ERC enmendará la ley para atornillar la amnistía a los implicados en Tsunami y los CDR

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La ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña será enmendada por ERC en una tramitación que acabará "lo antes posible", según avanzó este lunes Félix Bolaños, dirigente socialista y ministro de Presidencia en funciones. Ese marco temporal será de cuatro o cinco meses, según fuentes parlamentarias, contando con el retraso que pueda llegar desde el Senado después de la reforma del reglamento de la Cámara Alta impulsada por el PP y que se aprueba este martes. La necesidad de los republicanos de modificar el texto registrado este lunes en el Congreso responde a matices "técnicos" relacionados con las causas sobre Tsunami Democràtic y los CDR (comités de defensa de la república).

Estas dudas plateadas por ERC y excusadas por el escaso tiempo que han tenido para analizar el texto son las responsables de un cambio de planes de última hora y que provocó que los socialistas firmasen en solitario la norma. Bolaños garantizó que esa firma única no supondrá un obstáculo y que el apoyo de los socios de investidura de Pedro Sánchez —salvo Coalición Canaria— está garantizado. La norma se aprobará, salvo sorpresa, con 178 escaños. Son los que tienen PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el BNG.

No se prevé que este contratiempo provoque una ralentización en la tramitación de la norma que aplace su aprobación. Tampoco está claro si el resto de grupos implicados enmendará el texto, ya que solo ERC ha puesto reparos a la norma, incluida en su acuerdo con el PSOE, pero también en el firmado por los socialistas y Junts.

La portavoz de los republicanos, Raquel Sans, admitió el lunes que habían recibido el texto a las dos y media de la madrugada y que a mediodía todavía seguían revisando el documento. "Se están acabando de cerrar los flecos jurídicos", detalló la dirigente de ERC. Fue ella misma quien dejó claro la pasada semana que la línea roja de ERC era la inclusión de delitos de corrupción, como los que afectan a varios colaboradores de Carles Puigdemont. Bolaños, en su comparecencia, explicó que esa decisión está en manos de los jueces que la apliquen, aunque el Gobierno ya tiene una cifra de beneficiarios: 309 personas y 73 policías implicados en los actos relacionados "directa o indirectamente" con el procés.

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Bolaños fue el responsable de defender la idoneidad del texto tras su registro. "Es un motivo de orgullo", dijo el dirigente socialista sobre el impulso a una ley que busca "superar heridas y cerrar el conflicto". El ministro de Presidencia hizo un recorrido por la exposición de motivos de la norma, consagrada a defender la constitucionalidad de la norma y su oportunidad.

Bolaños también defendió el encaje de la amnistía en el ecosistema judicial europeo y cifró en 40 las normas de esta naturaleza aprobadas en Europa después de la II Guerra Mundial. Y esto ocurrió en países que cuentan con la amnistía en su Constitución y los que no la contemplan de forma explícita, como es el caso español. El dirigente socialista aseguró que el tribunal de garantías ya se pronunció a favor de la amnistía, precisamente respecto a la ley de 1977, en una sentencia de los años ochenta. "Es impecable desde el punto de vista constitucional", insistió Bolaños para cristalizar una obsesión del PSOE: evitar que la ley caiga por el camino en el asedio judicial que se espera y que pueda ser aplicada por los jueces.

Dentro de la cifra dada por el PSOE —309 personas y 73 policías—, hay ciudadanos "que no tuvieron protagonismo público, pero estuvieron vinculados con el proceso", dijo Bolaños antes de citar a "directores de colegio, funcionarios y bomberos". El texto incluye los actos que derivaron en responsabilidades penales, administrativas y contables relacionados de forma "directa o indirecta" con el procés entre el 1 de enero de 2012 y este lunes, 13 de noviembre de 2023.

"El objetivo de la ley es el mismo de la Constitución cuando dice que busca garantizar la convivencia democrática", defendió el ministro de la Presidencia en funciones, que reconoció que "comprende la preocupación" de las personas contrarias a la amnistía, muchas de las cuales se han manifestado este fin de semana en las protestas convocadas por el PP. Al mismo tiempo, Bolaños se mostró convencido de que estas personas "se habrán tranquilizado" al conocer el texto. "Les pido que miren al futuro con optimismo, esta norma se ha hecho para hacer una España mejor", zanjó.

Un cambio de planes

"Se habrán cansado de esperar", apuntan fuentes de EH Bildu, mientras que desde el PNV aseguran que dan su visto bueno al texto y que la ausencia de su firma responde a que "no lo han requerido las partes negociadoras". A mediodía, la propia Yolanda Díaz dio por hecho que la portavoz de Sumar, Marta Lois, firmaría "en unos minutos" la norma, algo que no ocurrió. A la misma hora que se estaba efectuando el registro, una fuente de Sumar restaba importancia a la firma conjunta, a pesar de que la coalición de izquierdas también desapareció del documento.

La coalición explicó después que prefirió no firmar el texto tras conocer que no habría una firma conjunta, pero la coalición considera que se trata de una "formalidad". Un detalle que frustró la foto de familia y la firma mancomunada pensada para intentar que la responsabilidad del perdón general a los implicados en el procés la compartieran todos los partidos que apoyarán a Sánchez en el debate de los días 15 y 16 de noviembre.