Los socios del PSOE se revuelven por la inclusión de delitos de corrupción en la amnistía

Nuevo obstáculo en el accidentado camino hacia la ley de amnistía, de la que apenas se conocen detalles. Mientras el PSOE y Junts se afanan en atar los flecos sueltos que llevan sobre la mesa desde hace ya cuatro días, el resto de socios potenciales de la investidura de Pedro Sánchez pone reparos a la posibilidad de que el texto que llegue al Congreso —si llega— incluya delitos relacionados con la corrupción. No es casualidad, ya que el principal escollo de la negociación entre socialistas y neoconvergentes está, según distintas fuentes, en el alcance de esta medida de gracia y los posibles beneficiarios.

ERC es quien se ha pronunciado de forma más explícita contra esta posibilidad. Ha sido su portavoz, Raquel Sans, quien dijo el lunes que los republicanos quieren "revisar" el texto que pacten PSOE y Junts para comprobar que no hay perdón para los delitos de corrupción. Se ha pronunciado así tras ser cuestionada por la situación de Laura Borràs, presidenta del partido de Carles Puigdemont, condenada por prevaricación. Los posconvergenes, en su negociación con los socialistas, abogan por ampliar la amnistía a las víctimas de lo que consideran lawfare, es decir, una estrategia judicial contra el independentismo. Ahí circunscriben el caso de Borràs, pero también del abogado del expresident, Gonzalo Boye, e incluso de la familia Pujol.

"Seguramente haya [hacia Borràs] un trato injusto por el hecho de ser una persona independentista", admitió Sans antes de descartar la posibilidad de englobar bajo la ley de amnistía delitos de corrupción. Y los republicanos no son los únicos que defienden esta posición. El portavoz de los comunes en el Parlament, Joan Mena, descartó que la norma afecte a "casos concretos", pero fue su líder en el Congreso de los Diputados, Aina Vidal, quien calificó de "línea roja" la posibilidad de que la ley incluya este tipo de delitos. Vidal es portavoz adjunta de Sumar, la formación de Yolanda Díaz, que está, como el resto de aliados de Sánchez, a favor de la amnistía.

Junto a ERC y Sumar se posicionan también EH Bildu y el BNG, mientras que el PNV mantiene el mutismo que caracteriza a los jeltzales en este tipo de negociaciones. "No estamos haciendo declaraciones en los últimos días, y así vamos a seguir hasta que cerremos un acuerdo, si es que lo cerramos", apuntan fuentes del partido que encabeza Andoni Ortuzar a esta redacción. Sí son más tajantes en la coalición abertzale que dirige Arnaldo Otegi, aunque admiten que no tienen constancia de que "esa opción esté encima de la mesa". "En el caso de que se diera, no lo compartimos", explican desde EH Bildu.

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Ignacio S. Calleja

Los nacionalistas gallegos, que este lunes rubricaron el acuerdo que blinda su apoyo a Sánchez en la investidura, coinciden con el resto de fuerzas y no están por la labor de firmar un escrito que incluya el perdón a delitos de prevaricación o blanqueo de capitales. El objetivo que se marcó ERC, que sí ha pactado un texto ya con el PSOE, es evitar un "coladero" en la futura ley de amnistía. El objetivo es alcanzar un punto de equilibrio entre esa vía libre y un texto tan restrictivo que no pueda aplicarse cuando llegue a la mesa de los jueces.

El registro conjunto

El papel de los socios no es baladí, ya que el PSOE pretendía que todos los partidos con los que está negociando, con la salvedad de Coalición Canaria, firmen el registro de la ley de amnistía. El propio Pedro Sánchez habló en el comité federal del 28 de octubre de los 56 diputados que están a favor de la medida de gracia. Son precisamente los que suman ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Sumar. Y fue en la reunión del organismo donde el secretario general socialista añadió a los 121 escaños que tiene su partido entre los apoyos de la amnistía. La apuesta por una firma conjunta es precisamente una forma de limitar la erosión que genera en el PSOE su posicionamiento a favor de la ley que debe desjudicializar el procés.

A pesar del mutismo que impera en el PSOE, se entiende que el motivo del bloqueo de las conversaciones está precisamente en la voluntad de Junts de incluir en la amnistía estos casos que están relacionados con la corrupción. El ambiente está enrarecido por las manifestaciones en la sede de Ferraz contra la norma y la imputación de Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic.

La fecha de investidura

Esta situación, unida al retraso que acumulan las negociaciones con Junts, ha provocado que el resto de socios no haya tenido acceso todavía al texto de la ley, según indican distintas fuentes. Eso dificulta ese registro conjunto, aunque el registro telemático del Congreso permite que el trámite se lleve a cabo en cualquier momento. No obstante, la lentitud de las conversaciones dificulta cada vez más que el PSOE cumpla con el calendario que se estableció la pasada semana, que contemplaba el debate de investidura para los días 8 y 9 de noviembre.

Todavía no se descarta la fecha, que depende de Francina Armengol, en coordinación con el propio Pedro Sánchez. Son necesarias 48 horas para convocar un pleno, aunque hay precedentes —Ana Pastor lo hizo en 2016— que permitirían hacerlo en 24 horas. La imagen del líder socialista como presidente de pleno derecho en el congreso que los socialistas europeos celebran en Málaga los días 10 y 11 se aleja, aunque todavía es posible.