La ley de amnistía perdona la reclamación de cinco millones a los líderes del 'procés'

La ley de amnistía beneficiará a los 35 ex altos cargos catalanes que se enfrentan a una condena de hasta cinco millones de euros por el presunto desvío de fondos del referéndum del 1-O y la acción exterior. Entre ellos, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Artur Mas. El Tribunal de Cuentas tiene previsto arrancar el juicio contra ellos este mismo viernes, pero la presentación de la proposición de ley abre la puerta a que las partes pidan ahora el aplazamiento de las actuaciones.

"La amnistía se aplicará por el Tribunal de Cuentas en cualquier fase del proceso", sostiene el artículo 13.1 de la ley de amnistía. "Se dictarán las correspondientes resoluciones declarando el archivo de las actuaciones, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las entidades del sector público perjudicadas por el menoscabo de los caudales o efectos públicos relacionados con los hechos amnistiados, cuando estas no se hayan opuesto".En este caso concreto, la única entidad pública que se vio perjudicada por el presunto desvío de fondos es la propia Generalitat.

Hasta cinco millones de condena

La Fiscalía reclama 3,1 millones por el 1-O y la acción exterior, pero Sociedad Civil Catalana (SCC) eleva el importe de la factura a algo más de cinco. El Tribunal de Cuentas en ningún caso puede condenar por un importe superior al que solicitan las acusaciones, por lo que el máximo posible queda fijado por la demanda de SCC.

Tras su correspondiente tramitación parlamentaria y una vez publicada en el Boletín Oficial del Supremo (BOE), el Tribunal de Cuentas podrá aplicar la amnistía de forma inmediata o elevar la misma al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre su legalidad. Sin embargo, esta sería la primera vez que el Tribunal de Cuentas presenta una cuestión de inconstitucionalidad y existe cierto debate sobre si puede o no hacerlo al tratarse de un órgano que no forma parte del Poder Judicial.

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La condena del 9-N se mantiene

La proposición de ley establece que la amnistía se extenderá a todos los actos "vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum de 1 de octubre de 2017". Sin embargo, uno de sus artículos en principio cierra la puerta a anular la condena de 4,9 millones que el Tribunal de Cuentas impuso a Artur Mas por el 9-N al dejar fuera de la amnistía aquellas responsabilidades que ya "hubieran sido declaradas en virtud de sentencia o resolución administrativa firme y ejecutada".

El propio preámbulo de la ley también subraya que "la amnistía no dará derecho a percibir indemnización alguna, ni dará lugar a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa o sanción, ni exonerará la responsabilidad civil frente a particulares". Esta advertencia dejaría fuera de la amnistía la condena de Mas por el 9-N, así como la de sus exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau.

"Esta ley orgánica es un paso más en un camino difícil, pero a la vez valiente y reconciliador, una demostración de respeto a la ciudadanía y de que la aplicación de la legalidad es necesaria, pero, en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo", defienden el PSOE y sus socios a la hora de justificar esta amnistía.