Ocupación masiva de los colegios electorales catalanes ante la inacción de los Mossos

Los promotores de la consulta independentista cumplieron este viernes su amenaza y comenzaron a ocupar colegios e institutos para asegurarse de que el domingo podrán colocar las urnas del referéndum. Alentados por la iniciativa Escoles Obertes (Escuelas Abiertas) de la plataforma Òmnium Cultural, alumnos, padres y profesores iniciaron en torno a las 17 horas una acampada colectiva por toda la geografía catalana que, si nada lo impide, se prolongará hasta el domingo por la noche. La consigna de los líderes secesionistas es que nadie, niños incluidos, abandone los recintos electorales hasta que haya terminado el recuento de los votos.

Los Mossos d'Esquadra reaccionaron a la iniciativa con tibieza, a pesar de la orden del Tribunal Superior de Justicia Cataluña (TSJC) que les obliga a precintar los 2.315 edificios públicos elegidos por la Generalitat para ubicar las 6.249 mesas electorales. En cumplimiento de esa instrucción, el 'major' de la policía autonómica, Josep Lluís Trapero, ordenó este viernes a sus agentes que requisen las urnas electorales y que desalojen los centros de votación antes de las seis de la mañana del domingo. Sin embargo, en la práctica, durante las primeras intervenciones los efectivos de la policía catalana se están limitando a levantar actas de las ocupaciones, identificar a los ciudadanos que hay dentro y comunicarles que están obligados a abandonarlos.

Solo en algunos casos, los Mossos procedieron este viernes a clausurar colegios e institutos, pero los precintos fueron violentados y los recintos fueron de nuevo ocupados sin que hubiera reacción policial. Para pasar el fin de semana, las asociaciones de padres de los centros educativos han programado fiestas de pijamas, talleres astronómicos, torneos deportivos, cursos de realización de pancartas, 'castellets', verbenas y ciclos de cine. También han recibido la instrucción de estar atentos a los informaciones oficiales de los colectivos independentistas y de que hagan todo lo posible para impedir que los colegios seleccionados por la Generalitat sean sustituidos por otros espacios.

Para pasar el fin de semana, las asociaciones de padres de los centros educativos han programado fiestas de pijamas, talleres astronómicos…

Las Fuerzas de Seguridad del Estado permanecen a la expectativa. El dispositivo que coordina el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos prevé precisamente que sean los Mossos d'Esquadra quienes se encarguen de sellar y custodiar los colegios electorales para frenar el desafío de la Generalitat. Si necesitan apoyo, pueden solicitarlo a las respectivas policías municipales. Solo en el caso de que la capacidad de estas plantillas fuera insuficiente para dar cumplimiento al mandato del TSJC, comenzarían a actuar los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplazados a Cataluña desde todos los puntos de España. Más de 10.000 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado se encuentran ya a la espera de órdenes.

Interior también contempla activar a esos efectivos si detecta que los Mossos se pliegan a las presiones de sus dirigentes políticos y, en realidad, se limitan a salvar el expediente sin desalojar los puntos electorales. La decisión definitiva sobre el grado de implicación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el operativo contra la instalación de urnas se tomará este sábado en función de cómo evolucionen los acontecimientos, aseguran a El Confidencial fuentes del despliegue.

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Por lo pronto, se ha reforzado la vigilancia de los edificios oficiales del Estado en Cataluña, como las delegaciones del Gobierno, el Banco de España, las oficinas de la Agencia Tributaria, las comisarías de la Policía Nacional y los cuarteles de la Guardia Civil y el Ejército. Además, las unidades de información están a plena actividad.

En paralelo, continúan las investigaciones contra los preparativos de la consulta. Tras interceptar las papeletas y los sobres electorales, la prioridad ahora es localizar las urnas antes de que sean distribuidas por los puntos de votación. La Generalitat presentó este viernes el modelo de envase que ha elegido para depositar los votos este domingo, una caja de plástico fabricada en China por la empresa Smart Dragon Ballot Expert y que está a la venta en internet por 4 euros. Se trata de un modelo de urna empleado recientemente en elecciones de Uganda, Chad, Níger, Nigeria, Papúa Nueva Guinea y Lituania.

¿Por qué se desconfía de los Mossos?

El miércoles 20 de septiembre, cuando la Guardia Civil inició el registro de la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat por orden judicial, el Ministerio del Interior pidió ayuda a los Mossos d’Esquadra para salvaguardar la integridad de los agentes y de los vehículos que habían llevado hasta la Rambla de Catalunya. Durante las horas siguientes, los militantes de partidos independentistas y de entidades soberanistas comenzaron a concentrarse ante la sede de la dependencia oficial del Gobierno autonómico. El resultado fue catastrófico: los agentes de la Guardia Civil no pudieron salir –y con muchas dificultades– hasta la madrugada, hasta el punto de que se barajó su evacuación en helicóptero a través de la azotea del edificio. Y los coches de la Guardia Civil quedaron destruidos completamente. Ayer mismo, el cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, decía en el mitin final de la campaña por el referéndum que “aquí no ha habido violencia”.

El ‘major’ de los Mossos, Josep Lluís Trapero, envió a 40 agentes de paisano… a las ocho de la tarde, cuando ya había miles de personas ante Economía. Desde allí, el responsable del refuerzo comunicó a sus superiores que era imposible cumplir la orden debido a la aglomeración de gente, por lo que los agentes desplazados recibieron la orden de retornar a sus bases.

La situación vivida da una idea de cómo se interpretan a conveniencia las instrucciones recibidas desde los órganos judiciales. “No se niega nunca la obediencia de una orden. Pero otra cosa es cómo se cumple, los impedimentos que se ponen para que su efectividad sea menor o, incluso, nula”, reconocen a El Confidencial fuentes de los propios Mossos.

El poder de la ANC sobre el Cuerpo

En esa misma jornada, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, requirió a un mando de la Brigada Móvil (Brimo) que retirase los efectivos desplazados hasta el lugar. “Usted no es quién para darme órdenes, solo acato las órdenes que me llegan por conducto oficial”. “No te preocupes. Enseguida te darán la orden por el 111”, fue la respuesta. El 111 es el canal interno de los Mossos por el que la cúpula da las órdenes pertinentes a los mandos. Testigos presenciales explican a El Confidencial que el dirigente independentista habló entonces por teléfono un momento, supuestamente con la Consejería de Interior. Apenas un minuto más tarde, el mando de la Brimo recibía una llamada del mismísimo Trapero para que retirase los efectivos.

No son los únicos casos de interpretación ‘singular’ de las instrucciones. En uno de los últimos episodios de tensión en Reus, cuando agentes de la Policía Nacional requirieron la identificación a dos jóvenes que estaban empapelando las oficinas del DNI, una patrulla de los Mossos se encontraba en las inmediaciones. Fueron requeridos para que defendiesen a los agentes del CNP (que fueron increpados por un grupo de independentistas durante su trayecto hasta la comisaría). Los agentes autonómicos, sin embargo, eludieron hacer nada.

Minutos más tarde, un sargento de la Policía Autonómica se presentó en la comisaría del CNP para acusar a los policías nacionales de provocadores. El comisario lo cogió de un brazo y lo echó fuera de las dependencias diciéndole que nadie le iba a insultar a su casa.

El primer episodio del desencuentro

El intento de evitar defender a los miembros de Policía Nacional y Guardia Civil no es nuevo. Cuando los primeros efectivos de la Benemérita llegaron a Cataluña y se pusieron a vigilar la empresa Indugraf en Constantí (Tarragona), algunos grupos de independentistas comenzaron a desplazarse al polígono industrial para acosar a los agentes de la Guardia Civil, presionarles y proferirles insultos. Ninguna patrulla de los Mossos se acercó por el lugar. Algunas fuentes del Cuerpo apuntan a que había orden de no aparecer para no tener que interponerse entre los manifestantes y los agentes de la Guardia Civil y parecer así que defendiesen a las “fuerzas de ocupación”. Cuando las cosas podían pasar a mayores, una furgoneta con material antidisturbios fue escondida discretamente a tres manzanas, preparada para intervenir, por si los independentistas agredían a los agentes que realizaron el registro de la imprenta.

En las últimas horas, tanto el consejero de Interior, Joaquim Forn, como el director general de los Mossos, Pere Soler, advirtieron que, a pesar de las instrucciones claras del Fiscal Superior de Cataluña y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), sus órdenes solo se obedecerán si no hay peligro de provocar desórdenes públicos. ¿Y quién decide si hay ese peligro? Evidentemente, el mando de los Mossos, que se arroga la potestad de decidir si ejecuta o no las órdenes judiciales.

También la Policía local

Esa interpretación no es exclusiva de los Mossos. En una reunión de los jefes de las policías locales de los Ayuntamientos de Girona, se decidió que las guardias urbanas se mantendrían al margen de las instrucciones de la Fiscalía. En la asamblea, que tuvo lugar los días 19 y 20 de septiembre, tuvo un protagonismo destacado la instrucción 2/2017 de la Fiscalía. Pero ahí se puso encima de la mesa el problema de que las plantillas de los Ayuntamientos no están precisamente sobredimensionadas, por lo que cualquier incidencia obligaría a las patrullas de los urbanos a desatender la clausura de colegios electorales, por ejemplo. La conclusión es sencilla: ante cualquier eventualidad, los agentes locales han de priorizar la ayuda a los ciudadanos antes que el requisamiento de urnas, papeletas o cierre de colegios.