octubre, según ha apuntado la portavoz Patricia Plaja tras la rueda de prensa del Consell Executiu de este martes. Sin embargo, la última palabra en la ley de amnistía la ha tenido JxCAT, el último partido independentista en cerrar el acuerdo, ya que ERC lo hizo una semana antes, informa Marcos Lamelas.

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El Senado ha dado luz verde este martes a la propuesta del Partido Popular para reformar el artículo 133 del Reglamento, que atribuye a la Mesa de la Cámara Alta la potestad para decidir si tramita o no como urgente cualquier proposición de ley que llegue desde el Congreso de los Diputados, lo que permite al Senado dilatar hasta dos meses el plazo para tramitar una normativa frente a los 20 días establecidos para las iniciativas calificadas como urgentes, informa Ana Belén Ramos.

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El PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara de representación territorial, podrá retrasar de este modo la aprobación definitiva de la ley de amnistía, que este mismo lunes se registró en el Congreso de los Diputados con la única firma del PSOE.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, quiere viajar a Bruselas y reunirse con Didier Reynders, comisario de Justicia, y Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea, para explicarles la ley de amnistía. Son los dos comisarios que podrán pronunciarse sobre dicha norma. Así lo confirman fuentes de la Comisión Europea poco después de que el Gobierno haya enviado el texto de la norma al Ejecutivo comunitario para que sea analizada por sus servicios jurídicos, informa Nacho Alarcón y Carlos Rocha.

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El Ejecutivo en funciones, por medio de la portavoz, Isabel Rodríguez, también se ha referido a este movimiento de Moncloa y ha asegurado que se trata de un "compromiso" del Gobierno tras el intercambio de cartas de la pasada semana.

Sumar ha asegurado que "declinaron" firmar la proposición de ley sobre la amnistía que registró ayer en solitario el PSOE al no contar con la rubrica de los independentistas cuando fuentes de la coalición dijeron previamente que les cogió por sorpresa y que no recibieron ninguna explicación de los socialistas.

La portavoz de Sumar, Marta Lois, en una rueda de prensa en el Congreso, ha insistido en que hubieran preferido que llevara la firma de los ocho grupos que apoyan la ley de amnistía, pero al no ser posible dejaron que el PSOE lo hiciera por su cuenta. "Declinamos firmar, pero es una formalidad porque todos mantienen su firme apoyo a la ley". Según fuentes de Sumar, ERC se plantó al no estar de acuerdo con algunos aspectos de la norma y convenció también a EH Bildu y al BNG para que no lo hicieran.

Más de medio centenar de destacados miembros del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado ha firmado un manifiesto contra la "desconfiguración a la que están siendo sometidas instituciones jurídicas y administrativas del Estado Español" a raíz de los pactos del PSOE con los partidos independentistas.

De esta forma, el cuerpo de directivos de la administración se suma en su rechazo a la amnistía a otros altos funcionarios del Estado, como los inspectores de Trabajo y de Hacienda, los miembros de la Carrera Diplomática, los abogados del Estado, los Interventores y auditores de la Administración General del Estado, los letrados de la Seguridad Social y la administración de Justicia o los miembros de las carreras fiscal y judicial.

Los firmantes, entre los que se incluyen funcionario que han desempeñado altos cargos en política como Rafael Catalá, Eugenio Nasarre o Carmen Sánchez-Cortés, rechazan “todo acuerdo que pueda poner en peligro el Estado de derecho”, el “Estado democrático” y el “Estado autonómico”, así como “los valores de la libertad, la igualdad y el pluralismo político”.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acudido a la sede de los antidisturbios donde se ha diseñado la protección del Congreso de los Diputados. El ministro se ha desplazado a las instalaciones de las Unidades de Intervención Policial en Moratalaz (Madrid) para darles su apoyo y mantener un encuentro con los responsables de cara al dispositivo de seguridad en torno al edificio de las Cortes durante el debate de investidura de Pedro Sánchez mañana y el jueves. Se prevén concentraciones de protesta y la previsión es movilizar en torno a 1.600 agentes de policías de los cuales no todos serán antidisturbios, según fuentes de Interior, informa Alejandro Requeijo.

El número del dispositivo es similar al que se moviliza para un partido de alto riesgo. Las fuentes consultadas recuerdan que ha habido despliegues recientes de mayor envergadura como el que rodeó la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid para la que se usaron 9.000 policías. En la cumbre de seguridad celebrada en Moratalaz ha estado presente el comisario general de Seguridad Ciudadana, el jefe de las Unidades de Intervención Policial y el director adjunto operativo del Cuerpo, según informan fuentes policiales.

Un abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Curro Nicolau, ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pidiendo que ante la inacción de la Comisión Europea anule de forma cautelar la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE.

En el escrito, señala que "sin duda" la ley de amnistía "infringe los principios básicos del Derecho Comunitario" y "supone un claro quebrantamiento del Estado de Derecho y de la separación de poderes, con una clara injerencia sobre el Poder Judicial".

Recuerda que la proposición de ley se tramita en un contexto de acuerdos políticos "para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno de España" y por tanto "ha sido anunciada por todos los medios de comunicación desde principios de septiembre de 2023 (...) como medida para obtener la mayoría parlamentaria".

El exministro socialista Javier Sáenz Cosculluela ha remitido una carta al líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la que manifiesta su "vergüenza" por los pactos de investidura con grupos como Junts y ERC y lo acusa de propiciar un "decaimiento de la democracia".

En la carta, Cosculluela (que fue ministro en gobiernos de Felipe González) se dirige al propio Sánchez y a los miembros de la Ejecutiva para criticar unos "actos políticos insensatos" que asegura que "ponen en riesgo el modelo de Estado" de la Constitución". "Ante ello, tras más de 50 años de militancia honorable y digna, declaro que, al menos, no actuáis en mi nombre. No me represento más que a mí mismo, ya no soy portavoz de nadie, pero debo deciros que me causáis vergüenza", ha añadido.

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Además, ha acusado a Sánchez y al resto de dirigentes socialistas de estar apartándose de los valores que caracterizaban al PSOE y de propiciar "un decaimiento de la democracia y de nuestras instituciones, promoviendo una ley de amnistía" que, a su juicio, coloca al PSOE "en posición de servidumbre frente a un nacionalismo supremacista, reaccionario y desintegrador".

El Tribunal Constitucional (TC) dará prioridad a los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que se presenten contra la futura ley de amnistía, si bien no prevé que pueda resolver antes de seis meses, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.

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La proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE en el Congreso de los Diputados cuenta ya con varios detractores que han anunciado que pelearán la norma jurídica ante el Tribunal Constitucional. Así, se espera que el Tribunal Supremo (TS), a través de los jueces que llevan causas sobre el procés, plantee una cuestión de inconstitucionalidad, movimiento que también podrá realizar cualquier juez o tribunal que tenga entre manos casos afectados por la amnistía.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha señalado que la defensa jurídica de la presidenta de Junts, Laura Borràs, condenada por prevaricación, tiene la posibilidad de encajar su caso dentro de la ley de amnistía, argumentando que "estaba dentro de lo que era una acción desproporcionada represiva del Estado".

"Laura Borràs representaba lo que representaba, y si no lo hubiera representado, probablemente esa acción no se hubiera llevado a cabo", ha sostenido en una entrevista este martes en Catalunya Ràdio.

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La proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE en el Congreso propone amnistiar delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación sobre "actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos".

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha explicado que estaba dispuesto a firmar la proposición de ley de amnistía antes de registrarse en el Congreso, pero al ver que no la suscribían los partidos catalanes con las que se había negociado, los independentistas de Junts y ERC, consideró que no tenía sentido que fueran los nacionalistas gallegos quienes estamparan su firma junto al PSOE.

En rueda de prensa en el Congreso, Rego ha señalado que el PSOE se dirigió al BNG para trasladar la iniciativa y pedir su firma, y les contestó que está a favor de la amnistía y que la apoyará cuando se vote en las Cortes, e incluso estaba en disposición de firmar la iniciativa pese a que, según reconoció, el BNG no ha participado en su redacción.

Sin embargo, y al ver que no la firmaban ERC y Junts, los partidos catalanes con los que el PSOE sí había negociado el texto, concluyó que "no tendría sentido" que al final la firmase el BNG. Así las cosas, la proposición de ley se acabó registrando el lunes por la tarde con la única firma del PSOE.

Vox ha presentado este martes ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, el PSOE y Junts por la supuesta comisión de los delitos de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, en el marco de las negociaciones para la investidura del candidato socialista. Como medida cautelar, solicita la suspensión del debate de investidura, previsto para este miércoles y jueves.

En declaraciones a los medios de comunicación ante el Alto Tribunal, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha recordado que el propio tribunal y asociaciones de jueces y fiscales han mostrado su oposición a la ley de amnistía a los implicados en el 'procés', negociada para amarrar los votos de Junts en la investidura de Sánchez, que ven una "abolición del Estado de Derecho, el principio del fin de la democracia y un ataque a la división de poderes".

Abascal, acompañado de dirigentes de Vox, ha hecho hincapié en que su formación "confía" en el Alto Tribunal y el Poder Judicial y en que "utilicen todas las herramientas legales" a su disposición para "detener este golpe".

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha insistido en definir como "inconstitucional" la reforma del Reglamento de la Cámara Alta propuesta por el PP y que se aprobará hoy durante el pleno con la que buscan dilatar hasta dos meses la tramitación de la proposición de ley de amnistía en la Cámara Alta.

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"No se han respetado los plazos, ni se ha respetado a la Junta de Portavoces", ha señalado Granados durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, y ha remarcado la intención del grupo socialista de acudir al Tribunal Constitucional una vez la reforma sea aprobada para que "defienda sus derechos".

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en número de miembros de la carrera, asume la "plena legitimidad democrática" de los parlamentarios para aprobar la ley de amnistía, pero considera que el texto vulnera los principios constitucionales de igualdad y exclusividad de la jurisdicción.

"La finalidad real de la amnistía es, por una parte, liberar de responsabilidad a las personas relacionadas con el movimiento independentista que cometieron delitos; y, por otra parte, asegurar un acuerdo político de investidura y/o legislatura. Estas finalidades no justifican la desigualdad creada con la amnistía", alerta en un comunicado emitido este martes, después de que el grupo socialista registrara en el Congreso la proposición.

La AJFV deja claro que los jueces aplicarán la ley como dispongan las Cortes y solo dejarán de hacerlo si es declarada inconstitucional o disconforme con el europeo, pero avanza sus críticas a un texto que, afirma, choca con la Constitución. La iniciativa, explica, "trata de manera desigual a aquellas personas que cometieron determinados delitos entre 2012 y 2023 con respecto a aquellas otras que, pese a haber cometido los mismos delitos en el mismo periodo, lo hicieron de manera relacionada con el independentismo catalán; estas últimas se verán beneficiadas y las primeras no".

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ha asegurado que el Ministerio del Interior "tramitará y seguro que resolverá lo que proceda" sobre la petición escolta de este lunes del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En una entrevista de este martes en Rac1, ha sostenido que "nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber", se tramitará la petición.

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Este lunes, el jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, pidió por carta al conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, la "asignación inmediata y con carácter de urgencia" de los efectivos de escolta de los Mossos d'Esquadra al expresident.

El negociador de Sumar en la investidura de Pedro Sánchez, Jaume Asens, ha admitido que el registro de la ley de amnistía en solitario por parte del PSOE "no es la imagen deseada ni la que estaba prevista", si bien el jueves habrá "una foto de unidad".

Asens se ha referido en unas declaraciones realizadas en TV3 al registro de la ley de amnistía, que tuvo lugar ayer en el Congreso, y ha reconocido que al haber sido sólo el PSOE quien ha efectuado este trámite no se ha ofrecido "la imagen deseada". Sin embargo, ha puntualizado, "sólo ha sido un pequeño contratiempo" ya que finalmente "habrá una foto de unidad este jueves que dibujará el bloque amplio que hay detrás de la ley de amnistía".

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Respecto a las discrepancias de última hora entre los grupos políticos que impidieron un registro unitario de la ley, Jaume Asens ha explicado que "sólo es un detalle menor que no afecta al contenido de la ley ni a los acuerdos pactados". Se ha referido, asimismo, al preámbulo de la ley, sobre el cual ha indicado que contiene "una justificación" muy extensa y razonada, en comparación con otras como la de 1977, "que es brevísima".

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la "plena constitucionalidad" de la proposición de ley de amnistía registrada por su partido, a diferencia de la propuesta presentada por los independentistas en junio pasado.

"Seguimos pensando que no era constitucional ese texto que ellos presentaron. Sin embargo, nos hemos afanado en las últimas semanas, en los últimos meses, por presentar un texto que tenga encaje en el ordenamiento jurídico", ha explicado en una entrevista en TVE.

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Montero ha insistido en que, aunque solo la ha firmado el PSOE, es un texto consensuado que contará con el apoyo seguro del bloque progresista que respalda la investidura de Sánchez. Ha descartado así problemas de última hora con los demás partidos del bloque y ha argumentado que la presenta el PSOE por ser el grupo mayoritario responsable de formar gobierno.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que la Ley de Amnistía "es omnicomprensiva" y puede llevar "a una solución", además que es "perfectamente posible su aprobación y probar su constitucionalidad". Además, opina que no se va a producir un nuevo procés catalán en un futuro cercano y que ningún partido está en eso en estos momentos, porque lo que hay que afrontar es "una etapa de diálogo".

Esteban también considera que el PSOE registró la proposición de ley de la amnistía solo con su firma porque hubo "sus tiras y aflojas" entre ERC y Junts, algo que achaca a la "pelea particular" de cara a las elecciones catalanas. Eso sí, se ha mostrado sorprendido por la ausencia de Sumar, un partido que formará parte del Gobierno.

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En una entrevista concedida a Onda Vasca, Esteban ha indicado que la proposición de ley de amnistía "está bien construida", porque después "tiene que pasar el filtro del Tribunal Constitucional". En este sentido, ha apuntado que, en ese aspecto, "la han cuidado en la medida que se podía cuidar", y de ahí que la exposición de motivos haya sido tan larga. "En general, yo creo que está bien planteada", ha añadido.

La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha defendido que el acuerdo de investidura con ERC para condonar parte de la deuda de Cataluña, en su caso el 20% del total, se extrapolará al resto de comunidades autónomas con el "mismo criterio", en función de la "infrafinanciación" que soportaron cada una de ellas por la crisis financiera de 2008.

El pacto al que llegaron el PSOE y ERC para condonar parte de la deuda de Cataluña, en su caso el 20% del total, se extrapolará al resto de comunidades autónomas, pero el porcentaje en todas ellas no será necesariamente del 20%, sino que se fijará caso a caso, en función de la "infrafinanciación" que soportaron cada una de ellas derivada de la crisis financiera de 2008.

Así, el criterio, según Montero no es el porcentaje de la deuda que tiene cada uno, sino se basa en el efecto que tuvo "durante los gobiernos del Partido Popular" un ciclo económico a la baja en donde las comunidades autónomas se vieron obligadas a endeudarse y a desarrollar recortes en sanidad, educación o políticas de dependencia.

Dos agentes de la policía acaban de presentar un escrito ante la Audiencia Nacional en el que solicitan personarse como perjudicados directos de las acciones de la plataforma Tsunami, a la que el juez Manuel García-Castellón investiga por delitos de terrorismo. En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, aseguran que presentan lesiones derivadas de los actos de “terrorismo callejero” que se produjeron en la jornada de huelga del 18 de octubre de 2019. Si el Juzgado acepta su personación como acusación particular, se amplía la posibilidad de afianzar -como defiende el instructor- que los disturbios provocaron víctimas y heridos de consideración.

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El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha explicado que no firmaron la proposición de ley de amnistía porque así se lo pidió el PSOE: "Nosotros ya la teníamos firmada, pero nos pidieron que, o (la firmamos) todos, o sólo ellos".

"Nosotros lo que queremos es una investidura con esto (la amnistía), que era una condición previa, y el tema no es quién la firme, sino que aparezca en el Boletín Oficial del Estado", ha afirmado en declaraciones a TV3. El PSOE registró ayer en solitario la proposición de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, sin las firmas de sus socios de investidura -Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG- ante las dudas "técnicojurídicas" de Esquerra.

Hoy, Turull ha restado importancia a este hecho: "La firmamos, pero luego nos dijeron que había alguien que no la quería firmar, y nos pidieron que les dejásemos firmarla a ellos solos (con relación al PSOE). Ningún problema, una de las condiciones que pusimos era que, antes del debate de investidura, hubiese una ley de amnistía con la que estuviésemos de acuerdo".

El líder del PSC, Salvador Illa, ha reiterado que los socialistas han sacado adelante la amnistía "por convicción" y no por "criterios electorales, mirando las encuestas", por lo que ha alabado el "liderazgo político" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

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En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, Illa ha defendido que la amnistía es constitucional y ha subrayado que la ley está "muy bien armada jurídicamente, muy madurada y muy trabajada". "Tengo la plena convicción de que es una ley que se adecua con el espíritu de la Constitución, que en su preámbulo habla de la convivencia entre españoles y entre los pueblos de España como un bien y un valor supremo", ha subrayado.

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha señalado que no irá a concentraciones de protesta contra la ley de amnistía que se están convocando ante los tribunales y las sedes de partidos políticos porque quieren "mantener una imagen de imparcialidad y neutralidad" que esos actos "no garantizan".

JJpD ha indicado que su decisión de "no acudir" se basa en que "la defensa de la separación de poderes exige mantener una imagen de imparcialidad y neutralidad que estos actos no garantizan", según ha trasladado en un mensaje en la red social X.

El Ministerio del Interior ha suspendido cautelarmente de empleo y sueldo a tres guardias civiles a los que se ha abierto un expediente por falta muy grave por sus comentarios en los últimos días contra el acuerdo entre el PSOE y Junts y la negociación de la futura ley de amnistía.

El director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, comunicó este lunes formalmente a los tres agentes la apertura de estos expedientes disciplinarios que conlleva mientras se resuelvan la suspensión cautelar de sus funciones.

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Dos de los agentes expedientados son el presidente y vicepresidente de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) por el comunicado remitido el pasado viernes en el que se mostraban "dispuestos a derramar hasta la última gota" de su sangre en defensa de la soberanía de España y de la Constitución. El tercer agente expedientado es Agustín Leal, el portavoz de Jucil, la asociación mayoritaria dentro del cuerpo, por un mensaje que en el que acusaba a Sánchez, de cometer "la mayor felonía" por su plan de amnistiar a los dirigentes independentistas catalanes procesados.

Ahora sí. Con la ley de amnistía registrada en el Congreso, el PSOE comenzará una campaña para explicar esta controvertida decisión política, que provoca rechazo incluso en las filas socialistas y que ha generado una gran contestación social, como prueban las masivas manifestaciones de este domingo en toda España. La dirección socialista se escuda en que las críticas se han producido sin esperar a conocer el texto. Pero lo cierto es que la reacción en contra ha solidificado justo después de hacerse públicos los acuerdos alcanzados con Junts y con ERC.

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El Gobierno jugaba con una ventaja fundamental a la hora de explicar la amnistía en Bruselas a los socios europeos y las instituciones comunitarias: en general, los no españoles tienen una imagen positiva y algo indiferente hacia la idea. A muchos les parece algo bueno si ayuda a que desaparezca un problema del que vienen escuchando hablar desde 2017. Cuando el lunes pasado el Financial Times publicó un editorial en el que aseguraba que la amnistía era un “riesgo que merece la pena correr”, muchos en España se llevaron las manos a la cabeza, pero la verdad es que reflejaba bastante bien lo que se pensaba en Bruselas y en otras capitales europeas.

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este martes con más de una treintena de corresponsales extranjeros para explicarles de primera mano la "preocupación" del Partido Popular con la Ley de Amnistía y los pactos que ha suscrito el PSOE con los independentistas para asegurar la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, según han indicado fuentes 'populares'.

Desde que Feijóo llegó a la Presidencia del PP en abril de 2022 ha mantenido varios encuentros con periodistas de otros países para intercambiar impresiones sobre la situación política, pero en este caso el líder del PP quiere hablar con ellos personalmente sobre cuál es el contexto político, una vez que se ha registrado la norma en el Congreso y en dos días se celebra el debate de investidura en el Pleno de la Cámara Baja.

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"Vamos a internacionalizar la respuesta a lo que está pasando", han asegurado fuentes próximas a Feijóo, que han recordado además que este lunes el Partido Popular Europeo (PPE) ha pedido que se incluya en la agenda del pleno del Parlamento Europeo de la semana próxima un debate sobre el riesgo para el Estado de derecho en España como consecuencia de la ley de amnistía pactada por el PSOE con Junts y ERC.